Los vientres de alquiler vuelven a la palestra una vez más. Hace unas horas, se hacía pública la noticia de que la actriz y presentadora española de 68 años, Ana Obregón, ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Florida. En muchos países, esta práctica es legal y está regulada, pero en otros como España no lo es. Por eso, han surgido muchas preguntas sobre los aspectos legales de este caso en particular, como si Obregón podrá registrar a su recién nacida en nuestro país al volver. Te lo explicamos.
La noticia. La exclusiva la daba la revista Hola!, en la que se mencionaba que la actriz, que perdió a su hijo de 27 años en 2020 por cáncer, ha sido madre por segunda vez. Al parecer, ha llevado en total secreto los trámites de una gestación subrogada en Florida, EEUU, donde se quedará unos días antes de regresar a España con su bebé.
¿Qué es la gestación subrogada? Conocida coloquialmente como "vientre de alquiler", es una práctica en la que una mujer lleva el proceso completo de embarazo y da a luz a un bebé para otra persona, renunciando a sus derechos legales cuando éste nace. Puede ser parcial o completa. En la primera, la gestante cede sus propios óvulos, siendo inseminados por esperma de un donante o del interesado (en el caso de que sea varón). En la segunda, la gestante actúa como portadora, y el embrión fecundado proviene de los futuros padres. Esta práctica puede realizarse por dinero o ser totalmente altruista. Y eso es lo que genera tanta polémica en el mundo.
¿Es legal? En muchos estados de Estados Unidos, sí. Y donde ha llevado a cabo su proceso Obregón es en Florida, donde sí está permitida la práctica. De hecho, la legislación del país es una de las más laxas en torno a los vientres de alquiler. Tal y como se menciona en este artículo de EL PAÍS, hablamos de programas médicos que cuestan entre 110.000 y 185.000 euros y a los que se han sometido celebridades como Kim y Khloé Kardashian o Cristiano Ronaldo. Según la web especializada de surrogate.com, en Miami existen hasta seis agencias que llevan a cabo este tipo de negocios.
¿Cómo funciona? Para poder acceder a estos programas, existe una serie de requisitos que tienen que cumplir las futuras madres, como un examen de salud física y mental o no ser consumidora habitual de drogas o alcohol. Además, deben tener la residencia permanente en EEUU y no pueden recibir ningún tipo de ayuda económica gubernamental. En este caso, Obregón no cumpliría el requisito de la residencia, pero no parece haber sido un inconveniente para que le permitieran seguir con el proceso.
¿Y en España? Aquí el trámite de vientre de alquiler es ilegal. Así lo dicta el artículo 10 de la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana: "Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero". Además, la ley entiende que "la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto".
Es por eso por lo que la única manera de tener el hijo de otra persona en España es la adopción. Pero aquí las leyes sólo permiten adoptar a un niño cuando se tiene entre 25 y 45. Además, la diferencia de edad entre padres e hijos debe ser mayor de 16 años y menor de 40. Por tanto, para Obregón esta alternativa hubiera sido imposible.
¿Pueden inscribirlo en el registro aquí igualmente? Uno de los obstáculos a los que se enfrentan quienes realizan la gestación subrogada en países donde sí es legal es demostrar la filiación al volver a España, donde no lo es. Pero resulta bastante fácil mediante sentencia judicial gracias a una instrucción aprobada en 2010 por la Dirección General de Registros y Notariado, aprobada en 2010. Y EEUU y Canadá expiden estas sentencias, que suelen ser reconocidas posteriormente por las autoridades españolas para la inscripción del recién nacido. Por lo que Obregón sí podrá hacerlo al regresar a España.
Las críticas. Multitud de usuarios en redes han manifestado su desaprobación, incluido el Gobierno español. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que ese tipo de acuerdos no son legales en España, y los ha considerado una "forma de violencia contra las mujeres" haciendo hincapié en que es una práctica que se aprovecha de la mala situación económica de las mujeres gestantes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también lo ha criticado y calificado de "explotación del cuerpo de la mujer".
Una excusa para el PP. A la polémica también se ha sumado el Partido Popular, que ha aprovechado para dejar caer que están dispuestos a abrir un debate "sosegado y serio" para regular esta práctica si no existe compensación económica. Los azules consideran que "la mercantilización es absolutamente execrable y cualquier debate ha de partir del requisito de no mercantilizarlo", pero que sería "bueno" dado que, aunque aquí sea ilegal, hay españoles que lo hacen en el extranjero y luego tratan de inscribir a esos niños cuando vuelven al territorio nacional.
Imagen: José Ignacio Viseras (GTRES)
