Diluida la industria pesada y externalizada la mano de obra manufacturera a otros países, pocas batallas revisten tintes tan obreristas como la de los riders que surcan las ciudades todos los días recogiendo y entregando comida. Su pugna por obtener un estatus laboral firme, y no meramente autónomo, ocupa una de las páginas destacadas de las batallas laborales de la gig economy. Allá donde pongamos los ojos hay un sindicato o una agrupación llevando a sus empeladores, Uber, Deliveroo o Glovo, a los tribunales.
Y ganando.
En Italia. El último ejemplo lo tenemos en Milán. Es allí donde la inspección de trabajo acaba de ordenar a las principales apps de reparto a dar de alta en la seguridad social a más de 60.000 riders. La decisión culmina dos años de investigación, iniciada tras la denuncia de varios trabajadores accidentados en horas de trabajo. Las empresas de turno (Glovo, UberEats, JustEat y Deliveroo) tendrán que pagar además una multa conjunta por valor de €733 millones. Tendrán opción de recurso. Pero a tenor de lo sucedido en otros países, sabemos cómo terminará.
El precedente. Lo tenemos muy cerca y muy reciente. Fue en septiembre cuando el Tribunal Supremo puso fin al largo listado de disputas judiciales entre los riders y las apps de reparto. Hasta entonces los juzgados provinciales y los tribunales autonómicos habían emitido veredictos contradictorios sorbe la naturaleza laboral de los repartidores. ¿Eran trabajadores por cuenta ajena o autónomos? El Supremo dio la razón a los riders. Falsos autónomos como la copa de un pino:
Se trata de una empresa [Glovo] que presta servicios de recadería y mensajería fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio (...) es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad (...) y se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma.
Los motivos. Ya vimos en su momento lo que implicaba: el sector se estaba ahorrando unos €170 millones de euros anuales con el arreglo, entre cuotas de la seguridad social y sueldos mínimos que se dejaban de sufragar. La batalla ahora se centra en las condiciones laborales que los nuevos trabajadores encontrarán una vez accedan a su nuevo estatus; y en las compensaciones por las cotizaciones que no se han pagado durante años. En Zaragoza más de 300 riders reclaman a Glovo en los juzgados unos 400.000€ por las cuotas no amortizadas entre 2016 y 2018.
Otros países. Pese a que las legislaciones son nacionales hay cierto patrón común. La justicia francesa ya determinó hace tres años que el estatus laboral de los trabajadores estaba inevitablemente adherido a la empresa, por lo que no podían ser autónomos. Las cosas de palacio han ido despacio, no obstante, y aún hoy Deliveroo y otras compañías siguen recibiendo correctivos por parte de las autoridades cuando un rider lleva su caso a los tribunales. Sólo JustEat ha hecho públicos planes para incorporar a su plantilla a sus repartidores. Los demás, a su suerte.
En California, cuna de la gig economy, los acontecimientos sí han sido rápidos. En 2019 el parlamento decretó que toda relación contractual entre empresa y repartidor se considerará por defecto "asalariado" si no se explicita lo contrario por ambas partes. En su momento fue un gran triunfo para los riders. Un año después, la industria se movilizó y colocó un referéndum sobre la cuestión (Proposición 22) para el día de las elecciones presidenciales. Ganaron. Podrán seguir contratando en régimen de "autónomos", si bien con algunas obligaciones.
Hacia la ley. Similares escenarios se repiten en Bélgica, Países Bajos o Irlanda. Cada vez más autoridades se interesan por la materia, casi siempre en perjuicio de las apps, y cada vez más tribunales se manifiestan sobre el asunto, generalmente en favor de los riders (aunque no siempre). A corto plazo es posible que caminemos hacia legislaciones nacionales específicas para las relaciones laborales del siglo XXI. Es el caso de España. El gobierno está preparando un texto, consensuado con sindicatos y patronal. Y por defecto, los repartidores serían asalariados.
Imagen: Franklin Heijnen
