María Pilar Rosanes, madre de Josep Boan Rosanes, recibió en 2020 la peor noticia que puede recibir una madre. Su hijo había sufrido un accidente de tráfico. Mientras se desplazaban en moto por una carretera comarcal en Dumbría (Galicia), un conductor que circulaba a 130 km/h por una vía sin arcén le arrolló tras invadir el carril contrario.
En el accidente, su hijo perdió la vida y desde entonces lucha por incrementar las penas de prisión para los causantes de lo que considera violencia viaria. Cuentan con una campaña en Change.org para hacer presión a las autoridades y tratan de hacer pedagogia con todos los medios que tienen a su alcance.
Esta semana, los padres de Josep recibieron una carta de la Diputación de A Coruña en la que se los instaba a pagar 485,50 euros, a medias con el conductor condenado, por las tres horas y 20 minutos que duraron los trabajos de limpieza de la calzada.
En Xataka hemos tratado de ponernos en contacto con la Diputación de A Coruña pero no han respondido a nuestras preguntas. En La Vanguardia sí recogen que ésta se ha puesto en contacto con los medios de comunicación locales para justificar, en parte, el error y explicar lo sucedido, aunque recalcan que la orden de pago ha sido retirada.
Para tratar de entender lo sucedido, hemos contactado con el departamento jurídico de la Asociación DIA, especialistas en prestar apoyo a víctimas de accidentes, y Fundación AVATA de ayuda al accidentado para comprender qué mecanismos se activan en estos casos y cómo actúan las instituciones.
Accidentes quién paga
La Diputación de A Coruña, quien ha retirado inmediatamente la reclamación monetaria, ha señalado que la notificación fue enviada a la familia del fallecido porque fue imposible contactar con la aseguradora del mismo.
Desde las instituciones señalan que esta es la forma habitual de actuar. Según recogen en La Vanguardia, las reclamaciones de la cantidad "se mandan a todos los implicados en accidentes y después son los seguros los que determinan quién debe de abonarlos".
La versión coincide con la ofrecida por la Asociación DIA. "Muchos se sorprenden", nos señalan. Y prosiguen "¿pero no era gratis la seguridad social?". Lo que muchos no conocen, nos apuntan desde los servicios jurídicos de la asociación, es que, en caso de accidente, los servicios públicos implicados pueden repercutir los gastos en los causantes de los accidentes, incluidos los médicos.
"Es algo que también sucede con los accidentes laborales", nos explican. Cuando se produce un accidente de tráfico, el primer atestado de la Guardia Civil ya apunta quiénes son los posibles culpables de lo sucedido. El juez, teniendo en cuenta el informe del cuerpo de seguridad y el resto de pruebas presentadas será el que dictamine la culpabilidad y el grado de pena para el causante.
Cuando estos accidentes provocan, además, un gasto en la administración, con daños a los bienes públicos, ésta se pone en contacto con los seguros que tendrán que hacer frente a la cantidad demandada. "Siempre con el del causante del accidente", nos apuntan desde Fundación AVATA. El problema, en el caso de los padres de Josep Boan Rosanes, es que la Diputación de A Coruña se quería poner en contacto con el seguro de la víctima y, al no haber podido contactar con el mismo, ha reclamado la cantidad a los familiares más cercanos, sus padres.
"No conocemos con exactitud lo sucedido en este caso", nos recalcan desde la Asociación DIA, pero sí nos explican que esta forma de actuar es la habitual. La tramitación de la reclamación debía haber pasado antes por el seguro en lugar de llegar a los familiares en un primer lugar.
Desde Fundación AVATA coinciden. "En este caso parece que ha debido ser un error. Las instituciones lo tienen muy sencillo para contactar con el causante del accidente, está en la sentencia", nos apuntan.
Por último, ambos servicios jurídicos nos recuerdan que los seguros se harán cargo de la cuantía reclamada por las instituciones siempre. Sin embrago, dejan claro que, si hemos incurrido en una falta que permita al seguro desentenderse como, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas al volante, éste podrá reclamarle la cantidad posteriormente al infractor.
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