Más de 6.000 personas han cruzado la verja que separa a Ceuta de Marruecos en las últimas veinticuatro horas. Se trata de la mayor entrada fronteriza en la historia de España, muy superior ya a la registrada el pasado otoño en Canarias y por encima de las últimas grandes crisis migratorias de los últimos veinte años. España, de nuevo, observa su frontera sur y se topa con un problema de imposible resolución. Uno para el que siempre parece en inferioridad de condiciones.
¿Por qué? Porque, al igual que Europa, ha decidido externalizar su política migratoria.
Los hechos. Se precipitaron en la madrugada del lunes, cuando Marruecos levantó el dispositivo de vigilancia que contiene la llegada de migrantes a la frontera española. Desde entonces Ceuta vive una situación límite (cuenta con poco más de 80.000 habitantes y no dispone de los medios suficientes para atender a las miles de entradas que se han producido) que ha obligado a la movilización de las Fuerzas Armadas, algo inédito desde 2005. 1.500 de las 6.000 personas identificadas son menores de edad.
En paralelo, Salvamento Marítimo ha rescatado a 127 personas mientras cruzaban el Estrecho de Gibraltar.
La escala. ¿Cómo de grave son los hechos? En noviembre, cuando centenares de cayucos llegaron de la noche a la mañana al puerto de Arguineguín, en Canarias, las autoridades españolas identificaron a 2.300 migrantes. Por aquel entonces la crisis ya era extraordinaria. Lo sucedido en Ceuta triplica la cifra. Ni en 2018, con más de 60.000 entradas irregulares, el récord en la historia de España; ni en 2006, cuando la crisis de los cayucos llevó a las costas canarias a más de 30.000 personas, se alcanzaron números tan elevados en un sólo día.
En Marruecos el referente más cercano data de 2014, cuando a lo largo de dos días unas 1.300 personas fueron interceptadas por la policía española en tránsito hacia la península a bordo de pateras.
¿Por qué? Aquel episodio ofrece pistas para entender la nueva crisis de Ceuta. También entonces se produjo una dejación de funciones por parte de las autoridades marroquíes, quienes interrumpieron su colaboración con sus pares españoles y permitieron que centenares de pateras partieran de sus costas. El Ministerio de Interior marroquí habló de "disfunciones" a corregir, mientras que las fuentes policiales españolas admitieron sin tapujos que "algo había pasado" para que Rabat se comportara de aquel modo. La crisis se resolvió en 48 horas.
Lo que pudo haber sucedido es un desafortunado incidente diplomático. Cinco días antes de la crisis, una patrulla de la Guardia Civil interceptó a una embarcación marroquí frente a las costas españolas. En ella viajaba el rey Mohamed VI, obligado a identificarse y muy indignado por lo sucedido. Años después supimos que se puso en contacto con Felipe VI para expresar su enfado, uno traducido en dos días de dejadez consciente por parte de las autoridades fronterizas de Marruecos. Una represalia.
Rehenes. La anécdota ilustra la dinámica existente entre Marruecos y España en materia migratoria. Cuando Marruecos quiere algo, abre la mano de su vigilancia fronteriza. La inmigración se convierte así en una herramienta para avanzar sus intereses políticos. Lo sucedido este lunes no es una excepción: las 6.000 personas apostadas ya en Ceuta obedecen al resentimiento del gobierno marroquí por el apoyo velado de España a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y hospitalizado desde hace unas semanas en Logroño.
El Sáhara. La cuestión del Sáhara Occidental se reabrió en diciembre cuando la administración saliente de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio, técnicamente en proceso de descolonización y sobre el que España, como antigua metrópoli, tiene una responsabilidad formal. Marruecos, a cambio, reconoció al estado de Israel. El asunto causó incomodidad en Europa. Alemania, por ejemplo, solicitó deliberar la disputa en el seno de Naciones Unidas, lo que provocó que Marruecos retirara a su embajador en Berlín en señal de airada protesta.
España no tiene simpatías por la causa marroquí en el Sáhara, al ser parte implicada. La diferencia aquí es su relativa posición de vulnerabilidad. Alemania no tiene frontera con Marruecos. España sí. Una frontera que sirve ahora como enésima medida de presión y chantaje para avanzar los intereses políticos de Rabat.
