Cuando Boris Johnson decidió solicitar a la reina el cierre de la Cámara de los Comunes a mes y medio vista del 31 de octubre, fecha en la que Reino Unido abandonará la Unión Europea con o sin acuerdo si no media aplazamiento, la oposición quedó en fuera de juego. El Parlamento bajaría la persiana en las semanas previas claves para evitar un Brexit sin acuerdo, el temido "no deal". Lo que ha sucedido en las dos últimas semanas ha volteado las tornas por completo. En el día del cierre parlamentario, los Comunes controlan la situación, y es Johnson quien pierde la partida.
¿Solución? A su alcance tiene una drástica. Ir a la cárcel.
¿Qué ha pasado? Que antes de clausurar la Cámara de los Comunes, la oposición laborista y un grupo de conservadores rebeldes ha derrotado en nueve votos decisivos al gobierno de Boris Johnson. No habrá nuevas elecciones, como pretendía el primer ministro. Y tampoco habrá Brexit sin acuerdo. El ejecutivo está obligado ahora, por ley, a solicitar un aplazamiento formal a la Unión Europea si dos semanas antes del 31 de octubre no se ha alcanzado acuerdo alguno. Es un texto legal. Johnson tiene la obligación constitucional de acatar el mandato, pero también es firme en su propósito: no lo hará.
¿Por qué? Porque toda su estrategia electoral depende de cumplir con el fantasmagórico mandato de un Brexit a toda costa. Johnson ha llegado al poder aupado por una minoría radical que considera que los tejemanejes parlamentarios han subvertido el triunfo del referéndum. Prefiere "estar muerto en una zanja" antes que solicitar un aplazamiento. El 31 de octubre marca el punto de no retorno, el día en el que, suceda lo que suceda, cueste lo que cueste, Reino Unido abandona la Unión Europea. Para Johnson, aceptar lo contrario sería traicionarse a sí mismo y, lo que es más importante, a su potencial votante.
Alternativa. Ir a la cárcel. Johnson tiene una opción ya debatida abiertamente por políticos y medios británicos: hacer caso omiso de la ley aprobada por el parlamento. El horizonte de sucesos, esbozado aquí por Dominic Grieve, ex-alto cargo del Partido Conservador, es el siguiente:
A no ser que un nuevo Acuerdo de Salida se materialice en la cumbre de la Unión Europea que termina el 18 de octubre, el gobierno debe solicitar la extensión [del Brexit] al día siguiente. Si es necesario, los tribunales pueden decretar una orden requiriendo al primer ministro a hacerlo. Si llegados a este punto lo rechaza, habría quebrantado el mandato judicial, y podría ser enviado a prisión.
Johnson emularía así al grueso del Govern de Cataluña, saltando por encima de la voluntad de los tribunales y convirtiéndose en un mártir encarcelado. Diversos portavoces del gobierno han negado que el primer ministro contemple siquiera la posibilidad, aunque otros, como Dominic Raab, titular de Exteriores, ya han anunciado que llegarán tan lejos como les sea posible. Los conservadores barajan impugnar la ley que obliga a extender el Brexit frente a la justicia. Se trataría de un movimiento sin precedentes en la historia constitucional del Reino Unido, y uno que obligaría a un enorme sacrificio por parte de Johnson.
Otras vías. ¿Pero tiene otras salidas? Cuesta hallarlas. The Guardian ha resumido los caminos que podría tomar Johnson para deshacer el nudo gordiano del Brexit: saltarse la ley; solicitar el aplazamiento a Bruselas junto a otra carta que explicite que no lo desean (lo cual también implicaría saltarse la ley); dimitir; plantear una moción de confianza en su contra; buscar otro resquicio mediante el que convocar elecciones; y pedir a un país de la Unión Europea que bloquee la extensión. Se necesita la unanimidad de los 27 miembros. En primavera se consiguió por los pelos. Johnson podría encontrar algún pirómano en la sala.
Más allá. Johnson siempre podría solicitar la extensión, culpar al laborismo y a los conservadores rebeldes y convocar un adelanto electoral jugando la carta del victimismo. Es una estrategia más arriesgada porque podría desencantar al votante duro del Brexit, harto de sinsabores y aplazamientos. Pero no es descartable: el actual primer ministro no es conocido por sostener su palabra ni por sus principios inquebrantables, y su margen de maniobra es muy estrecho. La actividad parlamentaria se reanuda el 14 de octubre. Tiene hasta entonces para pensar en la cárcel.
Imagen: Toby Melville/AP
