Japón personifica el declive demográfico de los estados desarrollados. El año pasado registró 450.000 más muertes que nacimientos. Sus perspectivas demográficas son aterradoras: si el país no logra revertir la tendencia, perderá la mitad de su población en el próximo medio siglo (80 millones de habitantes). La situación es preocupante por muchos motivos, pero ninguno tan acuciante como el económico. Las empresas japonesas no encuentran trabajadores. Están desapareciendo.
Así que el gobierno está recurriendo a medidas inéditas.
Trabajar menos. Es bien conocida la cultura de la hora extra que impera en la mayoría de las empresas japonesas. Un empleado puede pasar en la oficina hasta 80 horas al mes por encima de su jornada laboral. Algunas encuestas del gobierno han descubierto que el 63% de los japoneses se siente culpable si pide días libres, y que la mayor parte de ellos regala diez días de vacaciones pagadas a sus empleadores. El "karoshi", la muerte por trabajar demasiado, es el fenómeno extremo.
Al menos 170 personas murieron por sobrecarga laboral en 2017. Algunos de ellos superando las ¡300! horas mensuales.
La ley. Desde abril, la situación debería cambiar. Hasta ahora las empresas podían pedir a sus empleados que hicieran tantas horas extra como fuera necesario. La regulación aprobada por el gobierno de Shinzo Abe limita en 45 horas el máximo mensual de un trabajador, y en 360 el anual. Sólo en casos extremos se podrá extender el máximo a las 100 horas mensuales y a las 720 anuales. En teoría, el gobierno castigará a las empresas irregulares con multas por encima de los 2.500€.
¿Funcionará? Se supone que sí. Pero por el momento sólo un 33% de las empresas cumplen.
¿Para qué? He aquí el problema: a Japón le faltan trabajadores. Con una tasa de paro del 2,3%, se crean 161 puestos laborales por cada 100 personas dispuestas a trabajar. El gobierno lo atribuye, en parte, a la cultura de la hora extra. Los japoneses se cuentan entre las personas menos sexuales de planeta (el volumen de asexuales es altísimo, y la mitad de los solteros por debajo de los 30 años aún son vírgenes), lo que, obvio, influye negativamente en la tasa de natalidad.
La ley quiere incentivar un cambio cultural entre los japoneses. Que salgan de la oficina a su hora, vayan a casa, socialicen, pasen tiempo con su familia... Y tengan hijos.
Inmigración. En paralelo, Abe ha abierto las puertas del país. Históricamente cerrado a los flujos migratorios (aún hoy los inmigrantes no representan más del 2% de su población), Japón quiere ahora atraer a mano de obra extranjera y cualificada para rellenar los miles de puestos vacantes en su tejido productivo. Desde la pasada primavera los requisitos para acceder a una visa residencial y laboral se han suavizado. Se espera que unos 345.000 trabajadores lleguen al país.
El problema, para muchos, son las durísimas condiciones laborales que muchos empresarios les plantean. Horas extras, pagos por debajo del salario mínimo, condiciones pésimas. Y también el choque cultural.
Mujeres. Es una medida menos publicitada por el ejecutivo, pero de momento más efectiva que las dos anteriores para suplir vacantes: la incorporación de la mujer al mercado laboral. Hay 500.000 más trabajadoras que el año pasado, y también espacio para el crecimiento. A día de hoy tan sólo el 70% de las mujeres japonesas tienen un puesto de trabajo, frente al 84% de los hombres. El gobierno ha incentivado a las empresas a contratar a más mujeres, y se espera que las cifras aumenten.
Combo. Es un círculo vicioso: los japoneses trabajan mucho, lo que les impide conciliar una vida familiar, lo que desploma la natalidad, lo que provoca que haya pocos trabajadores, lo que obliga a los que quedan a trabajar mucho. Algunos centros de cuidados ya están recurriendo, cómo no, a los robots, e instalaciones sociales y penitenciarias se están quedando sin trabajadores sociales para reinsertar a su reclusos. Entre tanto, el gobierno subirá el salario mínimo para hacer más atractivo trabajar (lo justo).
Imagen: Amos Bar-Zeev/Unsplash
