Los pisos turísticos son pieza a cobrarse por los ayuntamientos de las principales ciudades turísticas. Sucede en Alemania, en Estados Unidos y, desde hace algunos meses, en España. Hace unas semanas conocíamos el radical plan de Palma para contener su proliferación y, con algo de suerte, reducir el impacto en los meteóricos precios del alquiler. Ahora ha llegado el turno de otra ciudad Mediterránea: Valencia. ¿Su plan? Más complejo: limitarlos a bajos y primeros pisos.
Regulación física. La medida se ha orquestado a dos niveles. Por un lado, las Cortes Valencianas han aprobado una reforma de la Ley de Turismo que dota de amplio margen de maniobra a los ayuntamientos. Por otro, el consistorio valenciano, la capital autonómica, ya ha acordado valerse del Plan General de Ordenación Urbana para contrarrestar la proliferación de pisos turísticos. ¿Y qué dice este? Que si una vivienda tiene por debajo otras para uso residencial, debe ser residencial.
Resultado: sólo valdrán como pisos turísticos los bajos y los primeros.
El registro. Para ello, la ciudad se valdrá del registro autonómico, obligatorio. Para su obtención, el piso deberá pasar un informe de compatibilidad urbanística. Dicho de otro modo, la comunidad comenzará a cribar qué viviendas pueden y no pueden ser utilizadas con fines turísticos. Todas las viviendas contarán con un número de registro, de tal que las inspecciones serán relativamente sencillas. Siempre y cuando el número se muestre en la aplicación, algo que no siempre ocurre.
Airbnb y otros portales ya han recibido multas de hasta 30.000 euros por parte de la comunidad. Si reinciden, se elevarán a los 600.000.
El espíritu. Valencia es el epicentro de una de las comunidades más visitadas año tras año en España. Su situación es similar a la de Palma y a la de las Islas Baleares en su conjunto, y no es en absoluto casual que la alianza política que ha apostado por la dura regularización de Airbnb sea muy similar (Compromís + PSOE + Podem, tanto en el ayuntamiento como en la Generalitat). La idea de fondo no es suprimir y cercenar la actividad turística, sino "ordenarla".
La carrera contra Airbnb. El método valenciano es novedoso. Hasta ahora, las políticas de cada ciudad han sido muy dispares. Palma ha prohibido la práctica totalidad de los pisos turísticos, aunque ha dejado espacio para las viviendas de otro tipo. Barcelona lleva casi un lustro embarcada en una larga batalla regulatoria que ha incluido sanciones masivas de alojamientos ilegales. Y Madrid está permitiendo a sus comunidades de vecinos decidir si su bloque puede tener fines turísticos.
Efectividad a prueba. Las experiencias de Nueva York y de San Francisco revelan que si bien Airbnb sí tiene un impacto muy definido en las ciudades (aunque los efectos sobre el alquiler sean disputados), su regulación no siempre es tan efectiva como se desea. En cualquier caso, en plena ascensión vertiginosa de los alquileres, los gobiernos municipales españoles han comenzado a observar a las plataformas digitales como un enemigo a batir. Cuestión distinta es que lo logren.
