En 2004, sólo el 8% de la energía producida en España procedía de fuentes renovables. En 2020, década y media después, el porcentaje se había elevado al 44%. Tan rápida transición sólo ha sido posible gracias a una transformación radical del sistema energético, uno en el que la eólica, con un 20% del total producido el año pasado, tiene un papel preponderante. Pese al gran potencial de la fotovoltaica, es la eólica quien ha capitalizado el salto hacia las fuentes renovables.
Un salto con un impacto visible sobre el medio físico.
La reacción. Pasar del 8% al 44% obliga implica ciertas externalidades negativas. Más asumibles que las planteadas por la quema de combustibles fósiles, pero negativas al fin y al cabo. Lo saben bien en las zonas rurales donde se están instalando los enormes parques eólicos necesarios para abastecer al país de electricidad. Durante los últimos años han surgido reticencias a su instalación, promovidas en parte por vecinos, grupos locales y asociaciones, como Plataforma por los Paisajes.
El ruido. El listado de reticencias es largo. Teruel es un buen ejemplo: en La Fresneda, en la comarca del Matarranya, varios concejales han abandonado su grupo parlamentario por apoyar más aerogeneradores; en el Maestrazgo, donde hay planteados 22 parques con 181 aerogeneradores repartidos en ocho municipios distintos, las presiones vecinales son intensas pese a la defensa firme de los ayuntamientos; en el Bajo Aragón, donde Enel quiere instalar otros 105MW, también hay protestas.
En todas partes. Es transversal a otras zonas rurales del país. En Extremadura, la Plataforma Zona Villuercas Oeste ha presentado miles de alegaciones a tres parques de Iberdrola; en Ausejo-Ocón, La Rioja, también ha habido quejas; en León las dudas han llegado desde la academia; en la Costa Brava un parque marino ha generado resistencias; y en las Terres de l'Ebre, Chiva o Igualada ha habido movilizaciones.
¿Por qué? Ofrecen una respuesta desde la Asociación de Turismo Rural de Las Merindades, contrarias a la instalación de un parque eólico en el norte de la provincia de Burgos. "Los aerogeneradores no generan otras industrias. Las facturas eléctricas que aquí se abonan no disminuyen en su importe, los empleos que se generan son anecdóticos", explican en este artículo. A cambio, argumentan, degradan paisajes que, en algunas comarcas, suponen un valor económico insustituible:
(...) abrir pistas, caminos para acceder a las cumbres, roturar los montes, instalar medidores, construir subestaciones, instalar cientos de kilómetros de redes de evacuación, cementar apoyos para aerogeneradores de 200 metros de altura no es valorar el recurso natural de alto valor que posee Las Merindades, es menospreciar y destrozar el medio natural.
El caso gallego. Galicia tampoco es ajena. En este mapa se puede observar el volumen de parques aprobados o proyectados. De nuevo, hay resistencias. En la ría de Pontevedra varios concellos se han unido en su rechazo a un parque sobre el Castrove; en Curtis y Sobrado fue la propia Xunta quien tumbó el proyecto aprobado por el gobierno central; en la Costa da Morte varios pueblos han salido a la calle por un parque que afectaría a Penedos de Pasarela y Traba, espacios protegidos y vulnerables.
El clima quedó condensado el pasado junio en Santiago, donde 130 colectivos, acompañados de centenares de personas, organizaron una marcha. Galicia, defendían, no es una "macrogranja de viento".
Esta es la barbaridad que nos aguarda en Galicia. La expropiación de hecho o de facto del monte mancomunado, para aprovechamientos eólicos en manos de empresas de todo tipo y color. Una pérdida irreparable del paisaje y una hipoteca insalvable para las nuevas generaciones. pic.twitter.com/Y7amyd5bgB
— Rogelio Carballo (@rogeliocarballo) July 29, 2021
El fondo. Hace dos años, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) abrió la puerta al desarrollo de grandes complejos renovables. El objetivo era simple: pasar de los 38GW producidos por la eólica hoy a los 89GW de 2030. Las expectativas se han superado con mucho. REE ha concedido permisos ya por valor de 150GW. Sólo en Cataluña se han presentado 269 estaciones fotovoltaicas y 127 parques eólicos que ocuparían unas 10.000 hectáreas. Aragón tiene en marcha ahora mismo 34 macrogranjas cuya finalización está prevista para este año.
Son dos ejemplos de muchos. España entera afronta una fiebre sin precedentes. Una que come mucho territorio.
Agujeros. Este otro mapa de El País es ilustrativo. La cornisa cantábrica es uno de las zonas del país más favorables a la eólica, pero al mismo tiempo una de las más protegidas por la vulnerabilidad de su suelo o de sus entornos naturales. Muchos parques se están instalando al lado de zonas protegidas (como el Parque Natural del Somiedo) o lindando con su propia frontera (como en la Sierra del Escudo). Es algo que también sucede en Euskadi. Las macrogranjas o bien ocupan zonas protegidas o bien aprovechan los agujeros que dejan para colarse entre ellos.
A favor. Un problema que irá a más conforme la eólica crezca. Desde un punto de vista técnico, sólo el 50% del territorio español es "apto" para desarrollar parques de aerogeneradores. Una escasez que ha llevado al conflicto con los vecinos... Pero no con todos. El ejemplo más evidente es Mosqueruela, un pequeño pueblo de Gúdar-Javalambre, Teruel. En abril un grupo de vecinos se manifestaba en favor de un nuevo parque eólico, en peligro por las resistencias de otros grupos locales:
Defendemos la implantación de parques eólicos en Mosqueruela porque vemos cómo nuestro pueblo, poco a poco, cae. Vemos en este proyecto, no solo el apoyo a las renovables, sino también una apuesta por el porvenir de las generaciones más jóvenes y el bienestar de los más mayores. Nuestro temor es que la empresa retire el proyecto en su totalidad por falta de rentabilidad, pues nos quedaríamos rodeados de los molinos que sí se van a poner en los pueblos vecinos y sin los ingresos que reportarían los aerogenadores si se instalaran en Mosqueruela.
Es una línea de defensa habitual entre los partidarios a los parques: la venta de terrenos llenan las arcas municipales; los impuestos sostienen el flujo fiscal; y los proyectos fijan población mediante puestos de trabajo. Bases que permitirían desarrollar servicios y, quién sabe, las oportunidades suficientes como para que comarcas rurales dejen de perder población a espuertas. ¿Los molinos de viento y el degradado paisajístico? Un precio a pagar asumible a cambio de una última opción de desarrollo.
