Espoleadas por una sustancial inversión en patrocinios deportivos y publicidad convencional, las casas de apuestas y los salones de azar han disfrutado de un crecimiento extraordinario durante el último lustro. Como ilustran nuestros compañeros de Xataka, la industria mueve más de 21.000€ millones anuales, y solo el juego online ya tiene un margen neto de casi 700 millones de euros. El negocio ha aumentado un 20% cada año desde 2012 y el número de jugadores un 228% desde entonces.
Hay hoy en España un 75% más de establecimientos dedicados a la industria del azar que hace cinco años. El fenómeno ha sido rápido, y ha transformado la cotidianidad de los barrios. Resulta complejo pasear por cualquier ciudad de la península ibérica sin toparse con un salón de azar. La industria ha priorizado barrios pobres, allá donde hay mayores porcentajes de población vulnerable y, como explicamos aquí, más expuesta a la ludopatía.
El fenómeno es global e ineludible, y diversos países debaten hoy cómo regular un negocio interpretado por muchos sectores como pernicioso. En Italia, el gobierno del Movimento 5 Stelle y la Lega prohibió la publicidad de las casas de apuestas el pasado mes de julio. Reino Unido también debate la conveniencia de regular su exposición pública. Los motivos son variados, pero rotan en torno a la misma idea: la adicción.
¿Qué hay de España? La cuestión ha ganado tracción mediática durante los últimos meses, y diversos partidos y gobiernos autonómicos o municipales han planteado políticas para acotar el rango de acción de las casas de apuestas. En vísperas de un ciclo electoral crucial para el futuro del país, resulta pertinente analizar qué piensan y qué proponen los principales partidos españoles en materia de azar.
PP: a remolque de otros partidos
El programa electoral del Partido Popular para las pasadas elecciones generales no incluía ni una sola mención a las casas de apuestas. La cuestión juega un rol marginal tanto en el relato institucional de la formación como en el discurso nuclear de Pablo Casado, cuyas menciones a la materia son escasas. El PP, eso sí, aún no ha publicado su programa para la próxima convocatoria electoral.
Pablo Casado y Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. (Víctor J Blanco/GTRES)
Nada de esto significa que la formación sea ajena al debate. El PP ha mostrado su apoyo a la mayoría de iniciativas planteadas por otras formaciones para acotar la industria. Sucedió así el pasado mes de octubre cuando Unidos Podemos llevó la regulación de las apuestas al Congreso de los Diputados. La moción contó con el apoyo del PP, aunque su portavoz hizo hincapié en el respeto "a la libertad de los adultos".
Algo similar sucedió en el parlamento extremeño, en el pleno de Vigo, en las cortes aragonesas y en el congreso riojano, entre otros casos. El PP siempre trata la materia a remolque de otras formaciones, pero nunca se opone. Es en Madrid donde más activo se ha mostrado: el gobierno, en su control, ha propuesto dedicar el 0,7% de los impuestos recaudados sobre el juego a la prevención de la ludopatía, además de impedir el acceso de menores (mediante garitas) a los salones de azar.
En julio, y con menos protagonismo mediático, el PP presentó una proposición no de ley en el Congreso para "cercar" a las apuestas deportivas online.
PSOE: una regulación inacabada
Al igual que el PP, el PSOE no incluyó ninguna mención específica a las casas de apuestas en su programa electoral de 2016. La posición socialista ha variado desde entonces. Han sido varios los gestos del ejecutivo de Pedro Sánchez encaminados a batallar con más ahínco a los salones de juego. El más importante de todos: el acuerdo presupuestario alcanzado con Unidos Podemos el pasado mes de octubre.
Aquel documento incluía una batería de medidas que, de haber llegado a buen puerto, habrían transformado el marco legal del juego y el azar en España. La propuesta planteaba una "regulación de la publicidad (...) similar a la de los productos del tabaco"; medidas de "información, gestión y limitación del consumo de juegos"; una implicación activa de los operadores en el "desarrollo de acciones de prevención"; y reinvertir la tasa al juego en "iniciativas preventivas" y de sensibilización.
El desmoronamiento de la coalición parlamentaria de Pedro Sánchez y su incapacidad para aprobar los presupuestos convirtieron en papel mojado el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos, y con él la futura regulación de las apuestas deportivas. Sin embargo, el interés del PSOE en comunidades bajo su control, como Aragón o Extremadura, indica que la formación podría recuperar la iniciativa en el futuro.
Podemos: la formación más activa
El primer partido en incluir una propuesta concreta de cara a las próximas elecciones: Podemos quiere prohibir la publicidad de las casas de apuestas y que no puedan abrir antes de las diez de la noche. El objetivo es doble: por un lado aplicar el mismo enfoque mediático que en la lucha contra el tabaco y, por otro, impedir que los adolescentes puedan entrar a los recintos durante el día. Lo adelantó Pablo Iglesias en un vídeo.
Con anterioridad, Podemos ya había sido el partido que más ha insistido en regular la industria del juego y el azar. Lo ha hecho a nivel nacional, autonómico y municipal, en muchas ocasiones planteando iniciativas aprobadas por unanimidad por el resto de grupos parlamentarios. Su insistencia le ha permitido liderar el discurso anti-apuestas desde la oposición estatal y regional.
