El ejecutivo de Pedro Sánchez tiene sobre la mesa dos medidas largamente discutidas durante la última década pero nunca implementadas: la Tasa Tobin y la Tasa Google. Según ha revelado la Ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ambos impuestos "están listos" y se aprobarán a lo largo de este año. Estaba previsto que el Consejo de Ministros les diera luz verde hoy. Por el momento, no será así.
Los motivos hay que buscarlos en el contexto internacional. La Tasa Google inquieta a Estados Unidos. Una propuesta similar ya fue tanteada por Francia, auspiciada por Macron, para ser desechada más tarde tras las represalias arancelarias anunciadas por Donald Trump. Aquel impuesto aspiraba a gravar un 3% los beneficios declarados en Francia de las grandes tecnológicas, similar al que plantea ahora el gobierno español.
A la espera de un acuerdo europeo a gran escala en la materia, España ha decidido congelar la Tasa Google. ¿Pero qué hay de la Tasa Tobin? Su implementación, a priori, no tiene las mismas connotaciones geopolíticas, pero sí causa cierto escepticismo entre los círculos financieros y económicos. Es una idea que ha sobrevolado la política española desde la Gran Recesión. Y que podría implementarse esta legislatura.
¿Pero qué es, qué implicaría y qué efectos tendría sobre la economía? Es una pregunta que merece un vistazo algo más detallado, dado lo complejo de su naturaleza, lo entusiasta de sus partidarios y lo crítico de sus opositores. Desde su teorización a mediados de los años setenta hasta su apropiación por los movimientos antiglobalización, el trayecto de la Tasa Tobin ha sido largo y en ocasiones confuso.
¿Qué es la Tasa Tobin?
La Tasa Tobin es un impuesto a las transacciones financieras, un gravamen que recauda el estado cuando dos agentes intercambian un activo. Debe su nombre a James Tobin, economista estadounidense y Premio Nobel. Su formulación original difiere de la planteada hoy por el gobierno español. Tobin ideó su "tasa" como un impuesto a las transferencias de divisas, distinción que el propio Tobin batalló durante años, cuando su nombre quedó adherido al movimiento antiglobalización.
En sus propias palabras, dedicadas a Der Spiegel un año antes de su muerte: "La tasa fue ideada para amortiguar las fluctuaciones en los tipos de cambios. La idea es muy simple: se aplicaría, en cada cambio de una moneda en otra, un pequeño impuesto. Esto disuade a los especuladores ya que muchos inversores invierten su dinero en moneda extranjera a muy corto plazo por lo que tendrían que pagar el impuesto muchas veces".
(Benjamín Núñez González/Commons)
Las ideas de Tobin, centradas en las fluctuaciones monetarias y en su impacto sobre los tipos de cambio y las economías nacionales, no operaban sobre el vacío. Bebían de una larga tradición de pensamiento sobre la naturaleza de los mercados financieros y su efecto en los flujos económicos. Uno de sus principales referentes fue John Maynard Keynes, quien en 1936 ya proponía un impuesto a las transacciones financieras.
Dos hechos contribuyeron a moldear las teorías de Tobin: por un lado, el crecimiento de los mercados financieros y de la economía especulativa a partir de los ochenta, impulsada por la desregulación; por otro, el surgimiento de un movimiento de reacción, crítico con el capitalismo, que entreveía en la especulación financiera el origen de todos los males de aquello que vino a bautizarse como "neoliberalismo".
Durante los noventa y durante la primera década del siglo XXI, la "Tasa Tobin" mutó. Se convirtió, en boca de sus defensores, en un impuesto a las transacciones financieras que desincentivaría las inversiones excesivamente arriesgadas, la inestabilidad, la especulación y la volatilidad de los mercados. La Gran Recesión de 2008 y la voladura descontrolada de la economía mundial dispararon su popularidad.
Las cifras de la Tasa Tobin
Pese a que el Consejo de Ministros ha congelado su tramitación, sí conocemos algunos detalles sobre el impuesto. La Tasa Tobin gravará con un 0,2% todas aquellas transacciones de acciones de compañías españolas con un valor bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, aquellos intermediarios que compren o vendan valores de, pongamos, Telefónica, tendrán que remitir al Estado el 0,2% del valor total de la operación.
Su funcionamiento se detalla aquí. El Ministerio de Hacienda se encargará anualmente de publicar la relación de empresas afectadas por el impuesto, en base a su capitalización bursátil a 1 de diciembre del año anterior. La base imponible se calculará sobre el importe de la compraventa, sin incluir gastos asociados; y quedarán fuera de la tasa las salidas a bolsa, las reestructuraciones empresariales, las operaciones entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
José Luis Escrivá. (Víctor J Blanco/GTRES)
¿Cuánto aspira a recaudar el ejecutivo? Hasta 850 millones de euros. Es una cifra optimista, según numerosos expertos, entre ellos José Luis Escrivá, actual ministro de Seguridad Social. Escrivá dirigía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuando el ejecutivo publicó el proyecto de ley y sus previsiones el año pasado. Entonces, la Airef rebajó sus expectativas sensiblemente, limitando su impacto recaudatorio a los 160 millones (similares recelos mostró sobre la Tasa Google).
Gran parte del escepticismo de Escrivá surgía de los tiempos parlamentarios. El retraso en su aprobación y tramitación implicaría necesariamente una reducción sustancial de su recaudación, circunstancia que podría repetirse en 2020. Las cifras presentadas en su momento por el gobierno surgían más de la necesidad de cuadrar el círculo presupuestario frente a las autoridades de Bruselas que de una previsión real de ingresos.
