Francia quiere hacer más llevadera la implantación del vehículo eléctrico. Aunque eso pase por tirar de las arcas públicas. El Ejecutivo galo aspira a poner en marcha ya en 2023 los engranajes de una de las promesas de campaña más populares de Emmanuel Macron, el conocido como "arrendamiento social", básicamente un programa que permita alquilar vehículos eléctricos por 100 euros al mes.
Su objetivo: que las primeras reservas puedan llegar ya en 2023.
Ponérselo más fácil al coche eléctrico. Ese es básicamente el objetivo de Francia, que quiere solucionar uno de los grandes problemas para la implantación de la movilidad eléctrica: el elevado coste de sus vehículos. La propuesta no es del todo nueva. Hace un año, en plena campaña para las presidenciales, Emmanuel Macron dejaba ver la que vendía como una de sus "medidas bandera".
La idea consiste en ofrecer un alquiler social que —detallaba el equipo de Macron por entonces— permita a las familias acceder al coche eléctrico desde cerca de 100 euros al mes. El precio se aproxima al que ya ofrecen Dacia, Renault o Fiat en el leasing de ciertos modelos, como el Spring, Zoe o 500e, que ofrecen una autonomía según ciclo WLTP de entre 230 y 320 kilómetros.
De la retórica a los hechos. La segunda vuelta de las presidenciales galas se celebró hace casi un año, a finales de abril de 2022. Desde entonces el Ejecutivo de Macron ha vuelto a poner el tema sobre la mesa en varias ocasiones. En agosto lo hacía el ministro delegado de cuentas públicas, Gabriel Attal, quien subrayaba el objetivo de la medida: "establecer mecanismos de arrendamiento para acompañar a los hogares más modestos", aquellos a los que más podría costar el salto a los coches eléctricos, que tienen en el precio una de sus grandes barreras.
¿Cómo? Francia apostaría por un leasing por el que el usuario pagaría los 100 primeros euros de la cuota mensuales y el Estado asumiría el importa restante. La medida contemplaría además una opción a compra final. Quedaban por precisar, eso sí, cuestiones prácticas relevantes, como los requisitos que deberían cumplir los hogares para acceder al programa o su calendario de implantación.
Perfilando la letra pequeña. Ahora ha sido otro alto cargo del Gobierno, el ministro de Transición Ecológica, Christophe Béchu, quien se ha pronunciado. Y lo ha hecho, primero, para garantizar que "la promesa se cumplirá"; y segundo, para aportar alguna pincelada más sobre cómo se aplicará la medida. Si bien aún falta buena parte de la letra pequeña, sí precisó a Franceinfo que el objetivo es que se puedan realizar las primeras reservas efectivas antes de que finalice 2023.
"Estamos mirando los niveles de ingresos que permitan tener derecho a ello y en qué medida podría preservarse para la industria europea", deslizó Bechu. Lo que sí concretó es que las reglas quedarán establecidas a finales de año, cuando ya será posible realizar las reservas de vehículos. "Configuraremos el sistema para que podamos empezar a reservar nuestro coche eléctrico", garantizó.
Con la vista puesta en la industria local. Otra de las ideas que ha dejado Bechu es que la medida se planteará de tal forma que respalde a los fabricantes del viejo continente. "Queremos que beneficie a la industria europea”, zanjó: “ EEUU, al amparo de la lucha contra el calentamiento global e inflación, ha votado un plan de varios cientos de miles de millones que les permite subsidiar su industria […]. Necesitamos usar la transición como una forma de apoyar a nuestra industria”.
El Ejecutivo se ha comprometido además a reforzar su mapa de estaciones de carga y avanza que en breve se alcanzarán las 100.000 en espacios públicos. "El próximo reto son las estaciones de recarga muy rápida, lo que está ocurriendo en las autopistas y carreteras principales”, detalló el dirigente francés.
El telón de fondo, crucial. No es la primera política que busca facilitar la implantación del vehículo eléctrico en Francia, que ya ha tratado de impulsarlo incluso con ayudas directas de hasta 6.000 euros para los modelos de menos de 47.000 euros y de 2.000 en el caso de los que cuestan menos de 60.000.
Ahora el reto pasa por garantizar "una oferta asequible", crucial si se tienen en cuenta dos factores: primero, el objetivo de Europa de ser neutra en emisiones de CO2 en 2050; segunda, y en gran medida relacionada con la anterior, el veto a la venta de vehículos de combustión en poco más de una década, a partir de 2035.
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