La inteligencia artificial va a condicionar nuestra sociedad, pero el impacto que esta tendrá dependerá de lo que hagan nuestros dirigentes políticos. Llegan las elecciones generales del 23 de julio y es momento de repasar los programas de PSOE, PP, Sumar y Vox, los cuatros grandes partidos que se presentan a nivel nacional, para conocer cuáles son sus propuestas respecto a esta tecnología que promete cambiarlo todo y cuáles son sus medidas para impulsar la economía digital.
Porque el futuro de España pasa por la vivienda, la energía o el empleo, pero también por cómo sacar provecho de la transición digital y estar adaptados a lo que se avecina durante los próximos años.
PSOE y su Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial
El programa del PSOE relacionado con la IA y la economía digital se centra principalmente en el uso de los fondos europeos Next Generation. Según defienden, España se sitúa como "la primera gran economía europea en materia digital, avanzando desde el puesto 11 al 7 del índice general elaborado por la Comisión Europea (DESI)".
Entre sus proyectos se encuentra el PERTE Chip y una infraestructura de Salas Blancas España, la digitalización del ciclo del agua, el PERTE ERHA del hidrógeno verde, el del vehículo eléctrico y conectado (VEC), la puesta en marcha de "un programa de planes cortos de formación y recualificación (microacreditaciones) para la nueva economía verde y digital", un centro de datos para la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos, un Consejo Digital Joven y la creación de un Observatorio de la Inclusión Digital.
No falta la eterna promesa de "simplificar y modernizar la administración pública". El tirón de la aplicación Carpeta Ciudadana se aprovechará para añadir más funciones y "la ampliarán al ámbito de las empresas y autónomos". Además se creará un marco regulatorio "Open Data" para que empresas y ciudadanía tengan acceso a datos de la Administración Pública.
Para apoyar la movilidad, se creará un "espacio de datos integrado de movilidad para diseñar políticas públicas"; se promocionará "el establecimiento de sistemas de pago integrados en el ámbito del transporte" y se creará un "sandbox para probar nuevos modelos de negocio en movilidad, de manera que la regulación no sea un freno para la innovación".
La actual Ley de Industria data de 1992, el PSOE buscará un apoyo generalizado para reformarla y adaptarla a la transición verde y digital.
En cuanto a la inteligencia artificial, su postura es "apoyar la creación de mecanismos de supervisión de algoritmos a nivel europeo" con un sello 'ethical by design & green by design' e impulsarán la creación de una Agencia Internacional de Regulación de la Inteligencia Artificial, con sede en España".
Su objetivo es que "España sea el nodo central de la inteligencia artificial en español". Se creará el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua junto al Instituto Cervantes, que entre otros aspectos estudiará cómo mejorar el papel del español en el aprendizaje automático y ayudará a un desarrollo de la IA sin sesgos de género.
Se establecerán requisitos de eficiencia energética para los centros de datos en España, se reforzará el posicionamiento de nuestro país como centro de cables submarinos.
Se "impulsará la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, con atención especial a los menores, a las neurotecnologías, la biología sintética, las nuevas realidades inmersivas en plataformas y la inteligencia artificial generativa".
También se apunta que a que se realizará una "evaluación y seguimiento del desarrollo de los metaversos a fin de analizar los posibles desequilibrios normativos que pudieran producirse, así como para detectar los eventuales riesgos y oportunidades de la tecnología Web 3.0".
A nivel de conectividad, prometen un mínimo de 100 Mbps para toda España. Además de expandir el 5G con una dotación de 680 millones de euros y mejorar los equipamientos en los edificios, el programa habla del diseño de un plan piloto 6G y la renovación de la Ley General de Telecomunicaciones para "facilitar el despliegue de redes innovadoras". También se "avanzará en los modelos de identidad digital para permitir la acreditación y firma digital a través de dispositivos móviles".
En educación, el programa promete una modernización con nuevos cursos de programación y robótica en todas las escuelas, así como programas especiales de acompañamiento y recualificación para acceder a estos nuevos empleos. En la universidad se pondrán en marcha un "programa de cátedras y becas para potenciar el talento en sectores de alta tecnología como la IA o superconductores"
El Kit Digital se ampliará a pymes de más de 50 trabajadores y autónomos y se creará tanto una "plataforma digital pública de factura electrónica" como una Red Nacional de Centros de Emprendimiento. Por el lado de los empleados, se mejorará "el derecho a la desconexión digital".
