Las okupaciones se han convertido ya en un clásico del verano. Pese a que las estadísticas tienden a ser esquivas, la sombra de la ocupación sobrevuela las portadas de los medios y las conversaciones casuales. El caso más llamativo de los últimos meses lo ha protagonizado una anciana de 89 años residente en Madrid, una inmigrante marroquí y uno de los grupos "intermediadores" más célebres del país, Desokupa. Con un final muy alejado del relato amplificado en las redes sociales.
El rumor. Muy difundido por algunos medios de comunicación, decía así: una joven marroquí cuidadora de una anciana de 90 años, Carmen Franquelo, habría aprovechado el ingreso hospitalario de esta última para okupar el piso en el que residía, al lado de la Plaza Mayor de Madrid. La historia se viralizó rápidamente al encajar en una de las obsesiones políticas y sociales de los últimos años: un propietario vulnerable privado de su vivienda por un criminal, casi siempre inmigrante.
Entra Desokupa. La historia llegó inevitablemente a Desokupa, agencia dedicada a desalojar pisos ocupados para entregárselos a sus legítimos propietarios. Operativo desde hace un lustro, el grupo está fundado y dirigido por Daniel Esteve. Durante las últimas semanas ha centrado su atención en la historia de Franquelo, compartiendo imágenes y vídeos del piso y de la supuesta okupante en sus redes. Se han personado varias veces en la vivienda para exigir su evacuación.
Desvelando. ¿Qué sucedía en realidad? Lo revela hoy este extenso reportaje de El País. La inmigrante marroquí no cuidaba a la anciana, sino que subalquilaba una de las habitaciones del piso, de 170 metros cuadrados, por 400€ mensuales. La anciana no era la propietaria sino una inquilina de renta antigua allí residente desde 1946. Pagaba 121€ al mes a la verdadera propietaria de la vivienda, una mujer de Bilbao. Franquelo subarrendaba el piso, práctica expresamente prohibida en su contrato de alquiler, con un beneficio neto de 280€ al mes.
La subtrama. Franquelo ni siquiera residía en el piso. Lo había abandonado en 2019 para vivir con su hermano, su hijo, su nuera y sus nietas. Como se puede observar en este vídeo, la familia de la anciana deseaba trasladarse al completo allí (disfrutando así de una renta marginal en uno de los barrios más caros de Madrid). Un propósito sólo factible si antes se marchaba la joven marroquí subarrendada. De ahí el relato de ficción, la intervención de Desokupa... Y las repetidas negativas de la policía a desalojar a la muchacha, a sabiendas de que su contrato estaba en orden.
La propietaria del piso ha requerido repetidamente a la familia que aclare la situación. No la okupación, sino el subarrendamiento ilegal.
Legal, pero. En el camino, Deskoupa ha mediatizado el conflicto, colocando en el foco a la joven. Al desvelar su nombre y fotografías personales, además del interior del piso, ha incentivado una campaña de acoso cristalizada, según el reportaje de El País, en amenazas de muerte. Sucede que tales prácticas están toleradas por la ley, siempre y cuando funcionen como "mediadoras" y sin coacciones. La delgada línea ha duplicado el número de "empresas desokupas" durante los últimos años (hay seis sólo en Madrid; y 76 casos de acoso inmobiliario en 2020).
En la práctica, su actividad supera lo permitido por la ley. El de Franquela es un caso claro, con divulgación de datos personales mediante.
¿Cuál es el problema? Por más que la agitación mediática rote en torno a ellas, el número de okupaciones ha caído en la Comunidad de Madrid. En 2020 se registraron un 9% de denuncias menos respecto a 2019, y un 16% menos que cinco años atrás. Cataluña aglutina el mayor número de denuncias, con más de 3.500 a lo largo del año pasado. La tendencia nacional es ascendente (de 10.000 a 14.000 denuncias a nivel nacional en seis años) pero con un matiz: la mayor parte de okupaciones (82% en Cataluña) son a grandes tenedores (bancos) y por falta de recursos (familias pobres).
La ley. En cualquiera de los casos, la ley es ya lo suficientemente robusta como para obligar a desahucios inmediatos. La reforma de 2018 redujo el plazo para desalojar las viviendas okupadas entre los cinco y los veinte días. Son numerosos los expertos jurídicos que apuntan a la suficiencia de las leyes para atajar el problema, que raramente afecta a primera vivienda. El pato lo pagan jóvenes como la residente en la Plaza Mayor de Madrid. Y el beneficio mediático (y económico) se lo lleva Desokupa.
