El conocimiento es poder, decía Francis Bacon. La información es conocimiento, y estamos en la era de la información. Quien tiene más información tiene una ventaja competitiva importante, y eso lo saben mejor que nadie tanto los gobiernos de las distintas naciones de nuestro planeta como las corporaciones que tratan de recolectar todos dato que pueda ser provechoso.
Pero siempre ha habido secretos. La información clasificada es precisamente la forma que gobiernos y corporaciones tienen de diferenciar información de acceso público o general de aquella que es necesario proteger, a menudo por cuestiones de seguridad nacional o de protección de los negocios que se basan en dicha información. Y sin embargo estamos viendo cómo esa información acaba filtrada en más de una ocasión... o termina por desclasificarse.
Los puntos sobre las íes
Como indica la Wikipedia, la información clasificada restringe el acceso a información sensible que por una u otra razón necesita estar protegida tanto en su integridad como en su disponibilidad. Esa confidencialidad garantiza que para poder acceder a esos documentos y datos se necesita tener una autorización especial que solo un número limitado de personas -habitualmente, tras una evaluación exhaustiva- tienen.
La sensibilidad de la información clasificada y los documentos confidenciales tiene distintos niveles que hacen referencia al impacto que esa información tendría en la sociedad si se filtrara. Es ahí donde aparecen los grados de confidencialidad, del que sin duda el más conocido es precisamente el más restrictivo: el de los documentos de alto secreto o Top Secret.
La información Top Secret se caracteriza precisamente por suponer "un daño excepcionalmente grave" a la seguridad nacional si se hiciera pública. El término original que se utilizó durante parte de la Segunda Guerra Mundial fue Most Secret por parte del Imperio Británico, pero finalmente se adoptó el término Top Secret que ya se utilizaba en Estados Unidos.
A partir de ahí aparecen niveles con cada vez menor impacto sobre la seguridad nacional. Así tras la información de Top Secret, está la información "Secret", luego la "Confidential" y por último la Restricted. Esta última, por ejemplo, causaría "efectos indeseables" de ser publicada. En nuestro país una orden ministerial del Ministerio de Defensa publicada en 2006 (nos ha costado encontrarla, pero aquí la tenéis) diferenciaba los distintos grados de información clasificada:
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SECRETO (S): se aplicará a los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos que precisen del más alto grado de protección por su excepcional importancia y cuya revelación no autorizada por autoridad competente para ello pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad y defensa del Estado.
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RESERVADO (R): se aplicará a los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos no comprendidos en el apartado anterior por su menor importancia, pero cuyo conocimiento o divulgación pudiera afectar a la seguridad y defensa del Estado.
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CONFIDENCIAL (C): se aplicará a los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, no comprendidos en los apartados anteriores, cuya revelación no autorizada pudiera dañar la seguridad del Ministerio de Defensa, perjudicar sus intereses o dificultar el cumplimiento de su misión.
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DIFUSION LIMITADA (DL): se aplicará a los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, no comprendidos en los apartados anteriores, cuya revelación no autorizada pudiera ir en contra de los intereses y la misión del Ministerio de Defensa.
Los distintos países y alianzas (OTAN, Unión Europea como ejemplos) poseen también sus propias formas de dividir los distintos grados de confidencialidad de la información clasificada, como demuestra este documento de la UE (PDF). En nuestro país es el Centro Nacional de Inteligencia, o CNI, el encargado de proteger esa información. La adhesión de España a la OTAN hizo que se creara una Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) -con dos subagencias- que dependen del CNI y que realizan esa gestión de la información clasificada que afecta a la OTAN y a nuestro país.
Las filtraciones en la era internet: Wikileaks y Snowden como defensores de la transparencia
La evolución de las tecnologías de la información ha hecho que nuestra percepción de la información cambie de forma radical. El tráfico de datos en Internet crece de forma notable, y un informe de Cisco lo confirma: en 1992 el tráfico global era de 100 GB al día. En 1995 esos 100 GB se transferían cada hora. En 2014 se transfirieron 59,9 exabytes (10^18 bytes, 1.000 petabytes, 1.000.000 de terabytes) de media al mes, pero es que en 2015 se estima que esa cifra aumentará a los 72,4 exabytes y pasará a ser de 168 exabytes al mes en 2019.
Solo una pequeña parte de esa información es información clasificada, pero de ella dependen las operaciones de los gobiernos de nuestro planeta y de las corporaciones, empresas y compañías que dominan el mercado. Por esa misma razón esa información se protege de forma muy especial, aunque esos esfuerzos de gobiernos y empresas por mantener esos secretos a salvo no siempre tienen éxito.
Las filtraciones de información clasificada siempre han existido y han dado lugar a escándalos realmente notables. De nuevo encontramos una valiosa fuente de información en la Wikipedia, donde hay una lista con algunas de las filtraciones más escandalosas de la historia. Los papeles de Tiananmen en China, los archivos Rosenholz en Alemania o la lista de agentes del servicio secreto británico MI-6 son algunos ejemplos notables, pero aquí es Estados Unidos la que se lleva la palma.
De hecho las filtraciones en ese país se han acelerado en los últimos años. A los llamados Papeles del Pentágono, los documentos filtrados sobre la Guerra de Afganistán o la Guerra de Irak -ambos publicados por WikiLeaks- y el escándalo de las cintas de los interrogatorios de la CIA les han acompañado las revelaciones de Edward Snowden, el analista que trabajó en empresas subcontratadas por la NSA y el FBI y que robó documentos confidenciales para luego filtrarlos a algunos medios con el objetivo de desvelar los programas de espionaje y monitorización masiva de la NSA.
