"Desde julio, los casos de COVID-19 en niños han aumentado un 240% en EEUU". Con este titular, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, defendía la semana pasada "la necesidad de vacunar" a los menores de 12 años cuanto antes y reavivaba el interés en una pregunta que había pasado algo desapercibida en los últimos semanas: vacunadas las embarazadas y otros grupos especialmente protegidos, ¿qué hacemos con los niños?
Y es que tras meses repitiendo que los niños tenían mucho menos riesgo de desarrollar la enferdad y generar síntomas, la cuestión de la vacunación infantil se ha vuelto sorprendentemente polémica en la opinión pública. Una polémica que, como ya hemos visto en otras ocasiones durante la pandemia, se ha convertido en un revoltijo en el que los argumentos razonables y ponderados aparecen mezclados con ideas que solo podemos calificar de pseudocientíficas y conspiranoicas.
Y digo "sorprendentemente" porque, si nos fijamos en las últimas vacunas que han entrado en el calendario común de vacuanción, podremos ver que la mayoría de ellas lo han hecho con ensayos clínicos más pequeños y actúan frente a enfermedades con tasas de mortalidad (en niños) menores o similares al COVID. ¿Tiene sentido todo este debate?
Intereses, vacunaciones y salud pública
Las declaraciones de Bourla no son una sorpresa. Al contrario, se enmarcan dentro de un esfuerzo de las grandes farmacéuticas por poner en marcha grandes ensayos clínicos que les permitan obtener datos específicos con los que convencer a las agencias reguladoras y a los estados de que hay que cruzar la barrera de los 12 años. Un esfuerzo que ya está empezando a dar sus frutos y que ha permitido presentar a la misma Pfizer los resultados provisionales del ensayo en fase 2/3 que está llevando a cabo con niños de entre 5 y 11 años.
Y, precisamente esto, genera suspicacias. Sobre todo, porque las grandes farmacéuticas no han mostrado mucha delicadeza a la hora de defender sus intereses. Sin ir más lejos, pese a que los estudios que iban publicándose la inmunidad de las vacunas aguantaba a la perfección, los portavoces de los laboratorios aseguraban que la tercera dosis de recuerdo era una necesidad imperiosa. Esto, a medida que los países desarrollados llegaban a sus particulares "techos vacunales", ha generado la impresión de que era parte de una estrategia más comercial que sanitaria.
Un debate inminente. No obstante, el componente "comercial" que pueda tener el debate, no enmascara la cuestión central: que llegado el momento, como pasa con muchísimas otras enfermedades, la decisión de incluir la vacuna del COVID en el "calendario común de vacunación" va a estar encima de la mesa y que las autoridades sanitarias van a tener que tomar una decisión.
Una decisión que tiene muchas ramificaciones (y que tendrá que evaluarse con detalle), pero que no tienen nada que ver con la seguridad y la efectividad de la vacuna. Una vez que los ensayos clínicos que hay en marcha concluyan, el debate de la idoneidad de la vacunación no tendrá nada que ver con su seguridad y eficacia; sino con su fuerza como intervención de salud pública. Y lo cierto es que, como decía antes, si tomamos como referencia las últimas vacunas en incorporarse al calendario, no hay nada que nos haga pensar que las vacunas de ARNm tienen ningún problema particular.
La seguridad de las vacunas
Como señalaba Alberto García-Salido, intesivista en la UCI pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid, lo cierto es que casi todas las vacunas que se han incorporado al calendario vacunal infantil en los últimos años (el Neumococo, Meningocócica B o el Meningococo ACYW) lo han hecho con ensayos clínicos mucho más pequeños que los de las vacunas de ARN frente al COVID. Más aún: lo han hecho con muchísima menos atención mediática.
La única vacuna de reciente incorporación que ha protagonizado un debate similar fue la del papiloma humano y, si analizamos las evidencias disponibles en el momento de su aprobación, veremos que son muy parecidas a las actuales.
Esto es especialmente reseñable porque uno de los argumentos que se esgrimen contra las vacunas es la "excepcionalidad" de sus procesos de aprobación. Sin embargo, no es algo que no ocurre con la vacunación infantil frente al COVID: si todo sale según lo previsto, tendremos más datos que de muchas otras vacunas (algunas de las cuales tuvieron ensayos clínicos de unos pocos cientos de personas).
Tampoco se puede argumentar que estas enfermedades sean más peligrosas para la infancia que el COVID, nos explican desde la Asociación Española de Pediatría. Si nos fijamos en las tasas de mortalidad general, podría dar esa impresión; pero al centrarnos en las tasas en el contexto nacional (y teniendo en cuenta las particularidades del COVID en menores), vemos que la peligrosidad de las enfermedades es también homologable.
Está claro que se puede debatir sobre la oportunidad de empezar a vacunar a menores de 12 años y hay argumentos para ellos (desde su eficacia a nivel poblacional en las circunstancias actuales a la necesidad de destinar esas dosis a otros países con menores tasas de vacunación). Sin embargo, muchos otros argumentos caen por su propio peso. No se puede decir que estemos actuando de forma excepcional. Al menos, no en este caso.
Imagen | CDC
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