Es una gota más que parece colmar el vaso de los escándalos. Parece. Porque un día tras otros siguen llegando hasta nosotros noticias que vuelven a confirmar cómo la privacidad de nuestras comunicaciones y de nuestros datos es prácticamente inexistente.
Lo demuestra un sorprendente informe presentado por Vodafone en el que la operadora explica cómo diversos gobiernos aprovechan el marco legal que ellos mismos crean y controlan para "pinchar" las redes móviles que los usuarios utilizan a diario. Eso les da acceso total no solo a las comunicaciones de los clientes de Vodafone, sino también a datos como la ubicación desde las que se realizan esas comunicaciones.
Ese acceso indiscriminado a las redes móviles hace que teóricamente los gobiernos puedan saltarse de manera efectiva los permisos judiciales que teóricamente son necesarios para monitorizar las comunicaciones entre diversas partes. En Vodafone afirman que este tipo de actividad gubernamental se produce en 29 de los países en los que opera, y uno de ellos es España. En El País indican que un portavoz de la operadora ha negado que el gobierno tenga acceso a las redes móviles en nuestro país, algo que contradice lo publicado por la propia empresa.
En nueve de los países afectados por el escándalo -Albania, Egipto, Hungría, India, Malta, Qatar, Rumania, Sudáfrica y Turquía- "es ilegal revelar cualquier aspecto referido a la forma en la que se interceptan las comunicaciones en esos países". Eso significa que en dichas naciones los gobiernos parecen no necesitar pasar por los trámites judiciales que hasta ahora parecían uno de los pocos obstáculos que defendían el derecho a la privacidad de los ciudadanos, a su vez clientes de las operadoras móviles.
Sorprende también el informe por indicar que deberían ser los gobiernos los que se esforzasen por ser más transparentes en esta materia, y no las operadoras. Ninguna de ellas, afirman los responsables del estudio "está en condiciones de ofrecer un cuadro completo sobre el alcance de las peticiones de las agencias y las autoridades en el conjunto de un país ni de entender el contexto de las investigaciones".
Aún así, en Vodafone indican el número de peticiones judiciales para analizar esos datos en diversos países, y que por ejemplo en Italia fueron de nada menos que 600.000 durante 2013. En España ese número fue de 49.000, pero resulta cuando menos chocante que ese número fuera de tan solo tres órdenes judiciales pra la interceptación de comunicaciones en Francia.
Y la bola de nieve sigue rodando. Y se sigue haciendo más y más grande.
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