Los argumentos a favor de la tasa
El principal siempre ha rotado en torno a los ingresos públicos. Un estudio elaborado por un grupo de economistas en 2016 estimaba que Estados Unidos podría recaudar hasta 75.000 millones de dólares anuales gracias a un impuesto a las transacciones financieras "bien diseñado". La tasa permitiría al gobierno federal aumentar la recaudación hasta un 0,4% sobre el PIB, y lo haría mediante un impuesto "muy progresivo".
Similares cifras se han vertido para la Unión Europea. En 2013, la Comisión Europea abrió la puerta a la implantación continental de un impuesto a las transacciones financieras. La idea gozó de cierta popularidad: Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Italia, Eslovenia, Grecia y Portugal, además de España, se sumaron a la iniciativa. Desde entonces ha quedado congelada, aunque algunos países, como Francia, han optado por implementarla de forma individual.
¿Cuánto podría recaudar a nivel comunitario una Tasa Tobin similar a la planteada por Francia o por España? La propuesta original de 2013 disparaba la recaudación a los 35.000 millones de euros anuales. Seis años después, sin embargo, y ante el escepticismo de algunos países y de los organismos financieros, una versión revisada y apoyada por los gobiernos francés y alemán reducía el montante a los 3.400 millones de euros al año.
(Dimitry Anikin/Unsplash)
Como se explica aquí, la Tasa Tobin tiene sentido dentro del contexto europeo. En un tiempo de severas restricciones presupuestarias, el impuesto permitiría abrir una vía de ingresos sin causar un impacto negativo en las economías domésticas. La recaudación sería exquisitamente progresiva, además: el 40% del gravamen recaería sobre el 1% de la población con más ingresos. No tanto un "Impuesto Robin Hood", como algunas voces han reivindicado, dado que también afectaría a familias con ingresos medio-altos, pero sí uno socialmente justo.
De forma paralela y sobre el papel, el impuesto acotaría la naturaleza especulativa de los mercados. Al gravar las transacciones financieras, desincentivaría las operaciones cortoplacistas, orientadas a extraer rentas inmediatas, incitando a inversiones más a largo plazo y sobre activos más seguros. El resultado, idealmente, sería un sector financiero más estable y menos voluble, uno cuyos recursos quedarían más centrados en áreas productivas de la economía.
Los argumentos en contra de la tasa
Gran parte de sus críticos apuntan a los efectos perniciosos sobre las finanzas, y por tanto sobre el resto de la economía. Un impuesto a las transacciones financieras reduciría la liquidez disponible en los mercados, encarecería el acceso al capital y provocaría una caída de la ivnersión. En el largo plazo, cualquier expectativa al alza en la recaudación se vería neutralizada por el impacto negativo en el crecimiento económico, y por tanto en el total de la población.
Otro problema sería la discrecionalidad. Como desarrolla aquí Leonard Burman, economista especializado en política fiscal, no todas las áreas de inversión se verían igualmente afectadas:
Los oponentes al impuesto argumentan que sería ineficiente y que sus objetivos estarían mal definidos (...) La tasa gravaría los activos más intercambiados, afectando determinadas industrias más que a otras, y por tanto distorsionando la actividad económica. Un impuesto a las transacciones financieras sería indiscriminado, gravando tanto el comercio especulativo como el productivo. Aumentaría el coste de acceder al capital, desincentivando la inversión. Y podría provocar que los precios se ajustaran con lentitud a la nueva información, incrementando la volatilidad de los activos.
En Suecia el impuesto a las transacciones financieras fue un fracaso. (Lilibeth Bustos Linares/Unsplash)
Algunos casos arrojan algo de luz sobre la validez de estos argumentos. Suecia implantó un impuesto similar en 1984. Sus resultados fueron decepcionantes. La medida provocó que gran parte de la inversión huyera a otros mercados, libres de imposiciones fiscales, y deprimió la actividad financiera del país. Dos años después, y tras duplicar el tipo impositivo, la bolsa de Estocolmo reducía sus operaciones hasta un 30%; para 1987 la contracción llegaba al 60%. Poco después, el gobierno retiró el impuesto.
Como desarrolla aquí un economista sueco, es improbable que aquellas fluctuaciones a la baja estuvieran motivadas única y exclusivamente por la reducción de las operaciones especualtivas. Otros estudios, más recientes, se han fijado en el caso francés. Las conclusiones son similares, aunque con matices. La Tasa Tobin ha reducido el volumen de las transacciones, sí, pero también la volatilidad en los precios.
A grandes rasgos, parece difícil que los gravámenes a las transacciones financieras contribuya a prevenir crisis como la de 2008. Los inversores tienen instrumentos para buscar otros destinos donde sus operaciones no soporten el peso del impuesto. De ahí que la Unión Europea, o al menos parte de sus miembros, esté interesada en una tasa continental, el único modo de evitar competencia y de asegurar su efectividad.
Es parte del argumento esgrimido por Inverco, la patronal española de inversión, contra la Tasa Tobin planteada por el gobierno. "En la medida en que los planes de pensiones y fondos de inversión inviertan en empresas cotizadas españolas, este impuesto tendrá un impacto en su rentabilidad", explicó su presidente, Ángel Martínez-Aldama, el jueves pasado. La tasa reduciría en un 7,4% el patrimonio de los fondos de inversión y en un 5,6% el de los planes de pensiones, según sus datos.
¿Será así? Lo cierto es que gran parte de las consecuencias a medio y largo plazo causadas por la implantación de una Tasa Tobin siguen siendo... Una incógnita. En gran medida porque hay muy pocos referentes históricos a los que mirar, pero también por la escala de sus intenciones y lo complejo de los mercados sobre lo que operaría. Cuando se apruebe, si se aprueba, descubriremos su efecto.
Imagen: GTRES
