Soterrado bajo cuestiones más acuciantes, el debate sobre las ocupaciones de viviendas ilegales ha llegado a su parcial punto y final: el martes la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley de desahucio exprés. Tras su tramitación y aprobación en el Senado, la ley permitirá agilizar los desalojos con plazos judiciales muy reducidos y sin necesidad de ofrecer alternativas habitacionales a los okupas. Veamos qué cambia la ley y por qué se aprueba.
¿Qué dice la ley? Que a partir de ahora las resoluciones judiciales contra las ocupaciones de viviendas deberán resolverse en un máximo de veinte días. Los dueños legítimos del piso deberán presentar las escrituras de la casa, y si los ocupas no han sido capaces de mostrar documentación que acredite su estancia ilegal en la vivienda, la policía podrá desalojarlos en un plazo mínimo de cinco días. Visto y no visto. Hasta ahora, los tiempos judiciales eran más lentos.
¿A quién afecta? No a todo el mundo, y este es uno de los puntos clave de la nueva legislación. Los desalojos exprés sólo podrán efectuarse cuando la propiedad esté en manos de ciudadanos particulares, de entidades sociales sin ánimo de lucro o de la administración pública. Si el piso pertenece a un fondo de inversión (los célebres "fondos buitres") o a una entidad privada (un banco) tendrá que recurrir a los procedimientos habituales, más lentos y más garantistas.
¿Cuál es la crítica? A priori, la legislación busca proteger al propietario: si tienes un piso vacío por el motivo que sea y un grupo de personas lo ocupa, podrás recuperarlo hasta cinco días después de poner la denuncia. Para los partidos críticos con la ley, como Unidos Podemos, el problema es otro: deja en una situación precaria a familias y personas en riesgo de exclusión social que, desalojados, no tienen un techo donde dormir. De ahí que hayan recurrido la legislación al Constitucional.
¿Quién lo apoya? Los grupos conservadores del Parlamento. En esta ocasión no ha habido eje nacional que rompa la unidad de la derecha: la propuesta partía de Democracia y Llibertat (el partido anteriormente conocido como CiU) y ha tenido el aval tanto del Partido Popular como del PNV, además de Ciudadanos, particularmente entusiasta en su apoyo público al proyecto de ley. Para todos ellos, era esencial dar amparo legal a los dueños de pisos ocupados.
La izquierda se ha opuesto, pero ha perdido. El PSOE llegó a apoyar parte del proceso legislativo, pero finalmente ha decidido rechazarlo.
¿Es tan importante? Depende a quién preguntes. Los dueños de los 45.000 pisos ocupados en España en 2017, según el Ministerio del Interior, juzgarán la ley clave. En realidad, a la mayor parte de ellos no les afecta el desahucio exprés: son bancos que poseen miles y miles de viviendas vacías (sólo Bankia y Popular tienen más de 7.000). Para la PAH, que ha reubicado a miles de familias en los más de millón y medio de pisos vacíos en el país, la ley es un ataque a personas en situación de vulnerabilidad.
Imagen | Andres Kudacki/AP
