Madrid Central anulado: el Supremo tumba la zona de bajas emisiones y miles de multas quedan en el aire

Madrid Central anulado: el Supremo tumba la zona de bajas emisiones y miles de multas quedan en el aire
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Enrique Pérez

Editor Senior - Tech

Editor especializado en tecnología de consumo y sociedad de la información. Estudié física, pero desde hace más de diez años me dedico a escribir sobre tecnología, imagen y sonido, economía digital, legislación y protección de datos. Interesado en aquellos proyectos que buscan mejorar la sociedad y democratizar el acceso a la tecnología. LinkedIn

Madrid Central ha quedado anulado. La zona de bajas emisiones de Madrid ha sido tumbada por el Tribunal Supremo tras rechazar el recurso de casación de Ecologistas en Acción contra la sentencia del Tribunal Superior de Madrid. El máximo organismo judicial da así la razón al TSJM y confirma la suspensión de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que se impulsó durante el mandato de Manuela Carmena, ex-alcaldesa de Madrid.

Los jueces del Tribunal Supremo describen la zona de bajas emisiones como un asunto de "trascendencia social", pero explican que el error en la presentación de la memoria económica del proyecto lleva a la nulidad.

800.000 multas quedan en el aire

En concreto, los magistrados citan "defectos formales", con la "omisión del trámite de información pública". Debido a esto, quedaron anulados los artículos del 21 al 25 de la ordenanza de Madrid Central.

Martínez Almeida, actual alcalde de Madrid, aseguraba en 2020 que los 36 millones de euros en multas por Madrid Central serían devueltos a los conductores. La decisión del Supremo deja en el aire estas multas.

800.000 multas por Madrid central que ya no tienen amparo legal y podrán ser devueltas a los previamente considerados infractores.

Desde Ecologistas en acción lamentan que "la actual configuración del recurso de casación lo convierte en un medio de impugnación de extraordinaria dificultad técnica", apuntando que "los 11,7 millones de euros durante siete años del coste de la puesta en funcionamiento son una parte ínfima respecto al presupuesto municipal que supera los 5.000 millones anuales".

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