Se ha definido al nuevo y autoritario Presidente de Filipinas como el Donald Trump asiático. Sus frases provocadoras y su descaro a la hora de relacionarse con agentes internacionales le convierten en una figura atractiva para los medios. Pero es en realidad un sanguinario, un hombre desalmado que está causando muchísimo dolor en su país.
Nueve meses después de su llegada al poder en junio de 2016, la política “antidrogas” de Rodrigo Duterte ya está dando sus frutos. No sabemos si los yonkis, los tres millones de adictos que alega el Gobierno existen entre sus casi 100 millones de ciudadanos, están dejando de consumir estupefacientes, pero lo que sí se ha conseguido es infundir el terror en la población. Según cifras oficiales de la Policía publicadas el mes pasado, la guerra contra las drogas se ha llevado ya a 7.042 vidas por delante. Están muriendo más de 1.000 civiles mensuales por culpa de esta cruzada moderna contra los degenerados.
Un sistema que pega el tiro y tira la llave
De esos muertos, 2.500 son presuntos consumidores o traficantes a los que mató la Policía directamente por “resistencia a la autoridad”. Otros 3.600 asesinatos están en suspenso, sin un registro cerrado y bajo investigación policial. A estas cifras, que son muy graves, la Administración Duterte añadía 52.000 detenciones callejeras. Bajo una fórmula conocida como “TokHang” las fuerzas del Estado han entrado en millones de casas para promover el “cese de actividades delictivas”.
Pero Human Rights Watch o el Observatorio de Derechos Humanos también ha lanzado ahora un extenso informe estos días sobre cómo la policía no está actuando contra los drogadictos, sino que está cimentando un sistema que ataca a las minorías desfavorecidas.
La investigación ha concluido que el plan de Duterte se apoya en la represión desmedida de los pobres por parte de los agentes: el modus operandi más habitual es asesinar a sangre fría a uno de estos civiles para luego plantar drogas y armas en la escena del crimen. La policía también contrata a asesinos a sueldo y roban a las personas a las que matan. Al terminar, falsifican los informes oficiales sobre los incidentes con total impunidad.
“Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato”, ha afirmado Tirana Hassan, una de las responsables de la investigación y la directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
Uno de los atropellos señalados por la organización es la obligatoriedad que tienen los distritos de redactar "registros de vigilancia", listas negras de sospechosos de consumo de drogas de la zona que acaban después asesinados por hombres no identificados o directamente siendo maltratados y liquidados por la policía.
Estos son algunos de los ejemplos aparecidos en el informe de HRW de las ejecuciones llevadas a cabo por la policía o sujetos con protección oficial:
Seis hombres enmascarados y armados irrumpieron en una casa de Manila donde varios adolescentes veían la televisión. Los hombres arrestaron y golpearon a Aljon Mesa y Jimboy Bolasa, registrados como sospechosos por consumo de estupefacientes, y se los llevaron en motocicletas. A la media hora, después de recibir la noticia de su arresto por parte de un policía uniformado, los familiares corrieron al puente que les había citado el agente para encontrar los cadáveres de los chicos, ambos con heridas de bala en la cabeza y las manos atadas a la espalda. Los hombres armados seguían en el lugar mientras la policía uniformada acordonaba el área a la espera de los forenses.
Paquito Mejos, un señor de Manila de 53 años y padre de un niño, se entregó a las autoridades en octubre de 2016 después de enterarse de que estaba en la "lista de vigilancia gubernamental" por el consumo de metanfetaminas. Dos días más tarde, un hombre armado irrumpió en la casa de Mejos buscándole. Subió hasta su habitación y le pegó dos tiros. En el informe, la policía se refirió a él como "narcotraficante”.
Cinco hombres armados enmascarados, también sin identificar, irrumpieron en una casa de la provincia de Bulacán donde Oliver De la Cruz, de 43 años, jugaba a las cartas. Los hombres lo trincaron y le estamparon repetidas veces contra un muro de hormigón antes de sacarlo de la casa y ejecutarlo.
Algunos testimonios gráficos de esta “guerra contra las drogas” puedes encontrarlos en esta galería sobre los asesinatos cometidos recientemente en las calles de Filipinas.
Duterte y la “solución final” contra los pobres que financie al Estado
De esta manera, el Gobierno se aprovecha política y económicamente de una serie de homicidios ilegales cometidos por la misma policía que debería proteger a esos ciudadanos más débiles. Peter Bouckaert, el director de emergencias del Observatorio de Derechos Humanos y responsable último del informa, ha dicho: “el papel de Duterte en estos asesinatos le convierten en el último responsable de la muerte de miles de personas”.
“Mi orden es exterminarlos”, decía públicamente Duterte, “no me importan los derechos humanos”, sentenció el Presidente en su momento sobre los supuestos drogadictos y narcotraficantes que estaban depravando a la sociedad filipina. Duterte también se ha comparado a sí mismo con Hitler en el pasado, y ahora ha amenazado con ordenar el exterminio de los activistas pro derechos humanos que se interpongan en su camino.
En un país como Filipinas, con una historia reciente llena de calamidades, Duterte ganó precisamente los comicios presidenciales con holgura gracias a su promesa de acabar con la droga y la delincuencia en los primeros seis meses de mandato. El Presidente ha advertido de que no parará hasta ver muertos a los tres millones de adictos que, según su versión, existen en Filipinas. Aunque la comunidad internacional ha mostrado rechazo por sus actuaciones, por el momento ningún país ha tomado alguna resolución firme para pararle los pies.