WikiLeaks y Edward Snowden son las dos figuras clave del acceso actual a documentos clasificados, y en ambos casos el objetivo era el de defender la transparencia sobre procesos que violaban la privacidad y seguridad de los ciudadanos con argumentos como la lucha contra el terrorismo o la protección de la seguridad nacional. El debate sobre la privacidad se ha vuelto más relevante que nunca, y la actividad de los llamados whistleblowers (soplones, informadores), aun actuando en aras de la transparencia está perseguida por la ley. Lo saben bien Julian Assange y Edward Snowden, exiliados, o - y Jeremy Hammond, que actualmente cumplen condenas de 35 y 10 años respectivamente por la revelación de secretos gubernamentales.
¿Puedo encontrar información clasificada?
Desde luego. La labor de WikiLeaks ha sido fundamental en esa disponibilidad de información clasificada, que lógicamente está accesible sin el permiso expreso de los Gobiernos o empresas de las que procede esa información. En el sitio web oficial de este organismo tenemos a nuestra disposición un buscador y una amplia forma de explorar todo tipo de documentos secretos que han sido desclasificados... a la fuerza.
Las revelaciones de Edward Snowden también están disponibles en formato electrónico: aunque han sido publicadas y comentadas en diversos medios que desde las primeras filtraciones se situaron como difusores de esa información, han aparecido directorios en los que consultarlas fácilmente. Uno de los mejores ejemplos es el llamado Snowden Surveillance Archive, en el que está organizada toda la información que se ha ido filtrando en estos más de dos años.
A esas filtraciones también hay que añadirle otra importante fuente de documentación clasificada: la oficial, que pasa a estar desclasificada cuando los Gobiernos de cada país lo consideran conveniente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay revisiones para desclasificar documentos a los 10 años, mientras que a los 25 solo ciertos documentos especiales pueden seguir siendo clasificados y a los 50 años hay tan solo dos excepciones para mantener un documento como clasificado.
Uno de los ejemplos más conocidos de esa publicación de documentos confidenciales es el que afecta a la investigación del asesinato de John Fidgerald Kennedy. A pesar de que el asesinato tuvo lugar en 1963 y por lo tanto se cumplieron 50 años en 2013, el organismo National Archives en los Estados Unidos denegó la petición de desclasificarlos. Existe una ley especial para el tratamiento de esos documentos, la llamada JFK Act, y se ha establecido que esa información se desclasifique finalmente en 2017. Será entonces cuando se pueda acceder públicamente a cerca de 5 millones de páginas con información sobre el caso.
También es posible acceder a información clasificada sobre todo en el caso de empresas a través de los distintos casos de hacking. Los ciberatacantes que logran realizar una intrusión no autorizada en los sistemas informáticos de empresas y organismos o agencias gubernamentales también publican a menudo documentos clasificados con distintos niveles de sensibilidad. Esas informaciones a menudo están disponibles en redes P2P cuya naturaleza descentralizada hace muy difícil controlar este tipo de filtraciones. Los casos de Sony o el reciente caso del Hacking Team se combina con la ciberguerra que mantienen aparentemente gobiernos como el chino y el norteamericano y que hace que por ejemplo una reciente intrusión de hackers chinos lograra obtener datos de empleados del Gobierno de los EE.UU.
Otra fuente clara de información clasificada la podemos encontrar en la deep web. Nuestra visita por esa otra internet durante una semana dejó claro que la mayoría de los usuarios "normales" no conocen y no exploran dejó claro que en esa red paralela existen ingentes cantidades de información, incluyendo aquella referente a información secreta de gobiernos y empresas. Como todo lo que afecta a la deep web, el problema es que hay mucho, muchísimo ruido, y es difícil filtrarlo para lograr encontrar la información que estamos buscando.
Información clasificada en España
En nuestro país el acceso a información clasificada está especialmente controlado, y como explicaban en 20Minutos en un artículo en 2014, nuestro Gobierno no pone las cosas fáciles a quienes tratan de lograr acceso a información clasificada que en otros contextos y países ya ha logrado desclasificarse.
La sede del CNI en Madrid, situada muy cerca del Hipódromo de la Zarzuela.
En España, comentaban en ese texto, "un documento puede estar clasificado de manera indefinida, y sólo el Gobierno de turno tiene la potestad de levantar el velo a esos informes secretos". La desclasificación de documentos no está regulada por la ley, y es el Gobierno que actúa en cada momento el que decide o no dar acceso a cierta información.
Eso hace muy complicada la labor de historiadores e investigadores que tratan de acceder a documentos que deberían estar accesibles de forma pública -como ocurre en otros países- tras varias décadas. Ha ocurrido por ejemplo con el estudio de nuestra Guerra Civil, a la cual pertenecen un gran número de documentos que el grupo Izquierda Plural intentó que el Gobierno desclasificara. Pedro Morenés, actual Ministro de Defensa, indicó en 2012 que desclasificar esos 10.000 documentos -que la anterior Ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de desclasificar gradualmente- "no era una prioridad" y que únicamente haría que se produjera "ruido mediático".
El debate sobre la transparencia en nuestro país también viene de largo. La Ley de Transparencia a la que alude el texto incluye un capítulo en el que se deja claro que "todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública". Una cosa es decirlo y otra hacerlo, porque el artículo 14 del BOE-A-2013-12877, ley 19/2013, limita ese acceso cuando ese acceso supone algún tipo de perjuicio para nuestro país.
Los argumentos para clasificar o desclasificar documentos como los relacionados con la Guerra Civil, que muchos ya consideran de interés público, son variados, y nuestro Gobierno considera que hay un perjuicio en esa desclasificación. En este ámbito es donde ha aparecido la polémica Ley Mordaza que conviene no poner a prueba y que como decíamos es demasiado restrictiva y limita la libertad de los ciudadanos según denuncian diversos colectivos.
Imágenes | Michelangelo Carrieri | Wikileaks
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