Cuando Moderna solicitó en julio de 2021 la patente de las secuencias genéticas de su vacuna de ARN podía parecer un movimiento corporativo más. Pero no, no era un movimiento más. En realidad, Moderna tomando la iniciativa unilateralmente para resolver una disputa que llevaba un año enturbiando las relaciones entre a farmacéutica y su principal colaborador, el Gobierno de los Estados Unidos. La disputa parece sencilla, "¿Quién había inventado la vacuna?"
Evidentemente, no se trata solo de una cuestión de reconocimiento. A día de hoy, la vacuna ya ha generado decenas de miles de millones de dólares y el futuro de esta tecnología y sus aplicaciones, como ocurrió con la batalla legal en torno al CRISPR-Cas9, depende en buena medida en quién tenga el control de la patente.
¿Qué ha pasado?
Que cuatro años de estrecha colaboración entre ambas partes se han terminado de forma abrupta. En su petición, Moderna dejó fuera de la patente a tres investigadores de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (Kizzmekia Corbett, Barney Graham y John Mascola). Los NIH y, por extensión, el gobierno norteamericano no sólo habían puesto 2.500 millones de dólares entre subvenciones y pedidos, sino que había colaborado estrechamente en los ensayos clínicos. Por ello, consideraban (y consideran) que sus investigadores eran coautores de la vacuna y anunciaron que la situación no iba a quedar así.
Esta misma semana Francis Collins, director saliente de los NIH, explicó en Reuters que creía "que Moderna ha cometido un grave error aquí al no proporcionar el tipo de crédito de coinventor a las personas que desempeñaron un papel importante en el desarrollo de una vacuna con la que ahora están ganando una buena cantidad de dinero". Confirmó, además, que si no eran capaces de llegar a un acuerdo, irían a los tribunales.
La respuesta de Moderna no se hizo esperar y publicó un comunicado en el que se posicionaba contra las pretensiones de los NIH al "no estar de acuerdo" en que el trío tuviera un papel relevante en el desarrollo de su vacuna. Desde luego, no uno que los situara en una posición de coautoría. A juicio de la farmacéutica, el Gobierno está intentando "torcer la aplicación de buena fe de la ley de patentes de EEUU".
¿Quién lleva razón?
En la medida en que no tenemos acceso a datos internos y que toda esta polémica se está desarrollando aún a golpe de entrevista, rueda de prensa y comunicado, es difícil saber quién lleva la razón en el conflicto. Como ocurre con cosas como el premio Nobel, la atribución de autoría en ciencia se está convirtiendo en algo cada vez más complejo porque la colaboración se hace más intensa y los equipos involucran a muchas personas. En las próximas semanas, sabremos más sobre este asunto porque lo que está en juego va más allá de un simple conflicto de nombres.
¿Qué está en juego?
Jc Gellidon
Como explicaba Rebecca Robbins, en esta disputa lo primero que está en juego, sobre todo, la capacidad para licenciar esa tecnología. eso ha llevado a muchas organizaciones no gubernamentales a posicionarse en favor de los NIH con la esperanza de que la participación pública ayude a que la vacuna llegue a terceros países más rápidamente.
Además, la polémica tiene ramificaciones en quién tendrá capacidad para seguir investigando en torno a la tecnología de ARNm y, un poco más allá, dará forma al futuro de la colaboración público-privada en Estados Unidos. Eso es importante porque los NIH son el mayor financiador científico del mundo y sus tentáculos llegan a numerosos programas de investigación de todo el planeta. Es decir, que las reglas que establezca los tribunales para este caso tendrán unas consecuencias más profundas de las que podríamos sospechar.
Imagen | Mufid Majnun
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