"Es muy difícil no caer en el alarmismo cuando hablamos del radón". En 2018, cuando nos felicitábamos por la entrada en vigor de la directiva europea 2013/59/Euratom, decíamos que por fin íbamos a tener instrumentos legales para controlar este un gas incoloro, inodoro, insípido e invisible que surge de manera natural del subsuelo de muchos lugares y es el responsable de hasta el 50% de toda la radiación que recibiremos a lo largo de nuestra vida.
Pecamos de optimistas. Casi dos años después, Europa acaba de abrir expediente a España por no establecer "normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes". Es decir, España carece de un plan nacional sobre los efectos nocivos del gas radón.
¿Qué es el radón?
Como decía, el radón es un gas ionizante que se origina en los subsuelos (sobre todo, graníticos). Al ser más pesado que el aire suele acumularse en los sótanos y bajos con mala ventilación. Por sus características físicas (la falta de olor, color y sabor), muchísimas personas viven sobre acumulaciones importantes del gas sin ser conscientes de ello.
Esto tiene consecuencias, según la OMS, el 14% de los cánceres broncopulmonares está relacionados directamente al radón y, como adelantaba, estima que alrededor del 50% de toda la radiación que recibe un ser humano medio a lo largo de su vida se debe a él.
En España, fuimos pioneros en el estudio del 'radón doméstico' durante los años 80. Gracias a eso, descubrimos que la geografía peninsular está llena de lugares repletos de radón. Galicia y especialmente la provincia de Ourense (cuyas mujeres son las más afectadas del país por el cáncer de pulmón) está en cabeza, pero también hay grandes concentraciones en el oeste de Asturias, León, Zamora, Salamanca, Extremadura y el noroeste de Andalucía.
Y, pese a todo, las autoridades hacen oídos sordos
Y no solo las españolas. La Comisión ha abierto expedientes idénticos a Austria, Bélgica, Estonia y Hungría como primera parte de un proceso que puede culminar con estos países sentados en el banquillo de del Tribunal de Justicia de la UE. En esa situación se encuentran Malta, Portugal, Chipre y Grecia, cuyos casos serán llevados presumiblemente al Tribunal en los próximos meses.
Y lo cierto es que no puede decirse que no hayan tenido tiempo. La directiva se aprobó en 2013 y tenía que estar transpuesta antes del 6 de febrero de 2018. A España, en este caso, la Comisión le ha dado dos meses más antes de continuar con el proceso de infracción. Y lo cierto es que, con el clima de inestabilidad gubernamental en el que se ha instalado el país, parece poco probable que cumplamos con estos plazos.
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