Se creará un "certificado digital para medir el nivel de respeto a los derechos de ciudadanía digital de toda web" y se aprobará una normativa con los "requisitos y condiciones del derecho al testamento digital". Respecto al copyright, se "adaptará la regulación de propiedad intelectual a las nuevas realidades del proceso de transformación digital".
El PP también coincide en el diagnóstico
El programa del PP añade varias medidas en materia digital que coinciden con las de su principal rival. Si bien desde un inicio defienden que hay que "frenar el exceso de regulación". Prometen que se "elevará la inversión en I+D+i para facilitar la transferencia de conocimientos con las empresas" y se "favorecerán marcos normativos para impulsar las micropymes y su digitalización".
Respecto a la inteligencia artificial, que "representa una de las grandes transformaciones de la era digital", plantean una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Para ello se "impulsará una Agencia Española de Supervisión, aunando los esfuerzos de todos los sectores, públicos y privado".
España debe buscar "la ventaja frente a otros países al ser los primeros en fijar un campo de pruebas en IA que favorezca la innovación en un entorno seguro" y se establecerá un "foro de alto nivel europeo sobre IA, en coordinación con las Comunidades Autónomas". Habrá además un programa de ayudas específico para atraer inversiones extranjeras para IA.
Sobre cómo debe ser, el programa explica la importancia de "la transparencia sobre el uso de instrumentos de IA, así como su funcionamiento y alcance en cada procedimiento y, en particular, sobre los datos utilizados, su margen de error, su ámbito de aplicación y su carácter decisorio o no decisorio". Por ello se regularán las condiciones y el "acceso al código fuente para garantizar que no produce resultados discriminatorios". Otro aspecto que coincide es el impulso de la Carta de Derechos Digitales.
Se promoverá una "estrategia industrial y tecnológica para los sectores aeroespacial y defensa", se buscará la "neutralidad tecnológica" y se destinarán fondos europeos a "mejorar la conectividad para evitar que los pueblos queden incomunicados".
En el ámbito sanitario se "dará el impulso definitivo a la digitalización, con una historia clínica digital interoperable como eje de esta transformación".
A nivel administrativo se reconocerá el derecho a la explicación digital y se apostará por una Administración Pública con algoritmos públicos transparentes. El PP explica que se necesitará dar respuesta a la "generalización de tecnologías que ofrecen nuevos medios como el big data, la Inteligencia Artificial o el blockchain". Una de las medidas es poner en marcha un plan de robotización de la Administración, donde se incorporen "asistentes virtuales, contenidos personalizados sobre servicios y recursos públicos al ciudadano, así como un marco de tramitación inteligente que automatice y aligere la burocracia administrativa".
Se potenciará la Oficina del Dato y se potenciará la aplicación de Carpeta Ciudadana. Adicionalmente "se creará el teléfono de ayuda digital en el ámbito de la administración electrónica para aquellos que no tengan los conocimientos y/o medios necesarios".
Sumar y la reducción de dependencia con las Big Tech
La última frase del programa de Sumar es literalmente "se reducirá la dependencia de las grandes empresas tecnológicas". Más allá de esa casualidad (o no), tenemos un programa donde el impacto de la tecnología cubre un gran espacio.
Según la formación, uno de los retos que plantea la digitalización es "la fiscalidad de los beneficios derivados del nuevo valor intangible generado por las redes sociales digitales y sus bases de datos masivos".
Habrá una estrategia para erradicar las "brechas digitales" y en el ámbito del trabajo se aprovechará la tecnología algorítmica para la limitación y el control efectivo del tiempo de trabajo, impidiendo así la prolongación de la jornada más allá de lo previsto en el convenio colectivo".
Unos algoritmos para los que se reforzará la participación sindical para su evaluación y la prevención de sesgos. Paralelamente se establecerán limitaciones estrictas a este control a distancia de su actividad laboral por geolocalización. Para el control de estos algoritmos se crearán auditorías especializadas, donde las empresas deberán demostrar que no hay sesgos claros que puedan traducirse en discriminación.
También en el trabajo se establecerá un "derecho a la intimidad en los controles por reconocimiento facial", debiendo la empresa abstenerse del uso de dispositivos de reconocimiento facial en casa del trabajador o el lugar de trabajo.
