Los rebrotes obligan a Sanidad y a las comunidades a acordar medidas coordinadas por primera vez desde el fin del Estado de Alarma

De urgencia y después de que las autonomías notificaran 3.000 nuevos casos, el Ministerio de Sanidad ha convocado a los consejeros para estudiar el avance de la pandemia y poner en marcha una respuesta coordinada a nivel nacional. Desde que acabó el Estado de Alarma, cada comunidad ha gestionado su respuesta de forma independiente. Sin embargo, el crecimiento de casos de los últimos días ha hecho saltar todas las alarmas y ha obligado, como ya estaba previsto en el plan de contingencia, a convocar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Según ha explicado Salvador Illa en rueda de prensa, en la reunión se ha decidido "adoptar por primera vez actuaciones coordinadas en materia de salud pública y estas medidas han sido aceptadas por unanimidad".

"Las medidas que les he anunciado hoy son de aplicación en todo el territorio de España"

Aunque algunas iniciativas ya estaban en marcha en varias comunidades autónomas, parece que el acuerdo finalmente incluirá medidas como:

• el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas (con o sin música en vivo). Los conciertos quedan prohibidos.
• nuevas medidas para garantizar la distancia social en hostelería (máximo de 10 comensales por mesa) y su cierre a partir de la una de la madrugada (sin que se pueda servir a nuevos clientes a partir de la medianoche)
• la realización de pruebas PCR a los nuevos ingresos en centros sociosanitarios (como residencias) en un plazo máximo de 72 horas y la limitación de entradas y salidas de los mismos
• el endurecimiento de los controles en los eventos multitudinarios
• la realización de cribados con PCR a grupos específicos
• el aumento de los controles para evitar el consumo de alcohol en la vía pública
• la prohibición de fumar al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia de sguridad.

Además, se harán algunas recomendaciones generales como limitar los encuentros sociales a sus "grupos de convivencia estables", limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas y hacer pruebas PCR de cribado en residencias de ancianos de forma periódica.