¿Qué hacer con los inmigrantes convictos que, condenados a la deportación, no pueden abandonar el país por cuestiones legales? La pregunta capitaliza hoy el pulso político de Dinamarca, tras un acuerdo obtenido por el gobierno, dirigido por el centrista Venstre, y por Partido Popular Danés (DF), la formación ultraderechista imprescindible para aprobar los presupuestos. La respuesta es simple: enviarlos a una isla desierta.
El destino. Alrededor de cien inmigrantes y solicitantes de asilo serán trasladados a Lindholm, un pequeño islote situado a unos pocos kilómetros de la costa danesa. Tendrán que registrarse diariamente y estarán obligados a pernoctar allí. En la práctica no podrán abandonar la isla, dado el escaso número de ferrys que le ofrecen servicio y la voluntad expresa del gobierno de dificultar su movilidad.
La isla estará custodiada por un fuerte dispositivo policial. El estado danés se encargará de su internamiento, manutención y mantenimiento. Destinará unos €100 millones.
¿Por qué? Los inmigrantes y refugiados recluidos cuentan con uno o varios crímenes a sus espaldas. El sistema legal danés les priva de acceder a un puesto de trabajo, por lo que su destino es la deportación. Sin embargo, las condiciones de inseguridad o de violencia en sus países de origen impide a Dinamarca repatriarlos. Hasta ahora, vivían en campos de internamiento fuertemente criticados (y comparados con una prisión).
El DF ha tenido una idea mejor: Lindholm.
La política. La formación es instrumental para los presupuestos. De ahí que el gobierno, compuesto por diversos partidos de centroderecha, haya aceptado su propuesta. El DF ilustró el funcionamiento de Linholm con un vídeo de carácter xenófobo donde un barco abandonaba a un árabe en un peñón remoto y aislado. El ministro de Inmigración (Venstre) dobló la apuesta al publicar en Facebook: "No son deseados en Dinamarca, y se les hará sentir".
La utilidad de la medida ha sido puesta en cuestión por otros partidos, como el socialdemócrata, y tildada de "racista" por políticos de la oposición.
Udviste, kriminelle udlændinge har INTET at gøre i Danmark. Indtil vi kan komme af med dem, flytter vi dem nu ud på øen Lindholm i Stege Bugt, hvor de vil have pligt til at opholde sig på det nye udrejsecenter om natten. Og der vil være politi til stede døgnet rundt. Sådan!#dkpol pic.twitter.com/YybG4zkwQi
— Dansk Folkeparti (@DanskDf1995) 30 de noviembre de 2018
El contexto. Dinamarca acumula un inquietante historial de medidas xenófobas. Hace algunos meses publicó una ley que tipificaba la existencia de "guetos" urbanos. Sus residentes serían castigados de forma más severa por los mismos crímenes y sus hijos reeducados semanalmente en los valores y en la cultura danesa, entre otras medidas. La mayor parte de los residentes en los barrios "conflictivos" son inmigrantes.
El pasado verano, el parlamento prohibió el burka en los espacios públicos. Ahora aspira a aprobar una ley que obligue a los recién nacionalizados a dar la mano a representantes de la administración. Para muchos musulmanes, estrechar la mano de una mujer es anatema.
Las presiones. Las políticas ejecutadas por el gobierno ilustran la creciente influencia del DF en la esfera política. Tercera fuerza +más votada en las pasadas elecciones (12%), ha utilizado su clave dentro de la aritmética parlamentaria para impulsar un programa más duro en materia migratoria (incluyendo restricciones a Schengen). El Venstre y otros partidos liberal-conservadores están calcando su retórica.
Como resultado, la inmigración se ha convertido en la gran cuestión de la política danesa. Lindholm opera como símbolo de una dureza creciente.
Imagen: Erik Christensen/Commons