El procedimiento. Esta crónica compuesta con fragmentos de Efe sobre el terreno es ilustrativa de cómo funcionan las cosas al otro lado de la frontera: cuando Marruecos relajó el dispositivo de vigilancia durante la madrugada del lunes, la voz se corrió entre los jóvenes marroquíes y otros migrantes subsaharianos de paso por el norte del país. La carretera hasta la frontera llevaba más de un año cerrada. Cuando corrieron los rumores sobre su apertura comenzaron a llegar marroquíes desde localidades cada vez más distantes de Ceuta (como Tánger, Larache o Chaouen).
En este otro reportaje de El Confidencial se detalla cómo medios de comunicación afines a los servicios policiales marroquíes (como Rue-20) anunciaron con antelación la "ruptura de la cooperación policial" con España, mensaje amplificado por televisiones como Chouf TV cuando emitieron las largas colas a la espera de cruzar la frontera y poner pie en Ceuta. Unos "1.500 subsaharianos", se explicaba, "formaban caravanas humanas a lo largo de la autopista que une Rabat con Tánger".
La política. En el fondo de todo este proceso se encuentra una política consciente adoptada tanto por España como por la Unión Europea desde hace dos décadas: la "externalización" del control migratorio. Como explica este estudio, la externalización pone el énfasis en el "control remoto" de la inmigración, movilizando activamente a los países emisores. España adopta un giro consciente hacia la externalización a partir de 2004, una estrategia que buscaba desplazar la frontera lejos del territorio nacional, al otro lado del estrecho, y que pasaba obligatoriamente por llegar a acuerdos de colaboración con Marruecos y otros estados.
La frontera española de #Ceuta es una frontera europea. Plena solidaridad con España. Necesitamos ya el Pacto de política migratoria europea: acuerdos con países terceros; una robusta protección de nuestras fronteras; solidaridad entre los EEMM, y una política de migración legal.
— Margaritis Schinas (@MargSchinas) May 18, 2021
El proceso. Desde entonces, el gobierno español ha firmado pactos de distinta índole con Marruecos, Mauritania y Senegal, entre otros. La idea es simple: son ellos quienes se ocupan del trabajo sucio, de paralizar el flujo de migrantes y repatriarlos, a cambio de ayudas económicas o inversiones ventajosas. Las herramientas para desincentivar la migración son secundarias, y a menudo vulneran los derechos de las personas migrantes, lo que ha llevado a oenegés como Médicos sin Fronteras a denunciar a gobiernos como el marroquí y a abandonar el país.
Esto explicaba uno de sus portavoces en 2016:
Cuando un país, y la UE en su conjunto, decide externalizar su frontera básicamente lo que hace es pedir a otro país de la frontera sur que le haga de policía para que esa gente, sea cual sea el motivo por el que intenta llegar a Europa, no llegue. Y la hipocresía de esa política es que se hace a sabiendas de que el Gobierno con el que llegas a un acuerdo tiene unos estándares de respeto al derecho de asilo y a los derechos humanos que dejan mucho que desear, y se hacen esos acuerdos a cualquier precio, porque en definitiva tú quieres que te resuelvan un problema, y se aplica esa visión tan hipócrita de "ojos que no ven, corazón que no siente".
El problema. El ejemplo más nítido de todo esto sería el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía en 2016 para poner fin a la crisis de refugiados. ¿Qué sucede? Que quienes pierden son los migrantes y solicitantes de asilo, a menudo privados de sus derechos; y que los países gestores obtienen una palanca negociadora con Europa. Cuando sus socios al norte del Mediterráneo ceden a sus pretensiones (dinero, generalmente: en diciembre recibió €170 millones directos de la UE; pero también compras de material, como vehículos todoterrenos) la frontera está controlada. En 2020, sin tensiones a la vista, sólo 770 migrantes llegaron a Ceuta.
Ahora bien, cuando las relaciones entre Europa y sus socios se agrian, las compuertas se abren. Es lo que ha sucedido esta semana. El precio a pagar por el "alejamiento" de la frontera y la política de mirar hacia otro lado mientras Marruecos y otros países gestionan un problema conjunto. Uno que ha colocado a España en una posición vulnerable y que permite al gobierno marroquí presionar cuando más le interesa.
Imagen: Javier Fergo/AP
