El certificado Covid se está convirtiendo en una suerte de salvoconducto para escapar de restricciones y confinamientos la próxima Navidad, en especial desde que varias comunidades autónomas han decidido pedirlo para acceder a restaurantes, albergues o gimnasios, y otras se estén planteando hacer lo mismo en breve. Una circunstancia que añade aún más valor a este documento, y que ha despertado la codicia de los falsificadores, tal y como ya contamos en Xataka.
Pero hacerse con uno de esos certificados falsos puede salir muy caro a quienes quieran eludir los controles sanitarios, ya que, de ser descubiertos, incurrirán en un delito de falsificación de documento oficial, tipificado en el artículo 392 del Código Penal, que prevé penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel y multas de entre 6 y 12 meses.
Para esta segunda sanción, la económica, el juez del caso impone la multa en función de los ingresos del acusado, lo que hace particularmente difícil establecer una cifra de referencia. No obstante, las fuentes consultadas por Xataka señalan que, por regla general, se suele partir de una pena de 6 euros al día. Por lo tanto, para una condena de 6 meses, la cantidad que tendría que desembolsar el sancionado sería de algo más de 1.000 euros, y de poco más de 2.000 si la sentencia alcanza el máximo temporal previsto por el Código Penal, 12 meses.
Pero, como decimos, se trata de una cifra base de referencia, por lo que las multas pueden ser muy superiores si los ingresos del acusado son medios o altos. “Como ocurre en cualquier ámbito penal, no se trata de una respuesta cerrada, sino que deberá someterse al arbitrio de lo que estime el juez y a las circunstancias de cada supuesto”, explica a Xataka Marta Guzmán, abogada de ECIJA.
Sin denuncias conocidas
A pesar de que los falsos certificados Covid llevan circulando al menos un mes por la red, aún no se conocen acusaciones, detenciones o condenas por falsificación de este tipo de documentos. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha confirmado a Xataka que, por el momento, no ha recibido ninguna denuncia por falsedad documental al respecto.
De lo que sí han trascendido numerosos arrestos es por falsificar pruebas PCR para, por ejemplo, hacer viajes internacionales o poder acceder a restaurantes. En estos casos también se considera que los autores y los beneficiarios han cometido un delito de falsedad documental.
Así, el diario El País informó en mayo de la detención de un farmacéutico del pueblo almeriense de El Ejido por vender PCR falseadas a marroquíes para que pudiesen viajar a su país. Eldiario.es, por su parte, contaba a finales del pasado septiembre que la Guardia Civil había desarticulado una banda dedicada a la falsificación y venta de pruebas PCR ilegítimas y arrestado a 14 de sus integrantes en Vitoria. Y La Vanguardia se hacía eco de un caso parecido, con dos detenidos, en Valencia.
Y estos son sólo algunos ejemplos, pero hay más. En ninguno de los casos consultados por Xataka sobre la falsificación de pruebas PCR había información sobre la condena, ni de cárcel ni económica, de los arrestados.
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