Se creará el "derecho a la indemnidad por la utilización de redes sociales." Esto es, que nadie podrá ser discriminado o despedido por el contenido publicado en sus redes sociales, ni tampoco ser tenido en cuenta en un proceso de selección por su uso personal. El uso de algoritmos se extenderá desde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta para la "detección de empresas en riesgo de cierre por crisis económica o falta de relevo generacional".
Se "aprobará la ley de 'loot boxes'" que ha quedado pendiente, se desarrollará una "ley contra la obsolescencia programada" y se "asegurará la concreción normativa de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales".
A nivel de transporte, Sumar propone un "sistema de billete único nacional para todos los modos de transporte, incluidos los sistemas de alquiler de bicicletas públicas y de competencia estatal", previa negociación con las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Se creará un Plan de Infraestructuras Digitales Públicas y una Agencia pública de auditoría del algoritmo y la inteligencia artificial, que entre otros objetivos tendrá el desafío de abordar una propuesta normativa en el ámbito de la protección de derechos de autor y conexos.
La neutralidad de la red también tiene presencia en el programa. Se apostará por un "uso social y cooperativo del software libre de código abierto y de la gestión de datos abiertos ", tanto en la Administración como en el ámbito educativo, donde se crearán "repositorios y espacios documentales para facilitar el acceso a contenidos libres".
Según explican: "es esencial que las Administraciones públicas desarrollen sus propias tecnologías, creen protocolos comunes y contraten a personal técnico propio en lugar de externalizar todos los procesos de digitalización a consultoras o grandes tecnológicas. Para ello, se implementarán cláusulas que garanticen el código abierto en las contrataciones públicas".
A nivel de privacidad, Sumar propone que "ninguna empresa podrá explotar los datos sin autorización previa de un organismo regulador" y se propone "construir entornos digitales seguros mediante el encriptado". Su idea es "favorecer el uso compartido de infraestructuras entre operadores" y potenciar el derecho al acceso a internet con redes abiertas como Guifi.net.
Se creará una Agencia Pública para la Transición Digital y se plantea la necesidad de un Fondo público estatal para la digitalización. Una transición que además de digital debe ser verde, donde se apueste por la "reducción de desechos digitales".
Vox y la soberanía de datos personales
El programa de Vox no nombra en ningún momento a la inteligencia artificial, aunque sí repasa la digitalización y el uso de los datos. Entre las medidas se elaborará una Estrategia Industrial para España y se creará "un marco normativo incentivador en los ámbitos tributario, administrativo, ambiental y laboral que genere la vuelta a España de plantas productivas nacionales".
Respecto a la digitalización, explican que "debe aplicarse para disminuir la burocracia". Conjuntamente se garantizará el acceso universal a la Administración Electrónica y se apostará por "programas específicos de prevención y atención sobre el uso, abuso y adicción a nuevas tecnologías, a los videojuegos y a redes sociales en niños y jóvenes".
Para las Big Tech se establecerá una fórmula para que "paguen correctamente sus impuestos y coticen también por los datos digitales que cosechan en España". Para ello se acordará una propuesta política España Decide, donde se consultará a la ciudadanía en base a la Constitución sobre "su voluntad sobre control del tratamiento y almacenaje de sus datos personales, especialmente por parte de empresas extranjeras".
Explican que "las plataformas digitales, con sedes radicadas en el extranjero, venden hasta un 80% de los datos que recogen de nosotros" y es "necesario pagar a los dueños de esos datos por cederlos a terceros". El programa apunta que según recientes estudios, "una familia de cuatro miembros podría ingresar 18.000 euros si se le paga una cantidad por los datos que ya cede de manera forzada". Por ello se creará una "pasarela de datos de obligado peaje para las grandes tecnológicas extranjeras".
La soberanía de datos digitales se asegurará especialmente "en el curso de la actividad agraria por productores, negocios y explotaciones de nuestra nación para evitar que las grandes compañías y multinacionales del sector agrario que tratan esos datos puedan utilizarlos como herramientas de especulación inversora".
Respecto a las plataformas digitales, también se aprobará una legislación que impida que se conviertan "en tribunales de excepción que, de facto, atacan el ejercicio de la libertad de información y expresión, vulneran los derechos de la ciudadanía y socavan la soberanía nacional".
Se impulsará la transparencia para las grandes empresas, se promocionará la España rural como destino para el teletrabajo y se promoverá el desarrollo de una industria de fabricación de semiconductores en España.
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