Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy una batería de medidas destinada a atajar nuevos brotes en la Comunidad de Madrid. Una de ellas, la mascarilla obligatoria en todos los espacios públicos, ya había sido implementada por el resto de gobiernos autonómicos. Otra aún no, pese a que algunos habían tanteado con ella. Se trata del "pasaporte serológico", o como Ayuso lo ha bautizado, la "cartilla covid-19".
Qué es. A grandes rasgos, consiste en un certificado de inmunidad. Aquellas personas que hayan sufrido la enfermedad, y que por tanto hayan generado los suficientes anticuerpos como para no contagiarse de nuevo, podrán utilizar su pasaporte para acceder a diversos espacios públicos en riesgo de cierre total o parcial, tales como los cines, los gimnasios, los bares o los restaurantes, potenciales puntos de contagio.
Se trataría de una tarjeta que habilitaría a una libertad de movimientos total, sin riesgo sanitario alguno.
Antecedentes. No se trata de una idea nueva, ni en España ni en el mundo. Países como Corea del Sur o China lo han utilizado durante los últimos meses para restringir el tránsito de aquellas personas potencialmente contagiadas. Chile lo introdujo pocos meses después. A nivel nacional, comunidades como Castilla y León o Cataluña (bajo distintos nombres, como el "certificado de inmunidad") tantearon su implantación, sin que en ningún momento llegara a concretarse.
El Ministerio de Sanidad siempre se ha opuesto.
¿Por qué? Como explican nuestros compañeros de Xataka, por las limitaciones médicas que plantea. El pasaporte serológico ha sido objeto de toda clase de controversias. Desde un punto de vista epidemiológico, su principal problema es la inmunidad. Aún no sabemos cuánto dura, cómo opera o si todos los enfermos disfrutan de ella. Muchos de ellos, como evidencian algunos estudios, no generan los suficientes anticuerpos tras superarla, muy en especial los asintomáticos.
Lo legal. Hay otros problemas. La la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene los enumeró en su momento, cuando Torra hizo un anuncio parecido. Los pasaportes, a su juicio, conducían a:
(...) la limitación estratificada de las libertades y derechos fundamentales por motivo de salud y a la discriminación y estigma en función del estado serológico (...) Las medidas dirigidas a hacer público el estado serológico pueden disuadir a la población en la búsqueda de atención sanitaria.
A juicio de la asociación, la medida no se atenía "a los principios constitucionales de no discriminación, de igualdad, de pertinencia y de proporcionalidad", vulnerando "el carácter confidencial de cualquier información clínica" y pasando por encima de la legislación laboral, que ampara a los trabajadores en caso de "ser requeridos" por sus empresas sobre si han pasado la enfermedad o no. Es decir, los problemas asociados al pasaporte irían más allá de lo sanitario.
Advertencias. Suspicacias compartidas por otros expertos, tanto jurídicos como sanitarios. A mediados de abril, Josefa Cantero , profesora de Derecho Administrativo, y Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva, escribían lo siguiente en The Conversation:
La mera exigencia del pasaporte serológico afecta al derecho fundamental a la intimidad. A lo que se suma que el derecho fundamental de libertad podría verse afectado si se exigiera el documento para circular (...) si intentamos utilizar las categorías jurídicas existentes en nuestro Derecho, no encontraríamos ninguna que nos permitiera encuadrar exactamente esta figura.
El pasaporte operaría como un "permiso administrativo" sobre determinadas actividades, permiso que tendría muy poco que decir al respecto de los derechos fundamentales, tales como el de circulación, dado que no requieren de "permiso" alguno para ejercerse, algo que el propio Torra ha experimentado en sus carnes tras el confinamiento suspendido de Lleida. Así las cosas, la implantación de un "certificado" de inmunidad "exigiría delimitar adecuadamente su naturaleza".
Campo abonado para el recurso judicial.
Privacidad. En mayo, cuando el interés por los pasaportes serológicos decrecía, otros dos expertos exponían en Nature diez razones para no implantarlos. Entre sus objeciones, los problemas que planteaba desde el punto de vista de la información personal:
El único objetivo de los pasaportes de inmunidad es controlar el movimiento de la población. De ahí que cualquier estrategia para la certificación de la inmunidad deba incluir un sistema de identificación y monitorización (...) Los documentos electrónicos presentan un serio riesgo para la privacidad. En algunas provincias chinas, códigos QR controlan la entrada a espacios públicos en base a la salud del individuo en relación al covid. Sin embargo, estas aplicaciones desvelan más información, incluyendo sus localizaciones, su historial de viajes, con quién han tenido contactos y otros parámetros sanitarios, desde su temperatura corporal hasta si han tenido un resfriado reciente.
En países con severas asimetrías en la aplicación de la fuerza policial, como Estados Unidos, tan abundante información permitiría a las autoridades redoblar su presión sobre comunidades ya marginadas. Y además, el establecimiento de mecanismos semejantes abriría una puerta inquietante de cara al futuro. Una vez se cede determinada información al estado, en ocasiones muy privada, habría que batallar para recuperarla.
La ética. El último gran argumento contra los pasaportes es más abstracto, y versa sobre las connotaciones éticas. En última instancia, los certificados de inmunidad plantean una "estratificación" social. Aquellos que ya han pasado la enfermedad y han desarrollado anticuerpos disfrutan de derechos extendidos; aquellos que no, no. Un sistema que ahondaría en determinadas discriminaciones y vulnerabilidades sociales.
Todo ello ha llevado a otros gobiernos, en especial los autonómicos, a limitar el enfoque de sus pasaportes, cuando no a anularlos. Madrid es el último ejemplo. Será cuestión de tiempo ver cómo lo implementan, y si lidia con algunos de los problemas planteados estos meses.
Imagen: GTRES
