Cuando se diseñó, hace un siglo, la Plaza de España de Sevilla aspiraba a ser uno de los grandes emblemas de la Exposición Iberoamericana de 1929. Lo logró. Y no solo eso. En el siglo XXI el conjunto trazado por Aníbal González puede presumir de ser además un icono de la ciudad, un reclamo turístico y el epicentro de un intenso debate que ha sacudido en las últimas horas la política andaluza. El motivo: el Ayuntamiento hispalense quiere cerrarla y empezar a cobrar por el acceso. Al menos a los visitantes de fuera de Sevilla, una decisión que ha avivado aún más el debate y deja botando algunas dudas legales cruciales.
¿Qué quiere Sevilla? Y sobre todo, ¿qué implica?
Si entras, pagas. La noticia la ha avanzado ABC Sevilla. El Ayuntamiento hispalense planea cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los turistas que quieran visitarla. Con ese propósito el Consistorio enviará un convenio al Gobierno central, con el que comparte la responsabilidad del conjunto. En manos del organismo municipal está la gestión del espacio abierto de la plaza, comprendido entre los bancos de cerámica y la balaustrada frontal. El edificio central lo ocupan servicios que dependen de la administración estatal y acoge oficinas como la de la Delegación del Gobierno, Capitanía General o el Museo Militar.
El objetivo del convenio elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla, desliza ABC, es la cesión de uso de ciertos espacios dentro del conjunto monumental para su gestión cultural y turística. Los ingresos que se obtengan con las entradas se los repartirán el Estado central y el propio Consistorio en un 25 y 75%, respectivamente, el mismo porcentaje en el que ambas contribuirán a la conservación y la seguridad. Antes las instituciones deberán crear un sistema de control de acceso, para lo que el Ayuntamiento plantea acotar el recinto por la avenida Isabel la Católica e implantar un sistema de limpieza y seguridad 24 horas, entre otros servicios que incluyen un equipo de conservación o marketing.
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La letra pequeña. Aunque del convenio solo se conocen algunas pinceladas, avanzadas por la prensa local y el propio alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, sí han trascendido ciertas claves que han avivado el debate. La principal: quién pagará. El foco se centra en los turistas, insistía ayer el regidor a través de su perfil de X, en el que subrayaba: "Por supuesto, el monumento seguirá siendo de libre acceso y gratis para todos los sevillanos". ABC no ahonda mucho más. Se limita a señalar que el acceso será gratuito para todos "los vecinos empadronados en Sevilla y los nacidos en la ciudad", exención que algunos medios extienden también a los habitantes del resto de la provincia.
El cierre se aplicará de forma gradual, en diferentes partes, e iría acompañado de cambios en el propio edificio. El proyecto contempla el aprovechamiento de las partes del complejo que ahora están en desuso o solo se utilizan de forma puntual y —señala El País— crear dos nuevos espacios expositivos centrados en un episodio clave de la plaza: la Exposición Iberoamericana de 1929. El Consistorio tiene en el horizonte las celebraciones del centenario de aquella cita clave para la ciudad.
Un tiro bien centrado. El pellizco será en cualquier caso bastante jugoso. La Plaza de España es uno de los monumentos más visitados de Sevilla. Su Observatorio de Turismo calcula que de los 3,8 millones de turistas que aterrizan cada año en la ciudad, la inmensa mayoría, más del 90%, visitan el anfiteatro abierto. El objetivo es dedicar la recaudación a la conservación del conjunto histórico, su seguridad, promoción y la creación de una escuela taller de artesanía. Nada se sabe sobre cuánto se cobrará.
El convenio solo desliza que un itinerario turístico por el recinto a cambio de "una tarifa no disuasoria" calculada tras "un estudio competitivo" tendría probablemente "una gran aceptación". A comienzos de 2018 la asociación ADEPA, dedicada a la conservación del patrimonio regional, ya sugirió una medida similar, con una entrada simbólica que rondase uno o dos euros.
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… Y una decisión polémica. Los planes del equipo de Sanz han generado un profundo revuelo y han agitado las aguas de la política andaluza y caldeado el debate en las redes sociales. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, diputado socialista por Sevilla, ya se ha pronunciado de forma tajante sobre la propuesta. "El acceso a través de los edificios que la rodean es competencia del Estado y siempre será libre". De ahí que avance que impulsará una “iniciativa para que el Gobierno rechace privatizarla”.
