El Gobierno quiere conocer cómo funcionan los algoritmos de las empresas de reparto. Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aceptado incluir en la futura "Ley Rider" la propuesta de crear un registro público de plataformas digitales, las cuales estarán obligadas a informar de su actividad y ofrecer detalles sobre cómo funcionan.
Por el momento no hay un listado oficial de las empresas que quedarían registradas, pero se prevé que están incluidas algunas como Glovo, Deliveroo, Just Eat, Cabify o Amazon. Es decir, empresas relacionadas con el sector delivery y que se apoyan en los trabajadores sea para repartir un producto o realizar un determinado trayecto.
Según explica el documento, formar parte de este registro será indispensable para "todas las entidades que funcionen como plataformas digitales coordinando transacciones mediante el uso de algoritmos".
La futura "Ley Rider" obligará a concretar información sobre el trabajo de los repartidores
Al inscribirse en el registro, estas empresas deberán informar de las actividades, cuál es el convenio y cuál es su organización del trabajo, concretando el número de trabajadores y una "descripción de los diferentes puestos de trabajo".
Se trata de una iniciativa para ayudar a regular un sector que hasta la fecha ha estado sujeta a múltiples inspecciones. El pasado mes de octubre, se dio a conocer la noticia que Trabajo exigía a Glovo más de 16 millones de euros por 11.000 falsos autónomos regulados en las últimas inspecciones.
Muchos 'riders' de estas empresas han estado colaborando como "falsos autónomos", según dictaminó el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo, zanjando así el debate sobre la figura de estos trabajadores. Ahora, la futura "Ley Rider" quiere ir un paso más allá y concretar cómo trabajan estas compañías con sus contratados.
Para ello, las empresas del registro deberán informar del algoritmo aplicado para la organización, incluyendo al menos "el pseudocódigo o diagrama de flujo utilizado, así como los sistemas de reputación utilizados, en su caso, y a quién aplican".
Según la propuesta, los sindicatos tendrán derecho a conocer información relativa a estos algoritmos, para poder analizar de qué manera estos pueden incidir en las condiciones de trabajo y acceso al empleo. En caso de no inscribirse en el registro, se considerará infracción muy grave y conllevará una multa entre 6.251 y 187.515 euros.
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