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Ni en Galicia ni en el resto de España hay una ley que permita recalificar suelo quemado tras un incendio

Ni en Galicia ni en el resto de España hay una ley que permita recalificar suelo quemado tras un incendio
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Esther Miguel Trula

Ocurre cada vez que España es testigo de un macroincendio y esta vez le ha tocado el turno, como tantas otras veces, a Galicia, que desde ayer vive una jornada aciaga en la que las movilizaciones populares y los activos intra y extra regionales están consiguiendo paralizarlo.

Pero no, el drama de la quema no tiene tanto que ver con complots especuladores ni con la famosa Ley de Montes que aprobó el PP dos años atrás. No hay una cooperación entre pirómanos y empresarios para devastar los territorios gallegos en los que construir vivienfas u hoteles. Se trata más bien de una tragedia de factores acumulados entre los que se cuentan la particularidad territorial del suelo gallego, el cambio climático y la errónea gestión forestal por parte de la Xunta y el Gobierno central.

Desmontando el mito de la recalificación

“Las comunidades autónomas podrán recalificar los terrenos tras un fuego” rezan los artículos que se propagan en redes simultáneamente al crecimiento del fuego. Sin mayor contexto, algunos directamente acusando de la mala fe del ordenamiento de Montes aprobado por el PP.

Da lo mismo que durante los últimos dos años hayan salido organizaciones como Greenpeace, WWF o la Fundación Civio a negar una y otra vez la correlación entre incendios y especulación inmobiliaria. Se sigue creyendo que, si arde, es por interés, aunque de facto sólo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se haya provocado para obtener una modificación en el uso del suelo.

Primero, la inmensa mayoría de las hectáreas asoladas en estas horas van a entrar en la calificación de “terrenos protegidos”. La Ley de 2015 los describe así:

Los montes pertenecientes al dominio público forestal tendrán la consideración de suelo en situación rural, a los efectos de lo dispuesto por la legislación estatal de suelo, y deberán quedar preservados por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización.

Es decir, que por encima del interés urbanístico está la protección del espacio natural.

Y segundo, son las comunidades autónomas, no el Gobierno central, el que puede cambiar el uso del suelo, pero deberá aplicarlo como norma "excepcional", sólo cuando existan "razones imperiosas de interés público de primer orden”.

Si se decidiera cambiar el uso del monte la Xunta tendrá que recoger las razones de ese supuesto interés público en convertir la superficie en terreno urbanizable mediante una ley, amén de adoptar medidas compensatorias para recuperar "una superficie forestal equivalente a la quemada".

Por si fuera poco, tendrían que esperar al menos 30 años para poder cambiar expresamente el uso forestal. Como ya os comentamos con detalle a raíz de los incendios de Doñana, “la recalificación no es inmediata, sino que se ha de dejar un tiempo para comprobar si la zona calcinada se regenera”.

Ah, y una cosa más: sólo se aplicará esa ley excepcional "siempre que con anterioridad al incendio forestal estuviera previsto el cambio". Es decir, que esos terrenos tendrían que haber sido objeto previo de informes de evaluaciones ambientales favorables a su nueva calificación antes de haber sufrido un incendio.

Como se ve, son muchas condiciones para alcanzar una ansiada recatalogación que pocos empresarios estarían dispuestos a correr, empezando por la condición de moratoria de tres décadas, tras la que la recalificación ni siquiera es segura, y por haber conseguido informes favorables antes de la catástrofe.

Culpemos al plan forestal, al eucalipto y al hombre

Si queremos señalar responsabilidades y, por tanto, hacer todo lo que esté en nuestra mano por evitar nuevas quemas masivas, sí tenemos algunas causas que señalar y atender. La primera es el factor humano: estos incendios suelen tener un primer causante. Hombres negligentes y pirómanos.

En segundo lugar hay otros factores que merecen ser contemplados, como la mala gestión del plan forestal gallego, que agota la mayoría de sus recursos en los incendios en vez de invertir en educación de la ciudadanía y planes preventivos. También el uso del eucalipto, un tipo de madera con un gran provecho industrial, que ha disparado su dominio en el suelo gallego y que ha demostrado ser el mayor combustible incendiario en los montes gallegos.

Tercero: aunque sabemos que en la quema de estos días las condiciones climatológicas han sido el factor decisivo, hay también un elemento en estas circunstancias al que no le prestamos suficiente atención, el de las malas prácticas ganaderas. Estas están detrás de la mayoría de los incendios del norte montañoso del país (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Navarra) por estas fechas.

Algunos ganaderos prenden los pastos para ampliar la superficie explotable del mismo y así eliminar el matorral. La famosa quema del rastrojo que a veces se va de las manos. A esta práctica se le atribuye el 63% de los incendios y el 46% de la superficie perdida cada año en toda España, pero como tienen lugar en los meses de invierno a primavera no medimos bien la dimensión del daño.

Y sí, como también hemos experimentado los españoles, estamos ante uno de los otoños más calurosos que se recuerden. A nivel fáctico tendríamos uno de los mejores cortafuegos posibles si empezásemos a tomarnos más en serio el cambio climático.

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