Los alumnos de segundo de bachillerato de toda España se enfrentan desde hoy a las pruebas de selectividad. Las más desiguales que ha habido en nuestro país y que se presentan en un contexto inusual marcado por la pandemia y cambios en el sistema educativo a la vista. El debate surge por la hilera de disparidades entre comunidades autónomas. Cada región ha podido fijar el número de preguntas que ha querido, el temario ha sido más flexible que nunca y el distinto nivel de exigencia es alarmante, pese a que la nota que un alumno saca en su ciudad le abre la puerta a cualquier universidad de España.
Y aquí es donde vuelve a resonar la pregunta que muchos centros de estudios y asociaciones de estudiantes se han hecho en los últimos años: ¿tienes más ventaja en la selectividad por vivir en un sitio y no en otro?
El año. Cuando el resultado de una prueba tiene efectos aplicables en todo el territorio, debería ser suficientemente homogénea para salvaguardar la igualdad de oportunidades. Es lo que sucede en el MIR o en abogacía. Pero en el caso de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU), cuyos resultados determinan si el alumno va a poder cursar su carrera deseada, no parece seguir el mismo camino. Alrededor de 300.000 alumnos están llamados a hacer las pruebas de acceso a la universidad este año y se enfrentan a ello.
Nueve autonomías han permitido a los alumnos examinarse con asignaturas suspendidas mientras que hay ocho que sólo dejan presentarse con todas las materias aprobadas. El Gobierno se había comprometido a revisar el contenido de los exámenes para unificar algunos criterios, e incluso llegó a crear una comisión para ello. El resultado final no ha sido ni una prueba homogénea ni un acuerdo de las CCAA, que han terminado haciendo interpretaciones distintas de dos decretos estatales que se contradicen.
A las pruebas con suspensos. En un lado están los gobiernos regionales más duros en este aspecto, que no autorizan presentarse a la Selectividad con suspensos, tal y como se había hecho tanto con la LOE del PSOE de 2006 como con la Lomce del PP. Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia, Aragón, Asturias y Cantabria siguen aplicando este curso un real decreto de 2017 que dice que para obtener el título de Bachillerato “será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos”. Por otro lado, están las autonomías que permiten presentarse con suspensos: Cataluña, País Vasco, Baleares, la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha.
¿Pueden? Sí. Básicamente atienden a la doctrina de la ministra Isabel Celaá, que ha autorizado esta medida por dos vías: la que se contempla en su Lomloe (aunque esta parte aún no esté en vigor) y también en el real decreto del pasado septiembre con medidas extraordinarias por el Covid.
El debate del temario diferente. Pero lo que va a hacer las pruebas más dispares es que cada región podrá poner en el examen el número de preguntas que considere, cuando otros años el Gobierno central fijaba un límite (entre 2 y 15 cuestiones). Un decreto de septiembre convertía en “orientativo” el currículo estatal que los alumnos han tenido que aprender este curso, cuando otros años ha sido obligatorio. Esto se traduce en que mientras en Cataluña los alumnos sólo estudian la Historia de España a partir de 1875, otras autonomías tienen que aprenderse más temas, ya que entran la Prehistoria, el Al-Andalus o los Reyes Católicos, tal y como se comenta en este reportaje de El Mundo.
La dificultad no es la misma. La medida hace incluso más difícil el trabajo al Ministerio de Educación y FP para detectar “incidencias” respecto al grado de dificultad de las pruebas dependiendo de la Comunidad. El debate no viene de nuevas. La selectividad, año tras año, plantea la disyuntiva de la dificultad de las pruebas según la comunidad autónoma. El consejero de Educación de Castilla y León (PP), Fernando Rey, aseguraba en 2018 que los exámenes de Selectividad son más fáciles en unas comunidades que en otras y que las notas de algunos estudiantes foráneos llegan “hinchadas” al matricularse en la Universidad de su región. En este artículo de Magnet explicamos entonces hasta qué punto esas acusaciones podían ser ciertas.
De hecho, colectivos sindicales como la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) han reclamado en varias ocasiones un examen único, puesto que en las aplicaciones para las plazas universitarias no existen discrepancias por región. Un examen de matemáticas de la Comunidad Valenciana en 2019 volvió a poner este problema en boca de todos. La ministra de Educación, Isabel Cela, llegó a reconocer que se habían observado "algunas dificultades diferentes" según la región en la que se hiciera la prueba.
Descentralización del sistema educativo. Sin embargo, la ministra rechaza crear una única prueba de EBAU. "Si por única entendemos exacta, no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo", subrayaba. Lo que el Gobierno pretendía es garantizar la equidad, no creando una prueba exacta para todas las comunidades autónomas, pero sí que tuviera el mismo grado de dificultad. Es complicado de entender lo que la ministra denomina “empobrecimiento del currículo” porque, como ha reconocido en algún momento, aunque el currículo es común, en las diferentes comunidades autónomas se estudian contenidos distintos en las diversas materias.
Podriamos decir que se ha llegado a tal extremo en la descentralización del currículo nacional, haciendo uso de las competencias autonómicas en educación, que el propio sistema educativo ha roto en parte esa equidad, hasta el punto de no tener nada de común en algunas ocasiones. Aquí es donde topamos con un ¿problema? de fondo: un sistema en el que los alumnos de unas regiones y de otras estudian cosas distintas. Algo irracional a simple vista pero también ampliamente defendido por muchos partidos políticos y que esconde un criterio cultural en su esencia. Un debate de nunca acabar.
