Sabíamos que algún día iba a ocurrir, era cuestión de tiempo. Facebook y algunos medios de comunicación ya protagonizan la nueva comidilla sobre libertad de expresión con un debate que lleva avivándose durante años: la responsabilidad de los comentarios ofensivos en publicaciones de noticias en Facebook. El Tribunal Superior de Australia ha marcado un precedente, estableciendo que los medios son responsables de las respuestas a sus publicaciones, lo que ha llevado a algunos a retirarse de la plataforma.
Algo similar ha ocurrido en España con los foros de Menéame en el punto de mira y otros países como Francia regulando al respecto. Sí. Ten cuidado con las respuestas que aparecen en tus publicaciones.
El precedente australiano. Todo comienza en Australia, con Dylan Voller como protagonista. Se hizo famoso de la noche a la mañana en 2016 cuando una exposición de noticias de televisión sobre maltrato de menores en el sistema de detención criminal difundió una fotografía suya, a los 17 años, encapuchado y atado a una silla por guardias. La imagen, comparada con la prisión de Abu Ghraib en Irak, provocó una investigación nacional.
Debajo de todos aquellos artículos de los principales medios y publicados en sus páginas de Facebook, varios comentaristas atacaron a Voller haciendo acusaciones falsas, incluido que había violado a una anciana o atacó a un voluntario del Ejército de Salvación con un extintor. En lugar de confrontar a los comentaristas directamente, Voller demandó a los medios, argumentando que lo estaban difamando al permitir los comentarios en sus páginas de Facebook. Ni siquiera les pidió que retiraran los comentarios antes de presentar su demanda, defendiendo que deberían ser responsables de los comentarios que quizás ni siquiera conocían.
¿En quién recae la responsabilidad? El tribunal terminó dándole la razón a Voller. Su victoria ante la máxima corte del país es un duro golpe para la plataforma y los medios. También enturbia aún más las aguas en un debate global sobre quién debe ser considerado responsable de lo que se dice en las redes. Y en respuesta a la decisión del Tribunal de que los medios podrían ser considerados responsables de los comentarios online de otros, algunos ya están reconsiderando el tipo de contenido que publican.
"No publicaremos historias sobre políticos, decisiones judiciales o cualquier cosa que consideremos que pueda generar una reacción problemática", explicaba Dave Earley, editor de audiencia de Guardian Australia. Facebook solo ha comentado que existe una función que permite al administrador de una página desactivar por completo los comentarios en una publicación. Pero la plataforma se había mostrado reacia a ofrecer opciones de moderación más ajustadas porque los comentarios impulsan el compromiso, una clave para el modelo comercial de Facebook.
La CNN ya ha dicho adiós. La cadena de televisión estadounidense CNN ha anunciado que ha decidido cancelar sus cuentas en Facebook en Australia para no ser responsable de "comentarios difamatorios" bajo sus publicaciones. Es sólo el primer medio que ha dado el paso. Había solicitado previamente a Facebook desactivar los comentarios de su página, pero la plataforma se negó. "Estamos decepcionados porque Facebook, una vez más, falló a la hora de garantizar que su plataforma sea un lugar para un periodismo confiable y un diálogo productivo", señaló la CNN.
La neutralidad de las plataformas. Para Facebook, que durante mucho tiempo ha insistido en que es un vehículo neutral para el discurso público, el fallo del tribunal puede ofrecer un tipo de amnistía indirecta. Si bien la compañía aún puede enfrentar demandas por difamación en Australia, es más probable que los demandantes lleven a los tribunales a las personas y los medios. El fallo extiende la responsabilidad por los comentarios de los usuarios a cualquier persona particular.
Por ejemplo, el administrador de una comunidad podría ser demandado por los comentarios en una de sus publicaciones, incluso si no estaba al tanto. El fallo australiano llega en un momento en el que muchos lugares del mundo están lidiando con cómo asignar responsabilidades por lo que se dice en las redes sociales. En los Estados Unidos, la Sección 230 de la Communications Decency Act establece que las plataformas online tienen inmunidad automática frente a comentarios de terceros.
El caso español de Menéame. En nuestro país hemos vivido un caso similar, en la plataforma de Menéame. En 2015, un exconcejal de fiestas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella, protagonizó una noticia publicada por El Confidencial en el que se recogía que había consumido presuntamente en su primer mes en el puesto la friolera de 14.600 euros. Una factura que cargó a las cuentas municipales. La información se viralizó rápidamente en Menéame, un foro donde los comentarios de “hijo de puta” o “ladrón” no tardaron en aparecer.
La persona en cuestión se puso en contacto, a través de sus abogados, con los responsables de Menéame con el fin de eliminar esos comentarios. Sin embargo, esgrimiendo varias razones como que no adjuntaron la URL del contenido que se quería borrar, se declinó la petición. Al entender que su honor y su imagen fueron menoscabados, el político decidió ir a los tribunales. El magistrado entendió que esas expresiones no iban contra el demandante, sino contra "una forma de hacer política" y que se empleaban de manera genérica. Sin embargo, decidió recurrir a la Audiencia Provincial de Málaga. Y ahí sí se llevó el tanto. Los jueces le dieron la razón.
¿Por qué? El tribunal entendió entonces que Menéame no era un mero agregador sino un "prestador del servicio" y, por tanto, si conocía la existencia de insultos debe proceder a eliminarlos. La compañía llevó un recurso ante el Supremo. Pero el alto tribunal ratificó la sentencia anterior, obligando a indemnizar al edil andaluz con 1.200 euros.
En Europa. La medida más comparable en el continente es otro fallo de 2015 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decía que el propietario de un foro online puede ser responsable de los comentarios dañinos dejados allí, incluso antes de que el propietario se dé cuenta.
En Francia también se vive un pulso entre el Gobierno y el Consejo Constitucional, después de que este órgano tumbase la ley que se había sacado adelante por el partido de Emmanuel Macron. Una norma que obligaba a eliminar cualquier contenido denunciado por incitar al odio en menos de 24 horas. Las sanciones estipuladas podían ascender hasta 1,25 millones de euros. Esto, según el alto tribunal, empujaría a los responsables de plataformas a eliminar indiscriminadamente contenido. Pero la pregunta es si se vulnera también así la libertad de expresión.
