Un paseo por las redes sociales estos días hará que nos topemos con bastante gente buscando respuesta a unos resultados electorales que no esperaban en acusaciones de fraude. Podemos e Izquierda Unida sumaron 6 millones de votos en las elecciones del 20-D, pero este domingo hemos descubierto que casi 1.1 millones de votantes han decidido darles la espalda, perdiendo muchos más que cualquier otro partido.
¿Qué ha pasado con el baile de cifras en el recuento de votos?
Al término de la noche electoral, la página del ministerio indicaba que la participación había sido del 69,84%, y la población censal estaba en 24.161.523 votantes. Sin embargo, si nos retrotraemos a los resultados del 20D podemos comprobar que, aunque la participación es prácticamente la misma, del 69,67%, el ministerio indica que el censo lo comprenden 25.538.532 votantes. ¿Qué ha pasado con esos 1.4 millones de votantes que han desaparecido de España en seis meses? ¿Serán acaso los más de un millón de votos que han perdido desde Unidos Podemos después de la coalición?
Supongo que en unas horas esto tendrá una explicación, ¿no? pic.twitter.com/6B6gTCPnLV
— Irene Ariza (@Morganabretema) June 27, 2016
Los del 26-J son, de momento, los ‘resultados provisionales’, tal y como podéis ver en la página web del ministerio. Las cifras de participación así como la población censal que aparecen en las páginas de consulta para este 2016 son estimativas porque hay que agregarle el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que se incorporará más adelante, cuando lleguen los votos del extranjero.
Ellos son casi dos millones de ciudadanos (1.920.256 según el INE), pero no esperes que vayan a cambiar demasiado los resultados cuando se cuantifiquen sus datos, ya que de esos son muy pocos los que finalmente han votado, como veremos más adelante. El proceso de solicitud de voto en el extranjero, el denominado voto rogado, es muy difícil y también tiende a ser más baja la movilidad al voto entre los que están fuera.
Volviendo sobre esos votantes que faltan: los resultados del CERA están a la espera de ser validados por la comisión electoral, y cuando lo hagan, es más que probable que baje el porcentaje de participación de estas elecciones. ¿Por qué? Porque se incorporarán bastantes censados pero no tantos votos, que calculaban estarán entorno al 5-10%. Esto es idéntico a lo que ocurrió el 20-D: cuando teníamos los datos provisionales de diciembre. Al principio se hablaba de un porcentaje de voto del 73,2% de voto y de un 26,8% de abstención, pero cuando se obtuvieron los datos finales se transformaron en un 68.94% y un 31.06% respectivamente.
Comparemos el voto de residentes en el extranjero del 20D con lo que sabemos del 26J. En los anteriores comicios lograron solicitar satisfactoriamente el voto 151.000 emigrados de los 1.8 millones de electores inscritos. La cifra es similar, aunque un poco superior, en estas últimas elecciones. Para el 26J han solicitado el voto 155.000 españoles de los 1.920.256 de inscritos en el CERA.
Es decir, sólo un 8% de los que están fuera tienen la opción de votar y serán los que, aproximadamente (se estima que la cifra final estará próxima a los 100.000 votos, ya que no todas las personas que ruegan el voto acaban por ejercer su derecho), se incorporarán a esos 'resultados provisionales' a partir de mañana.
Los datos son correctos. Cuando a los 24.1 millones de ciudadanos que participaron el domingo le sumamos los 10.4 de abstencionistas y los 1.9 millones de votantes en el extranjero, tenemos los 36,5 millones iniciales. No parece que el mapa político vaya a cambiar demasiado con 100.000-150.000 votos, y aunque podría producirse un baile de escaños, ni con que todos los votos recayesen en Unidos Podemos se explicaría la caída de apoyo que se ha llevado el partido de Iglesias.
¿Ha impedido el gobierno que voten los emigrados españoles el 26-J para influir en los resultados?
Es la conclusión a la que se puede llegar desde los mensajes publicados desde diversos medios y plataformas, que denuncian esa anomalía por la que sólo una mínima parte de los integrantes en el CEDRA pueden votar de manera efectiva. La conspiración piensa en todos esos jóvenes expatriados que, desde 2011, han visto mermadas sus facilidades para votar sobre el país del que han salido por no encontrar trabajo.
Y sí, es llamativo que, desde que se pusiera en marcha en 2011 esa limitación del voto de los emigrantes mediante el sistema del voto rogado, la participación en el voto extranjero haya caído en más de un 70%. Pero la realidad es que el problema del voto exterior tiene mucho más calado.
Las legislaciones sobre el voto extranjero que había anteriormente en España eran bastante inexactas. Cuando se aplicó en 1985 la LOREG el censo no se hizo con un registro nuevo, sino volcando el padrón existente en ese momento no actualizado, y por eso en el primer CERA había emigrantes fallecidos.