Para proteger a la ciudadanía de las casas de apuestas y la ludopatía proponemos:
— Podemos (@PODEMOS) October 7, 2018
🚫Prohibir la publicidad de las formas más modernas y lesivas de juego
🤚Medidas contra los mecanismos de enganche psicológico
💶Hacer que las empresas que se dedican a esto contribuyan más pic.twitter.com/GW9wkB1iby
No sólo se trata de las medidas incluidas en el pacto presupuestario con el PSOE, desglosado más arriba, sino también de otras pequeñas victorias. Hace algunas semanas, por ejemplo, una Proposición de Ley planteada por Podemos para prohibir la publicidad del "juego on-line, los salones de juego o las casas de apuestas" en Telemadrid era aceptada unánimemente por la Asamblea de Madrid. Una iniciativa muy similar a la frustrada en el Congreso.
Podemos enmarca sus propuestas en "la protección de la ciudadanía" frente al sector, "más cercano a la depredación que al entretenimiento". Exige una legislación específica para las apuestas online, "sin que afecte a las formas de juego más tradicionales" como la lotería o la quiniela. También ha hecho hincapié en las consecuencias de la ludopatía, y en el problema de "salud pública" que representa.
Ciudadanos: apuesta por la prohibición
El último gran partido de carácter nacional tampoco incluyó referencia alguna a las casas de apuestas en su programa electoral de 2016. Eso podría cambiar de cara a este año. Al igual que Podemos, Ciudadanos ha mantenido una posición activa censurando la naturaleza adictiva de las casas de apuestas y planteando medidas que coarten su impacto entre los grupos más vulnerables de la sociedad.
De especial interés fue una iniciativa transversal lanzada por el partido a lo largo del mes de noviembre. Diversas delegaciones locales, desde la conquense hasta la sevillana, pasando por Pinto o Vigo, solicitaron en sus respectivos plenos municipales la prohibición de salones de juego "en las inmediaciones de centros escolares y juveniles". El objetivo de la formación era "frenar las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre los más jóvenes" y activar "campañas de concienciación".
Ciudadanos ha propuesto diversas medidas para alejar las casas de apuestas de los colegios. En la imagen, José Manuel Villegas. (Víctor J Blanco/GTRES)
La formación complementó aquellas mociones locales con una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para "revisar y actualizar las normativas autonómicas en materia de juego", con mención especial al Consejo Internterritorial de Salud y a la Federación de Municipios y Provincias. Es una estrategia interesante que contrasta en cierto modo con la de Podemos y PSOE: Cs busca frenar a las casas de apuesta desde los marcos urbanísticos locales y las ciudades.
Ciudadanos, eso sí, ha sido más tímido en materia de regulación publicitaria y promocional, poniendo el acento en una población vulnerable (la infantil y juvenil) y en su creciente adicción.
Vox y los partidos nacionalistas
¿Qué hay del resto? Vox es la última formación en irrumpir en el panorama político estatal. Su interés por el fenómeno de las casas de apuestas es limitado: no hay mención alguna a los salones de juego en su programa electoral, y su regulación tampoco tiene presencia alguna o bien en sus redes sociales o en el discurso público de Santiago Abascal. Por el momento, el partido mantiene una posición incierta sobre la materia.
De mayor interés es la posición de los partidos nacionalistas, dado que gran parte de la legislación relativa a los juegos de azar y a las apuestas deportivas emanan de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Esta fue una de las principales críticas del PNV a la moción planteada por Podemos el pasado octubre: pisaba competencias territoriales. El partido gobierna en Euskadi, donde ha planteado al elaboración de un estudio "sobre la situación del juego" en la comunidad.
A partir de ahí, la formación plantearía un "plan de acción" orientado a "evitar el acceso al juego a personas menores y a aquellas que lo tengan prohibido", además de campañas de concienciación y sensibilización. Más drástica es la posición de EH Bildu: en noviembre instó al parlamento vasco a "adoptar medidas de control" para utilizar máquinas de apuestas y tragaperras, incluyendo mandos para activar las mismas. Elkarrekin Podemos planteó limitaciones de publicidad y promoción.
Compromís ha sido una de las formaciones más beligerantes con las casas de apuestas. En la imagen, Joan Baldoví, su portavoz parlamentario en el Congreso. (GTRES)
ERC también ha mostrado cierta beligerancia contra las casas de apuestas. En febrero, su grupo parlamentario presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para frenar la presencia publicitaria de salas de póker, casas de apuesta y casinos online, sumando requerimientos y obstáculos a la actividad de los operadores. La formación recogía las recomendaciones del CAC, limitando el uso de famosos, las menciones en narraciones deportivas o las ofertas de bonos gratuitas.
Similares posturas ha adoptado Compromís. La formación gobierna en coalición la Comunidad Valenciana, donde el ejecutivo autonómico impulsa una Ley del Juego local que establecería diversas restricciones a las casas de apuestas. Desde 1.000 metros de distancia entre los colegios y los salones de juego hasta la retirada de publicidad institucional a los medios que anuncien apuestas on-line, pasando por la eliminación retroactiva de las licencias del 50% de las casas.
En general, la cuestión de las apuestas se ha introducido paulatinamente en el discurso de todos los partidos. Algunos, como Podemos, Ciudadanos o Compromís, se han mostrado muy beligerantes con su laxa regulación y su amplia presencia pública. Otros, como el PP o el PNV, han dado señales más tímidas, pero en ningún caso contrarias. Parece existir cierto consenso político por las consecuencias sociales de la ludopatía y por la explosión de las apuestas deportivas en el último lustro.
