El Gobierno ha decidido ponerse serio con los alquileres de temporada, una fórmula que ha ido ganando peso poco a poco en el mercado del arrendamiento y se está utilizando —desliza el Gobierno— para burlar la ley de vivienda. Quienes quieran alquilar un apartamento durante seis o doce meses, por ejemplo, podrán seguir haciéndolo; pero cumpliendo ciertos requisitos que servirán de filtro. El objetivo: evitar que haya caseros que alquilen por temporadas sus propiedades únicamente para esquivar las exigencias que se aplica al alquiler habitual.
"No vamos a aceptar un fraude de la Ley", advierte el Gobierno.
Adiós a la barra libre. El anuncio lo ha hecho hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras reunirse con el grupo de trabajo creado precisamente para regular el alquiler de temporada: el Gobierno aplicará filtros para garantizar que los arrendamientos temporales son justo eso: contratos para circunstancias muy específicas, como la de un estudiante o un investigador postdoctoral que necesita alojarse solo durante los meses que dura el curso, no una herramienta a la que recurren los caseros para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
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Temporal… y demostrable. Para lograrlo el Gobierno exigirá a los caseros dos requisitos que buscan servir de filtro. El primero es que para firmar un contrato de alquiler temporal debe justificarse esa última palabra, la "temporalidad". ¿Cómo? Fijándose en la causa, explicaba esta mañana la ministra: "Si es un curso escolar, serán nueve meses; si es un festival cultural o acontecimiento deportivo, será un mes, dos… el tiempo que dure ese acontecimiento. Si es una investigación, puede ser un año o un año y tres meses", comentaba a modo de ejemplo Rodríguez.
La titular de Vivienda ha insistido además en que no llegará con respetar esa "causalidad". También deberá demostrarse. "Es necesario que podamos acreditarla a la hora de formalizar el contrato. Igual que para un contrato ordinario de alquiler se nos puede recurrir nuestra nómina o nuestro historial laboral, la idea es que se requiera de esta causalidad para justificar que el contrato efectivamente se debe al interés de la temporalidad", precisó la ministra, que aseguró tener constancia de pisos de este tipo que se usan como alojamientos turísticos en verano.
Un registro para evitar fraudes. La segunda novedad es que este tipo de contratos deberán incluirse en un registro estatal único, una herramienta que también se plantea para las viviendas de alquiler vacacionales. El objetivo: reforzar el control. Además de avanzar las herramientas de la que se valdrá el ministerio para lograrlo, Álvarez ha explicado cómo las desarrollará. El Gobierno preparará un real decreto urgente que desarrollará el artículo 3 de la LAU. Efe va más allá y aclara que Vivienda quiere tenerlo listo en breve, ya para finales de verano.
¿Cuál es el objetivo? U objetivos. Álvarez ha desgranado algunos esta mañana. Durante su comparecencia tras reunirse con el grupo de trabajo insistió en que el Gobierno quiere "proteger, regular y dar garantías" a los inquilinos que realmente necesitan alojamientos temporales, como estudiantes o investigadores. Otro de los objetivos es evitar que haya caseros que recurran al arrendamiento de temporada para "burlar el cumplimiento de la LAU", que blinda los contratos durante un mínimo de cinco años, o incluso para evitar para evitar el límite de precios.
"Proteger, desarrollar, regular, dar seguridad jurídica y garantías a las personas que necesitan este tipo de alojamientos para evitar lo que se está produciendo: este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler residencial al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios", argumenta la ministra de Vivienda.
Una herramienta el alza. La decisión del Gobierno llega en pleno alza de los contratos de alquileres de temporada. Hace solo unos meses Idealista publicó un informe que revelaba que durante el primer trimestre este tipo de arrendamientos experimentó un crecimiento interanual del 56% mientras la oferta de alquileres permanentes experimentaba una tendencia opuesta y caía un 15%. No solo eso.
El aumento de este tipo de pactos de temporada ha alcanzado una cuota considerable en el mercado, de alrededor del 11%. En lugares como San Sebastián o Barcelona Idealista calculaba que el 30% de las viviendas disponibles se ofrecían como alquileres de temporada. En Cádiz suponen el 21% y Madrid el 15%. En las zonas menos tensionadas la modalidad era prácticamente inapreciable.
En las localidades más turísticas y de mayor demanda los porcentajes más elevados se explican por la rentabilidad que ofrecen a los caseros arrendar durante temporadas sus pisos a extranjeros capaces de abonar alquileres muy por encima de los valores que tendrían que aplicar si se enfocasen al mercado local.
Voces críticas. No todos ven con buenos ojos la fórmula del Gobierno. Ni comparten que ayudará a atajar la fuga de propiedades desde el mercado del alquiler tradicional. ABC asegura en concreto al Sindicato de Inquilinas, que advierte de la "ineficacia" de la medida. "El reglamento propuesto permite seguir usando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o hacerle pagar una fianza más alta de la permitida. Esto sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y aumentar el precio cada año, algo que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco años", apunta el colectivo.
Imagen |Anastasiia Tarasova (Unsplash)
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