La presa de Valdecaballeros fue construida hace ya 40 años en Badajoz. Su objetivo era el de refrigerar una central nuclear que nunca vio la luz por la moratoria aprobada en los años 80 por el Gobierno de Felipe González. Ahora, más de cuatro décadas después, sigue siendo protagonista de otra polémica: su demolición, que ha levantado otro gran debate político con múltiples implicados: Gobierno, la Junta de Extremadura, los vecinos e incluso varias empresas eléctricas, como Endesa e Iberdrola. Todo enmarcado en un contexto de sequía y de elecciones próximas.
Marcha atrás para la demolición. Todo comenzó cuando la Dirección General del Agua, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, dictó una resolución el mes pasado que obligaba a demoler la presa de Valdecaballeros. Todo esto sucedía después de que Endesa e Iberdrola renunciaran a la concesión del uso privativo del agua en 2021 que poseían.
Sin embargo, tanto la Junta de Extremadura, las eléctricas mencionadas y algunas asociaciones de vecinos vecinos creen que tirar la presa abajo es un decisión errónea. Algo que el Ministerio parece haber escuchado porque hace dos días Teresa Ribera abría la puerta a reconsiderar la decisión, asegurando que ve "perfectamente posible" mantener la presa y que están estudiando "el modo" de hacerlo junto con el gobierno autonómico.
Endesa e Iberdrola se desmarcan. Hay que tener en cuenta que la orden ministerial de demoler la infraestructura contemplaba que fueran Endesa e Iberdrola las que asumieran el coste de los trabajos de derrumbe y de gestión de todos los residuos de las instalaciones. Es decir, que se encargaran ellas de convertir el terreno a su estado original. Y eso se traduce en una inversión de alrededor de 10 millones de euros.
Por supuesto, ese coste no lo piensa pagar nadie, y mucho menos las eléctricas, que renunciaron continuar con la concesión, porque ni siquiera la mantenían. Ya han dicho que no están dispuestas a afrontar tal desembolso de dinero y han presentado por separado un recurso contra la orden ministerial para frenar la decisión del propio Ministerio de emprender la demolición del embalse.
¿Por qué? En primer lugar, aseguran que desde que se paralizó el proyecto de central nuclear en los 90, todos esos terrenos "quedaron en manos del Ministerio". Según señala Endesa en este artículo de El Independiente, ambas compañías "nunca sacaron rendimiento económico de la concesión". De hecho, el Gobierno estuvo compensando a ambas durante 25 años para recuperar lo que habían invertido en el plan que nunca se realizó. Unas compensaciones que salían de los bolsillos de los españoles en cada factura eléctrica.
Por otro lado, alegan que la legislación que había vigente en el momento en el que obtuvieron la concesión tampoco "imponía la obligación de demoler la presa, y las modificaciones legislativas que se han introducido posteriormente no deberían tener carácter retroactivo". Y no solo eso: argumentan que en caso de que sí se demoliera, la ley establece que la empresa encargada de hacerlo es Enresa, la que gestionaba los residuos radiactivos.
¿Qué pasa entonces? Que nadie se pone de acuerdo en a quién corresponde comerse el marrón de la gestión. El mismo Ministerio defiende que el hecho de que Endesa e Iberdrola renunciaran a la concesión obliga a "restituir el Dominio Público Hidráulico, que conlleva la demolición de la presa". Y recuerdan que "la ley obliga a demoler las infraestructuras abandonadas sin función alguna ‘teniendo en consideración la seguridad de las personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y económico de cada actuación".
Pero la realidad es que hay otras alternativas. El embalse podría mantenerse si se llega a un acuerdo en el que se busque otro uso útil y se garantice su funcionamiento. En medio de una sequía brutal, eso es justo lo que está evaluando ahora la Junta de Extremadura, que cree que hay usos que se le pueden dar. Pase lo que pase, siga en pie o no, tanto la Junta como las asociaciones ecologistas han hecho hincapié en que no afectará en ningún caso al abastecimiento de agua de los municipios circundantes que la utilizan.
Imagen: Flickr
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