Después, desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007 y hasta 2011, los hijos y nietos de emigrantes españoles entre julio de 1936 y 1955 podían solicitar la nacionalidad española y por tanto votar en todas las elecciones, excepto las municipales. Hay casi medio millón de personas (a fecha de 2012) en el extranjero que, por ser hijos o nietos de españoles y pese a no haber estado nunca en España, tienen derecho a voto.
Señores de @eldiario De los 1.9M españoles del cera, 1.4M No nació en España y posiblemente nunca haya estado en ESP pic.twitter.com/r5frOG8Y2L
— Andrés Rodríguez (@andresrguez) June 27, 2016
Lo dijo Rajoy en La Sexta, con el voto exterior “ocurrían muchas cosas raras”. Y es que, como te explicamos anteriormente aquí, en épocas anteriores salieron a la luz casos de argentinos que votaban en un gran porcentaje en Canarias u otros de gallegos censados pero fallecidos votando en distintas partes del mundo como consecuencia de la LOREG.
En resumen, el del voto extranjero es un problema inherente a la difícil delimitación de los miembros con derecho a ejercer soberanía sobre un Estado (y razón por la que países como Gran Bretaña, Francia o Italia no son tan abiertos como lo era el sistema español).
El INE dice que hay 2.3 millones de personas en el extranjero con nacionalidad española, pero de ellos, 1.4 millones no ha nacido en España (a cifras de 2016). Si nos guiamos por el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), son 733.387 personas (a inicios de 2015) los españoles expatriados. Esa, según Anxo Lugilde, Doctor y periodista experto en voto exterior, es una cifra más precisa de los españoles emigrados que la anterior, aunque desde el PERE apuntan a que la cifra de españoles emigrados es algo más alta.
Si falla lo anterior... ¿es que se han manipulado los votos desde las mesas electorales?
Es el siguiente paso. Si descartamos como erróneo el recuento de votos, el siguiente escalón en la mente conspirativa es que en las mesas se hayan sustraído algunos votos que se borrarían después del total de votos emitidos, tal y como cuentan aquí, o bien se modificarían por votos en blanco, como ha apuntado Christian Avilés en una de las cartas más compartidas en las redes sociales en los últimos días. La realidad es que nuestro proceso es bastante garantista, y son muchas personas que no se conocen previamente entre sí las que tendrían que compincharse.
Como te explicamos aquí y como recoge la página web del Ministerio del Interior, el escrutinio de votos funciona así: el presidente de cada mesa electoral extrae los sobres de la urna uno por uno y nombra en voz alta el nombre del candidato o del partido votado, pero además enseña la papeleta al resto de miembros de la mesa (vocales, interventores, apoderados de los partidos de todos los signos).
Después, se hacen actas con lo que han computado los presentes, y aunque después se destruyen los votos (menos los nulos o han generado alguna duda o reclamación, que van al Juzgado de Paz), todos los representantes de los partidos tienen una copia del acta oficial. De manera que todos los partidos pueden revisar, mesa por mesa y pueblo por pueblo, los resultados electorales y comprobar si sus cifras son las mismas que coteja el Ministerio del Interior en su web.
¿Y es posible que, en esa remota circunscripción donde todos son del mismo signo, se haya cometido fraude? ¿Que los apoderados presentes en esa mesa estén de acuerdo en que se cometan irregularidades? Es posible, pero lo cierto es que los ciudadanos pueden estar presentes en el recuento y que, además, los resultados por municipios están disponibles en la página web. En cualquier caso, es poco probable que sea una conspiración ejecutada por ningún partido.
El voto por correo también tiene sus garantías. Tanto para recibir las papeletas como para entregar el voto a Correos cada votante debe identificarse con su DNI ante el personal de Correos, y cuando estos lleguen a las urnas, los datos del sobre se cotejan con el listado del censo, se computa al votante y se introducen los votos en las urnas.
El sorpasso de Unidos Podemos y el fracaso de las encuestas
A los que no creen en la total legalidad de estos comicios también les llama la atención lo que ha ocurrido con las encuestas. 30 empresas distintas encargadas de hacer las previsiones electorales, desde la de Sigma Dos hasta la de A+M (20 Minutos) pasando por las de ADV para Europa Press, daban en sus estimaciones un fuerte impulso a Unidos Podemos, un poco por encima de lo que lograrían ambos partidos si se sumasen sus votos por separado. Si alguna de las compañías hubiese acertado, ahora mismo sería la compañía de previsión más prestigiosa de España.
