Portugal está experimentando con límites al precio del alquiler. Le está saliendo regular

Lisboa
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Salarios estancados, presión turística y escasa oferta. Es una receta que sólo conduce a un camino, como bien saben tantas y tantas ciudades del mundo: el aumento del alquiler. Portugal tampoco es ajena a la crisis. Sólo en Lisboa los precios crecen a un ritmo del 18% anual, colocando un piso con dos habitaciones por encima de los 1.200€ al mes. El creciente interés turístico del país (la capital recibe más de cuatro millones de habitantes anuales; aloja a escaso medio millón de personas) ha generado una bomba de relojería.

Y desde julio, el gobierno luso aspira a ponerle coto con el Plan de Alquiler Accesible (PAA).

Funcionamiento. La ley establece un mecanismo voluntario disponible para todos los caseros y para un porcentaje de los inquilinos del país. Quienes deseen acogerse a sus ventajas lo pueden hacer a partir de un portal digital. Una vez dentro, se obtienen determinadas ventajas fiscales por parte de los propietarios, al tiempo que obligaciones concretas sobre los precios del alquiler. A grandes rasgos, funciona así:

  • Se pueden acoger quienes cobren menos de 35.000€ anuales. Si se trata de una pareja, las ganancias no pueden superar los 45.000€. Por cada miembro más de la familia se eleva el límite 5.000€.
  • El precio del alquiler no puede superar el 35% de las ganancias mensuales de los inquilinos. Debe estar por debajo del 20% del Índice de Referencia (seis niveles distintos en función del municipio: Lisboa sería el más alto).
  • Los caseros se beneficiarán de algunas deducciones fiscales en determinados impuestos. También tendrán que contratar tres seguros distintos, garantizados por el estado, en caso de impagos.
  • Los contratos se firman por un periodo mínimo de cinco años. No se aplica a estudiantes ni a residencias temporales o vacacionales.

Problemas. Es una ley ambiciosa, similar a la aprobada por Barcelona, pero muy criticada. Las asociaciones de propietarios lamentan los escasos incentivos fiscales para entrar en el programa. Los trámites burocráticos y el contrato de seguros neutralizan gran parte de su atractivo. Por parte de los inquilinos el lamento es más elemental: la ley no reduce lo suficiente el precio del alquiler. Pese a quedar por debajo del 20% del Índice de Referencia, siguen siendo pisos caros.

Por el momento, los portugueses la han acogido con cautela. Durante la primera semana sólo se registraron 1.413 inquilinos, y tan sólo 35 propietarios. Cifras magras para tener un impacto real.

¿Por qué? Por los salarios portugueses. La renta per cápita no supera los 21.000€ anuales, con grandes disparidades, y el salario mínimo se fija en los 700€ mensuales. Lisboa es el mejor ejemplo: si el Índice de Referencia se fijara en los 1.200€, el programa colocaría el precio del alquiler en unos 960€. Según los propios términos fijados por el gobierno, ninguna persona por debajo de los 30.000€ anuales, una renta moderadamente holgada en Portugal, podría acogerse al PAA.

Turismo. La regulación del mercado de la vivienda era una medida clave en el programa de Costa. A escasos meses de unas elecciones parlamentarias cruciales para su gobierno, la medida aspira a arañar votos entre el electorado más desfavorecido. Sin embargo, la ley, voluntaria, no soluciona otro de los grandes problemas en las urbes turísticas: la proliferación de AirBnb. Lisboa cuenta más de 20.000, de los cuales el 85% funcionan a tiempo completo (no se comparten).

Hay que elegir. Portugal no puede prescindir del turismo. Como vimos en su momento, sus espectaculares resultados económicos (superávit de las arcas públicas a los pocos años de un rescate brutal) surgen de un boom turístico sin precedentes. Crece a un ritmo del 10% anual (más de 12 millones de visitantes extranjeros) y ya es el primer empleador del país (1 millón de puestos). En parte por tratarse de un destino soleado, agradable... Y más barato que España o Italia.

En esa ecuación juega un rol clave la vivienda. Desde 2009, Portugal desgrava la totalidad de los impuestos a residentes extranjeros durante sus diez primeros años de estancia. Una golosina para numerosos inversores del sector inmobiliario que han contribuido a inflar la burbuja y los precios del alquiler.

Imagen: Andreas Brücker/Unsplash

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