Salvo revés de última hora, todo parece dispuesto para que Gobierno y agentes sociales den el sí a una significativa subida del sueldo de los trabajadores más precarios. Después de una década en la que el poder adquisitivo de la clase trabajadora española había ido mermando y ahora que se dice que la recuperación va tomando cuerpo, era hora de que se recuperase algo de ese esfuerzo que hemos hecho entre todos.
Aunque el acuerdo lo ha adelantado la nueva Ministra de Trabajo, la socialista Magdalena Valerio, parece que fue el Gobierno saliente quien avanzó gran parte de este compromiso, con Fátima Báñez como principal mediadora de un acuerdo que lleva gestándose tras nueve meses de esfuerzo. La petición de una importante subida salarial la venían haciendo los sindicatos mayoritarios desde tiempos inmemoriales, y parece que las presiones y la salud económica ha hecho que la patronal dé ahora su brazo a torcer.
🔴 ÚLTIMA HORA
— 24h (@24h_tve) 13 de junio de 2018
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, @mvalerio_gu, adelanta que el acuerdo entre Gobierno y Agentes Sociales contempla un salario mínimo por convenio de 1.000 euros en 14 pagas (14.000 euros anuales) https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/lFMKCkgOpV
Traduciendo: salario mínimo por convenio de al menos 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas, o 1.166 si lo prorrateamos a 12. Es lo que venía recomendando la Carta Social Europea, que establece como referente para el SMI el 60% del salario medio del país.
A cambio, los sindicatos ceden en la subida salarial generalizada para el resto de trabajadores: del 3% que demandaban, es posible que se quede ahora en torno a un 2% más un variable en las empresas y sectores donde la productividad lo permita. La aplicación de este “mileurismo” se llevará a cabo de forma progresiva por las empresas hasta su consecución total en 2020.
Tampoco se materializará todavía la garantía salarial, una cláusula por la que patronal y trabajadores pactan la revisión al alza de las tablas salariales cuando el IPC real supere bien al IPC previsto o al incremento retributivo acordado en convenio. Algo que estaba en plena vigencia en la mayoría de convenios de antes de la crisis, pero que se ha mermado a sólo el 23% de ellos. Mientras UGT y CCOO pedían que, para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, se tuviera en cuenta cada año la desviación de la inflación, la patronal no quiere incluirla, como mínimo no vinculada al IPC.
¿Y cuánta gente va a verse afectada por el cambio?
Pedro Sanchez junto a Pepe Álvarez y Magdalena Valerio en una reunión en Moncloa con los representantes de los Agentes Sociales (CC.OO, UGT, CEOE y CEPYME).
Es difícil de precisar, pero puede hacerse una estimación próxima. Si nos fiamos de las cifras de la Encuesta de Población Activa o EPA, en 2016 hubo 1.029.200 asalariados a jornada completa que ganaron menos de 1.002 euros al mes en 12 pagas. De entre todos ellos la mitad, algo más de medio millón, cobra el salario mínimo, que está ahora en 850 euros en 12 pagas. Para este tramo de trabajadores, los más desfavorecidos, la subida supondrá un aumento de su salario en un 35%.
La dificultad se encuentra al analizar el siguiente tramo recogido por la EPA. 2.3 millones de trabajadores gana en España menos de 1.230 euros al mes, lo que son 14.751 brutos al año. Es decir, que entre el millón de personas que cobran menos de 12.000 al año y los 2.3 millones de personas que cobran poco más de 14.000, hay más de un millón de personas que podrían percibir una mejora, siempre que su sueldo no sobrepase esa pequeña diferencia.
Si se lleva a términos porcentuales, la medida beneficiará a entre un 8,1% y un 18,5% de todos los empleados a tiempo completo de nuestro país. Si eres nimileurista por cuenta ajena a 40 horas, esta medida que está a punto de caramelo te va a venir muy bien.
Subir el salario mínimo: limitaciones, riesgos y oportunidades
La realidad española, la temporalidad, la parcialidad y el trabajo por cuenta propia en fraude que caracteriza buena parte del mercado laboral actual, menoscaba la alegría de la noticia. Según los datos del sindicato de Técnicos de Hacienda, 8.1 millones de trabajadores españoles no son ni mileuristas, cotizan por menos de 12.000 euros al año.
Esta medida va a contentar a más de un millón de empleados, los que tengan un contrato de 40 horas, pero quedan en la cola todos esos otros trabajadores a los que se emplee por meses o días o por jornadas de menos tiempo. Los empleados temporales y de jornadas parciales, por cierto, tienen retribuciones por hora muy inferiores a las de los empleados indefinidos, según la EPA.
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— Las Kellys Madrid (@LasKellysMadrid) 6 de abril de 2018
"Él preside, ellas se organizan"
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(con Eulalia Corralero de #LasKellys Confederadas) pic.twitter.com/5O4WPfjGOU
Por otra parte, muchos economistas y empresarios han sido críticos con los beneficios de subir el salario mínimo. Decía el presidente del IEE el año pasado que subir el salario mínimo "no frena el desempleo, sino que aumenta inexorablemente la proporción de empleo temporal y parcial". Lo mismo opinaban desde la CEOE. Según la teoría, los empleos menos productivos, que suelen ser los que se concentran en los salarios más bajos, son los más afectados ante la obligación de subir el salario por encima de su productividad.
Otros economistas señalan que la temporalidad tiene más que ver con el marco legislativo y el tejido empresarial del país. Que subida de salarios bajos no se traduce necesariamente en destrucción de empleo. Además, y yendo al contexto actual, cuando el SMI subió en España en 2017 un 8% no sucedió la catástrofe. La creación de empleo se mantuvo y también aumentó el gasto medio por hogar.
Y de fondo, las pensiones
Ese es el otro objetivo de la propuesta y que deberá tener bajo el radar la nueva Ministra de Trabajo, que aumente la recaudación de Empleo. Como sabemos, la demografía española y la realidad laboral auguran un futuro bastante negativo para la viabilidad de las pensiones de los próximos jubilados. Aunque se están creando más puestos de trabajo, se crea menos empleo. Esto es evidente si miramos los porcentajes de horas trabajadas en España, que son un 12% menos que las que hacíamos en 2007.
Es decir, aunque más gente esté encontrando trabajo ahora, es más parcial. Los jóvenes tienen empleos más precarios con unas cotizaciones más pobres que las de sus mayores, los salarios de los trabajadores de los tramos intermedios todavía están cayendo. Para colmo, el Estado está dejando de recaudar un importante montante en sus presupuestos al hacer mayores devoluciones fiscales a las empresas.
Hace falta que los españoles tengan más y mejores cotizaciones a la Seguridad Social si queremos mantener el sostén del bienestar, que ya es de por sí bastante bajo en España con respecto a nuestros vecinos europeos. Y para aderezarlo, añadir otras propuestas para sanear el mercado laboral y encontrar nuevas vías de ingresos, como podrían ser: racionalizar la distribución de la renta gravando las más altas, aumentando el impuesto de sociedades, luchando contra el fraude fiscal, subiendo el IVA, subiendo el IRPF, haciendo que los robots coticen, poniendo un impuesto a la banca (como ha rumoreado Valerio)... Dependerá de la voluntad política del nuevo Gobierno de afrontar este problema y del margen de acción que le den los demás partidos.