Los críticos acusan al Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP, de "privatizar" la plaza, ir en contra del "espíritu" con el que se ideó la propia plaza hace un siglo o plantear la medida recaudatoria después de oponerse a la tasa turística. “A nadie se le ocurriría cerrar la plaza de San Marcos de Venecia, la plaza mayor de Madrid o Salamanca o la plaza de la Corredera de Córdoba. Son grandes espacios públicos”, resalta el exalcalde y portavoz del PSOE Antonio Muñoz. Diario de Sevilla precisa que los socialistas descartaron en su día cobrar por el acceso.
¿El primer caso de España? Plaza de España no sería el primer conjunto histórico del país que solo se puede visitar previo pase por caja. Su gran peculiaridad es que no todos tendrían que sacar la cartera. La medida se dirige solo a foráneos. En ese matiz sin embargo tampoco Plaza de España sería pionera. El Park Güell es otro ejemplo claro de espacio público y con un fuerte gancho turístico que aplica distinciones entre locales y foráneos.
En la web del parque se informa de que la primera y última franja de horario con entradas a la venta es de 9.30 a 18.00 h. "El resto de horas de apertura del parque están reservadas para el acceso de vecinos y titulares de 'Gaudir Més'", precisan sus responsables, que precisa que los residentes empadronados en ciertos barrios, como la Salut o Vallcarca-Penitents, "tienen garantizado el acceso gratuito mediante tarjeta personal".
El "no" de los consumidores. FACUA ya ha rechazo la propuesta. Esta misma mañana lanzó un comunicado en el que muestra su "profundo rechazo" a una propuesta que interpreta como "un paso atrás en la concepción de la ciudad como un lugar abierto para el disfrute de la comunidad". Sus responsables lo consideran además "un nuevo giro hacia la privatización" y abogan por otra vía para que el Consistorio logre una mayor recaudación que le permita conservar el patrimonio: implantar una tasa turística.
A FACUA no le gusta la forma, ni el fondo. Carga contra la decisión del equipo de José Luis Sanz de plantear la medida sin haber realizado antes, aseguran, un "estudio pormenorizado" que le permita calcular cómo afectará a la población o al propio turismo.
"Habría elementos para atacarlo". FACUA va más allá y reconoce que con la normativa de la UE en la mano los planes de Sevilla podrían generar debate. "Si nos vamos al marco del derecho comunitario, no debería haber una diferenciación de precios. Habría elementos para atacarlo", reconoce Jordi Castilla, Secretario General del organismo en Sevilla y Andalucía. Con todo, el directivo reconoce también que en el caso de monumentos históricos, como Plaza de España, suele aplicarse una "excepcionalidad" que se extiende al conjunto de Europa.
"Se justifica porque es patrimonio de la ciudad y de los sevillanos. Es una justificación que se da en casi todos los monumentos de Europa. Pero si vamos al derecho comunitario sí podría haber conflicto", señala el experto.
Lo que dice la ley. La UE dispone de un reglamento que arroja algo de luz sobre las intenciones del Ayuntamiento sevillano. Si bien se centra en la relación entre empresas europeas y clientes, el Centro Europeo del Consumidor España (CEC), cofinanciado por la UE y el Gobierno, se pronuncia con claridad: la directiva europea obliga a los Estados miembros a "asegurar que las empresas no puedan discriminar a los consumidores o cobrarles precios más elevados por motivos de nacionalidad o lugar de residencia".
Discriminación y ejercicio público. "Para ello deberán adoptar las medidas necesarias para que el acceso a los servicios no sea discriminatorio", subraya la CEC, que contempla condiciones de acceso diferente solo bajo "criterios objetivos". Bajo el paraguas de la directiva entran, según recalca el centro, los "servicios turísticos como los prestados por agencias de viajes” y los de ocio y tiempo libre "tales como los suministrados por centros deportivos y parques de atracciones". Quedarían fuera, eso sí, las "actividades vinculadas al ejercicio del poder público".
Los defensores de la medida justifican que el convenio de Sevilla deje fuera a los vecinos que residen o están empadronados en Sevilla porque ellos ya contribuyen a la conservación de la plaza con sus impuestos. Por lo pronto, su argumentario ha chocado con los consumidores, oposición o las propias agencias de viaje, que advierten que una medida así no será positivo para el destino.
Criterios "razonables y objetivos". España dispone de su propia legislación al respecto y —si bien reconoce el derecho de todas las personas a no ser discriminadas y recibir igualdad de trato, más allá de su nacionalidad— desliza una idea clave: "Podrán establecerse diferencias de trato cuando los criterios [para ello] sean razonables y objetivos y lo que se persiga es lograr un propósito legítimo". El texto también prevé excepciones cuando las diferencias respondan a "disposiciones normativas o decisiones generales de la administración", aunque matiza que en este caso el propósito debe ser "proteger" a personas o grupos.
Imagen | Vpogarcia (Flickr)
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