Suiza podría convertirse en el primer país del mundo en ofrecer una renta mínima a sus ciudadanos si el próximo 5 de junio así lo deciden sus votantes. Obviamente no es un medida impulsada por el gobierno federal sino el resultado de la democracia directa que impera en el país helvético. Tras recoger más de 100.000 firmas de ciudadanos, el gobierno central está obligado a someter a referéndum la propuesta.
La propuesta quiere que el gobierno garantice de por vida a cada persona un ingreso neto de 2.500 francos suizos (unos 2.258 euros) para los adultos y de 625 francos suizos por niño. El estado federal cubriría la diferencia hasta los 2.500 francos de los adultos que trabajen y no lleguen a ese límite, mientras que los que no trabajen percibirían el importe íntegro. ¿Cómo piensa Suiza implementar esa renta mínima? ¿Existen precedentes? ¿Es viable?
Una medida de difícil aplicación
Es poco probable que el pueblo suizo acepte esta medida, impulsada por un colectivo de intelectuales del país, entre ellos el antiguo vice canciller de la Confederación, Oswald Sigg. No solamente los sondeos dan la victoria al no, sino que el propio Oswald Sigg ve muy difícil aplicar esa medida.
Para el gobierno federal, si vence el sí, sería una catástrofe para la economía del país. Y no es porque crean que del día a la mañana, todo el mundo dejará de trabajar (sólo el 2% de la población lo haría según una encuesta) sino sencillamente porque sería muy difícil financiarlo. El ejecutivo federal calcula que cada año se necesitarían 25.000 millones de euros más para poder hacer frente a todos esos pagos. Lo que les llevaría a un aumento significativo de los impuestos, porque las otras ayudas del estado se mantendrían, como las pensiones a los jubilados o la sanidad pública.
Según los impulsores de la medida, la financiación es posible. Tendría un coste de 200.000 millones de francos suizos. 70.000 millones saldrían de las ayudas públicas (pensiones, desempleo), mientras que una parte de esas ayudas se seguiría pagando a los que la necesiten. El resto, los 130.000 millones de francos suizos vendrían de "actividades lucrativas". Más adelante, se definiría a partir de cuando un inmigrante tendría también derecho a ese salario mínimo.
Aunque hace tiempo que la idea de una renta mínima para todos irrumpió en los debates políticos, a día de hoy apenas hay precedentes y aunque todos hayan tenido un efecto positivo, su particular naturaleza hace que no se puedan sacar conclusiones realmente pertinentes.
Un sólo precedente: la ciudad de Dauphin, Canadá
Entre 1974 y 1979, los 10.000 habitantes de la ciudad canadiense de Dauphin recibió una ayuda equivalente al 60% del salario mínimo canadiense. Es cierto que hubo una reducción en las horas trabajadas, debido a que muchos de esos trabajadores aprovecharon para mejorar su formación o bien tener bajas maternales más largas.
El resultado fue positivo, ciertamente, pero era sólo una ciudad en un país donde el resto de ciudadanos no percibían esa ayuda. En esas condiciones, los ciudadanos de Dauphin tenían así una ventaja competitiva sobre el resto de sus paisanos. ¿Qué hubiera pasado si todo Canadá hubiese percibido la misma ayuda? Quizá se tenga un inicio de respuesta en un par de años, pues la provincia de Ontario está a punto de iniciar una prueba similar pero a nivel provincial. Todavía no se conocen los detalles del programa pero ya tiene partida asignada en los presupuestos de 2017-2018.
Programas pilotos en Finlandia y Holanda
En Finlandia, el gobierno prepara una prueba piloto, que realizará entre 2017 y 2018, en la que pagará 550 euros al mes a los ciudadanos a cambio de eliminar algunos de los beneficios y ayudas sociales que ya tienen, manteniendo algunos imortantes, como la ayuda para la vivienda. Pero hasta que no concluya el experimento, no podremos sacar conclusiones.
En Holanda, la ciudad de Utrecht dará cada mes 660 euros a los más necesitados y que participen en la prueba piloto. La idea no es que cobren por mirar la televisión en su casa, sino darles una seguridad mensual para que puedan emprender u optar a un trabajo más acorde con ellos. Y si tienen otra fuente de ingresos, no se les retirará la ayuda ni será sujeta a impuestos.
En el caso de Finlandia y Holanda, los defensores de estas medidas aseguran que sería también una medida de ahorro para las entidades gubernamentals, ya sean locales o estatales, pues una ayuda mínima y única sería mucho más fácil de gestionar y eficiente que la multitud de ayudas que puedan percibir de diferentes agencias (ayuda para la vivienda, por los hijos a cargo, desempleo, etc).
Uganda y los cash-transfer
A menudo se cita a Uganda como un precedente de renta mínima. Sin embargo, el programa piloto llevado a cabo en el país africano es en realidad el de una suerte de ayuda a fondo perdido que se bautizó como cash-transfer.
Jóvenes que se veían afectados por el conflicto en el norte del país, recibieron del gobierno 374 dólares, sin más condiciones ni preguntas. Cuatro años después, los que habían recibido esa ayuda tenían unos ingresos 41% superiores con respecto a otros jóvenes en la misma situación que no habían recibido la ayuda. Y en el 65% de los casos habían podido optar a una formación profesional.
Al mismo tiempo, el gobierno daba una ayuda de 10.000 dólares a grupos de una veintena de jóvenes (debían unirse para poder optar a la ayuda) que presentasen un plan de negocio. Los que recibieron la ayuda se gastaron una tercera parte en una formación y una gran parte del resto en comprar herramientas de producción y stock. Pusieron en marcha sus empresas y trabajan más horas en ella. La media de los ingresos de esos jóvenes creció casi un 50% en 4 cuatro años.
En ambos casos, es una ayuda a fondo perdido sin pedir muchas explicaciones a los beneficiarios. Fueron un éxito indudable, pero en ningún caso fue una renta mínima garantizada por el estado como se propone en Suiza. Además, el nivel de vida en Uganda no es comparable con el de Suiza para poder sacar una conclusión extrapolable al país helvético sobre el impacto de una medida de este tipo.
Un cambio de modelo de sociedad
La idea misma de una renta mínima, como la que se plantea en Suiza o en Finlandia, es un tema muy sensible porque pone en entredicho el modelo sobre el que se basa el estado del bienestar tal y como lo conocemos desde los años 50.
Algunos piensan que este modelo está acabado. Para Sergio Rossi (profesor de macroeconomía y economía monetaria en la Universidad de Friburgo) "en las economías avanzadas, con los automatismos y la deslocalización, ya no hay trabajo para todo el mundo; es un hecho", decía al diario suizo Le Temps. El hecho de que un estado piense en implementar una renta mínima es una confesión de que el estado de bienestar actual ya no se sostiene; es admitir que ya no hay ni habrá trabajo para todos.
Fotos | Stefan Bohrer
