La mayoría de las centrales nucleares de Japón llevan en letargo desde el desastre de Fukushima. Desde el accidente, lo gobiernos prometieron no construir nuevos reactores ni reemplazar los antiguos por temor a las protestas de una población que sigue conmocionada por lo ocurrido incluso 11 años después. Ahora, sin embargo, el Gobierno está presionando para que se vuelvan a encender hasta 17 reactores nucleares. Sí, Japón se prepara para volver a aquello que prometió destruir para siempre.
Y el motivo no es otro que el aumento del coste de la energía tras la guerra en Ucrania y para ayudar al país a lograr su objetivo de neutralidad en carbono para 2050.
Un cambio de rumbo. Desde 2011, cuando un tsunami gigantesco destruyó el suministro eléctrico de Fukushima Daiichi, provocando que tres de sus seis reactores colapsaran, los diferentes gobiernos rechazaron la energía nuclear. Ahora, en 2022, en un cambio radical en la política energética del país, el primer ministro, Fumio Kishida, ha anunciado planes para construir reactores de próxima generación y reactivar los que quedaron inactivos con el objetivo de poner fin a la dependencia de Japón de los combustibles fósiles importados.
Esta "transformación verde", que incluye extender la vida útil de los reactores existentes más allá del máximo actual de 60 años, evidencia cómo Japón busca asegurar el suministro en medio de una crisis energética que ha desencadenado preocupaciones ante posibles apagones en Tokio durante las olas de calor de este verano.
¿Cómo? En 2020 la cifra de producción nuclear del país fue inferior al 5%. Solo 10 reactores nucleares se han reiniciado desde la introducción de estándares de seguridad estrictos tras Fukushima. Ahora el país planea que la energía nuclear represente el 20-22% de su suministro de electricidad en 2030. Y se espera que se reinicien siete reactores más el año que viene, incluida Kashiwazaki-Kariwa, la planta nuclear más grande del mundo.
¿Por qué? El país sufre ahora mismo dos problemas: inseguridad energética y crisis climática. Dos puntos clave que incluso la directora de la Agencia Internacional de Energía (AIE) ve prioritario tratar aunque para conseguirlo se tengan que reiniciar más plantas nucleares en Japón, uno de los mayores consumidores de gas natural licuado (GNL) del mundo.
Esto además ayudaría a aliviar los temores de suministro de energía de Europa durante el invierno. "La invasión de Rusia a Ucrania ha transformado enormemente el panorama energético mundial... Japón debe tener en cuenta los posibles escenarios de crisis", decía en una entrevista.
A la gente le parece bien. Con todo el debate sobre la mesa, el gobierno tendría ahora que ganarse el apoyo del público, que se volvió contra la energía nuclear tras Fukushima. Aunque los funcionarios creen que los ciudadanos se han vuelto más receptivos debido al aumento de los costes del combustible y con una crisis energética en ciernes. Hay que tener en cuenta que el país depende mucho de los combustibles fósiles importados.
De hecho, según algunas encuestas, parece que esa oposición está debilitándose. Una realizada por el periódico comercial Nikkei concluye que el 53% de los encuestados estaba de acuerdo con volver a poner los reactores en servicio si se pudiera garantizar su seguridad.
¿Una amenaza para la seguridad? Muchos residentes, sobre todo aquellos que viven en la costas (es allí donde se sitúan casi todas las plantas nucleares y hay que recordar que en el país se producen tsunamis normalmente) argumentan que los planes de seguridad para posibles accidentes pondrían vidas en riesgo. "Los planes de evacuación no funcionarán… son una amenaza para la población local", decía Masami Hino, uno de los 17 residentes que viven en un radio de 30km de una planta nuclear en este reportaje de The Guardian.
Según el plan del Gobierno, en caso de un accidente grave, 1.000 residentes que viven dentro de los 5km de la planta desalojarían el área de inmediato, mientras que 190.000 personas dentro de un radio de 30km evacuarían en diferentes etapas. Sin embargo, los críticos argumentan que se producirían obstrucciones de las carreteras y se pondría a las personas en riesgo de exposición a la raciación.
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