Así fallaron los sondeos, encuestas e israelitas en las #EleccionesGenerales2016 #26J pic.twitter.com/TPwzmS5IYe
— Fernando G.Cumbreras (@fegarc) June 27, 2016
Pero no, todos se equivocaron, algunos, como Electrobarómetro o Demoscopia, por mucho. y aunque las cifras de PSOE y Ciudadanos se han mantenido bastante cercanas a los datos finales, ni PP ni UP se han correspondido con los resultados oficiales de este 26-J. Para los populares, la media de las encuestas le daba un 3.5% menos de votos, mientras que para la formación morada, la estimación era de un 4% más.
3/ Las encuestas fueron imprecisas —también las que produje yo—. Pero el modelo estadístico sí funcionó. pic.twitter.com/159upIfcaJ
— Kiko Llaneras (@kikollan) June 28, 2016
Como cuenta Kiko Llaneras, ingeniero y doctor en Automática e Informática Industrial, en El Español, tal vez el problema que se ha producido no es el de equivocarse en los resultados, sino el de no saber transmitirle a los usuarios la incertidumbre que llevan siempre parejas las encuestas. El famoso sorpasso de UP al PSOE tenía, según el análisis de Llaneras, un 68% de posibilidades de ocurrir, y todo un margen del 32% de que eso no ocurriera.
Las encuestas se han equivocado más veces. Se equivocaron el 20-D, en las elecciones de Reino Unido del año pasado y en muchas otras ocasiones más. Por mucho que la ciencia demoscópica haya mejorado en los últimos años, aun es fácil equivocarse, y variables de última hora como el efecto del Brexit en los pasados comicios del domingo son también factores que pueden hacer que las previsiones que habías hecho una semana antes salten por los aires.
Indra, la empresa encargada del recuento, en el punto de mira
Todo esto me parece tan alucinante que sólo se me ocurre pensar en un pucherazo por parte de Indra.
— Joe Kozinski (@elkozinski) June 26, 2016
También provoca alzamiento de cejas entre los conspiranóicos el papel de Indra, empresa semipública vinculada a la Púnica y a la que el Ministerio del Interior presidido por Fernández Díaz le ha adjudicado el contrato para el escrutinio de los votos mediante un procedimiento de urgencia (esto es, saltándose lo que estimaba el concurso público). El mismo dirigente acusado hace unos días de fabricar escándalos contra los separatistas catalanes valiéndose del cuerpo policial para ello (y al que le sigue salpicando este caso), es el mismo que ha dado el visto bueno a qué compañía debía cuidar del recuento de los resultados de estas elecciones.
La realidad es que Indra ha ostentado prácticamente el monopolio de los procesos electorales en la democracia española, tanto a nivel de comicios generales, como municipales y autonómicos. Esta compañía internacional, que también ha trabajado en años anteriores en procesos electorales de Colombia o El Salvador, ha sido la misma bajo la que ha ganado en varias ocasiones el Partido Socialista, y con la que el escrutinio electoral le dio a Podemos 5 escaños para el Parlamento Europeo en 2014. También tienen la homologación de la ONU para suministro de material electoral y la de la Unión Europea para soporte en Misiones de Observación Electoral (MOEs).
El procedimiento de recogida de datos durante estas elecciones ha sido estrictamente manual. Las mesas hacen llegar sus actas, escritas con papel y lápiz (este año, por ahorrar costes, se ha prescindido de las Mesas Administradas Electrónicamente) y vigiladas por todos los presentes en la mesa, al juzgado pertinente, cuyos resultados custodian durante las siguientes meses por si hubiera que hacer algún recuento. De forma paralela, los resultados del escrutinio los envían funcionarios públicos a través de tablets y teléfonos (repartidos por Indra), que llegan al Centro de Recogida de la Información Central.
Allí, en el CRI, los representantes de la Administración recogen y vigilan los datos, para que se correspondan con las cifras del censo, y una vez esta información es verificada llega a los servidores de Indra, que se van volcando según llegan de las mesas electorales a la página oficial de las elecciones. Como hemos dicho, cada apoderado y cada implicado en una mesa electoral puede comprobar después los resultados que se han incorporado a la página web, y ver si se corresponde con lo que aparece en su acta. Es decir, que si Indra (o el gobierno directamente a través de Fernández Díaz) hubiera manipulado electrónicamente los resultados, seguiría habiendo documentos físicos con los que distintos apoderados de este o aquel partido podrían reclamar el fraude.
La única vez en la que Indra no ha trabajado en unas elecciones fue en el 20-D, cuando Scytl le sobrepasó con una oferta más seductora económicamente para el Estado. Fue en aquel mismo concurso cuando el mismo Fernández Díaz despidió fulminantemente a tres funcionarios públicos que intentaron amañar el concurso filtrando información de la oferta de Indra a compañías rivales.
