A principios de febrero de 2022 Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Thierry Breton, el comisario europeo de mercado interior y servicios, anunciaron que Europa estaba preparando su propia ley de los semiconductores. La directiva 'Chips Act', que es como se la conoce, persigue poner al Viejo Continente en el mapa mundial de los circuitos integrados, y para hacerlo posible movilizará 43.000 millones de euros entre inversión pública y privada.
Su plan es aglutinar el 20% de la producción mundial de chips en 2030, y no lo tiene fácil. En apenas siete años va a tener que desarrollar drásticamente su industria de los semiconductores, y este no es precisamente un sector en el que los grandes movimientos pueden acometerse con ligereza. Entre otros requisitos es necesario invertir mucho dinero, y, precisamente, la Comisión Europea acaba de dar un paso hacia delante importante que con toda seguridad persigue reforzar el tejido necesario para llevar a buen puerto su plan.
Y es que acaba de aprobar el proyecto IPCEI ME/CT, una iniciativa en la que intervienen catorce países europeos, entre los que se encuentra España, y que movilizará 8.100 millones de euros en financiación pública. No obstante, la Comisión también espera recibir el respaldo del sector privado, que aportará 13.700 millones de euros adicionales. Este capital se utilizará en proyectos de investigación y desarrollo en los que estarán involucradas 56 compañías (algunas de ellas son empresas emergentes).
El objetivo de este plan es fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en materia de semiconductores y comunicaciones. No obstante, el comunicado de la Comisión Europea contiene varias precisiones que merece la pena que no pasemos por alto. Por un lado anticipa que este esfuerzo debe abordarse con el propósito de desarrollar soluciones eficientes desde un punto de vista energético. Además, indica que los métodos de fabricación tienen que minimizar los recursos que es necesario invertir. Las primeras soluciones estarán listas, según la Comisión, en 2025, y el proyecto concluirá en 2032.
Qué tiene Europa y qué está en camino
Para poner en perspectiva las cifras con las que hemos coqueteado en los párrafos anteriores podemos recordar que las dos fábricas que TSMC está construyendo actualmente en Arizona (Estados Unidos) van a tener un coste total de 40.000 millones de dólares, una cifra que casi multiplica por cuatro los 12.000 millones iniciales. Intel, por su parte, invertirá 17.000 millones de euros en las dos fábricas que va a poner a punto en Madgeburgo (Alemania).
La Comisión Europea también espera recibir el respaldo del sector privado, que aportará 13.700 millones de euros adicionales
De hecho, Pat Gelsinger, el director general de esta empresa estadounidense, se ha comprometido con Europa a invertir durante esta década un total de 80.000 millones de euros con el propósito de reforzar el rol del Viejo Continente en la industria de los chips. Ahora mismo el compromiso de Intel es el más sólido procedente de la empresa privada con el que cuenta Europa, aunque TSMC sigue sus pasos. De hecho, su cúpula directiva está negociando con el Gobierno alemán las condiciones que requiere para aprobar la construcción de una planta de semiconductores en el estado de Sajonia.
El Gobierno japonés también está interesado en tener una fábrica de circuitos integrados de esta compañía taiwanesa dentro de sus fronteras, y ha ofrecido a TSMC hacerse cargo del 50% del coste de la nueva planta. Hasta ahora las subvenciones que ha aprobado la Comisión Europea y las que está negociando con otros fabricantes de semiconductores contemplan un tope máximo del 40% del coste total de las instalaciones, por lo que no está claro aún que vaya a igualar la oferta que ha hecho Japón a TSMC. Veremos qué sucede finalmente, pero no cabe duda de que contar con una planta del mayor fabricante de chips del planeta en suelo europeo es una baza de la que Europa no puede prescindir.
Imagen de portada: Intel
Más información: Comisión Europea
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