Niños sin vacunar, enfermos sin tratar: el problema de registrar a migrantes irregulares en el médico

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La derecha andaluza acaba de llegar a un acuerdo que le permitirá sacar adelante los presupuestos de 2020 y que deja en mal lugar a los inmigrantes irregulares que han acudido alguna vez al médico. PP, Vox y Ciudadanos quieren poner en manos de la Policía y la Guardia Civil el listado de inmigrantes indocumentados para proceder a regularizar su situación. Sin embargo, esta nueva gestión podría volverse en su contra tal y como le está sucediendo al propio Trump.

En Estados Unidos cada vez son más lo inmigrantes irregulares que no van al médico por miedo a que les deporten, lo que está derivando en un problema de salud pública.

El acuerdo. El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, el consejero de Hacienda del PP y el de Economía de Ciudadanos se han estrechado la mano al llegar a un punto en común: han firmado un acuerdo de 35 puntos y donde uno de ellos afecta especialmente a los extranjeros que residen en Andalucía sin papeles. El objetivo pasa por crear un órgano de coordinación (dependiente del Ministerio del Interior) para que la Policía y la Guardia Civil puedan comenzar a regularizar este ámbito.

"Ordenar flujos migratorios". Así se define el punto 27 que recoge el acuerdo anterior y cuyo propósito es "luchar contra las mafias" y "ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares". La idea es que la Junta de Andalucía pueda ceder a los cuerpos de seguridad el listado de nombres de inmigrantes indocumentados que han hecho uso de la sanidad pública a pesar de no tener papeles. ¿Objetivo? Regularizar su situación o, lo que es lo mismo, devolver a su país a todos aquellos que no residen en España de forma legal.

Además de la medida anterior, el gobierno andaluz también invertirá 150.000 euros para reforzar la seguridad presente en los centros de internamiento de los menores extranjeros.

El miedo a ir al médico en EEUU. El mero hecho de que Andalucía pretenda poner en manos de la Policía el registro de inmigrantes irregulares puede derivar en el mismo problema que tiene Estados Unidos desde la llegada de las políticas migratorias de Trump. El miedo a ser deportados está tan extendido entre los inmigrantes que residen sin papeles que muchos de ellos están dejando de ir al médico, lo que indirectamente deriva un problema de salud pública. Es decir, si hay personas que no van al médico cuando están enfermas hay cuadros clínicos que dejan de ser tratados y, por ende, controlados por las autoridades sanitarias.

Sin embargo, el problema no se centra solo en que la gente no se trate un resfriado o no se tome la tensión, sino que va más allá y afecta a la estructura sanitaria de forma global: "Como no visitan al médico no están informados de las medidas preventivas que deben tener en cuenta según su grupo de edad o colectivo (análisis, vacunas, etc.)" subraya una de las promotoras de salud pública en este reportaje de Vice.

Alternativas sociales. Con el objetivo de mitigar el problema anterior, en Los Ángeles hay voluntarios que se dedican a ir puerta por puerta a decir a los inmigrantes que no dejen de ir al médico a pesar de no tener papeles porque la ciudad californiana tiene un programa de salud gratuito destinado a atender al millón de inmigrantes sin papeles que residen allí. Sin embargo y a pesar del trabajo informativo que hacen las promotoras, son pocos los que deciden acudir a este tipo de centros adscritos y los que van lo hacen con tanto miedo que ni siquiera quieren dar su dirección postal.

Según cuenta la directora de una de estas clínicas, es habitual y constante que los pacientes cancelen las citas por teléfono y en el último momento.

Trump y la gestión de las fronteras. En 2018 murieron a causa de la gripe, tres niños que estaban retenidos en los centros de detención situados a lo largo de la frontera estadounidense. A pesar de que el centro para el Control y la Prevención de Enfermedades americano recomienda vacunar de la gripe a todos los menores de 6 años, el gobierno de Donald Trump se ha negado. Para hacernos una idea, el pasado mes de junio había unas 200.000 personas retenidas en este tipo de centros y, según han informado los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional tenían niños retenidos sin acceso a duchas y adultos que llevaban una semana hacinados, de pie y también sin ducharse desde hacía semanas.

De no hacer bien las cosas, el gobierno andaluz podría enfrentarse a situaciones límite como la anterior o a reacciones desproporcionadas fruto del miedo de los migrantes a las deportaciones.

Imagen: Arturo Rodríguez/AP

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