Ayer por la tarde, el Consejo de Administración de Endesa anunció que iba cerrar todas las centrales térmicas de carbón que tiene en la península. Es decir, al anunciado cierre de las de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) se suman ahora las dos plantas más contaminantes del país: As Pontes en Coruña y Litoral en Almería.
Es la crónica de una muerte anunciada, en efecto. Iberdrola solicitó el cierre de sus centrales de carbón en noviembre de 2017 y Naturgy lo hizo en enero de 2019. Sin embargo, el anuncio de Endesa llega en un momento de indefinición en política energética del país que va a obligar a modificar los planes de transición de la próxima década.
La lenta muerte del carbón
Dominik Vanyi
En un comunicado, Endesa explicaba que “durante 2019 se ha producido una profunda modificación en las condiciones de mercado que afectan a las centrales térmicas de carbón" y han acabado por hacer que las plantas “no resulten competitivas” ahora ni “en el mercado de generación eléctrico en el futuro”.
Es algo que, en el contexto normativo actual, se veía venir. La idea del cierre adelantado estaba encima de la mesa desde hace tiempo y los sindicatos llevan organizando manifestaciones de distinto tipo contra un cierre que conllevaría más de 300 despidos directos y más de un millar de indirectos. Especialmente, en A Pontes donde más de 150 transportistas se han sumado a las protestas.
Sin embargo, la decisión final no depende del Consejo de Administración, ni de la mesa de negociación con los trabajadores, depende de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica que, de repente, se ha encontrado con que tiene que tomar una decisión nada sencilla: aprobar el cierre mejorará los números de las emisiones de CO2, pero deja un enorme problema laboral a las puertas de las elecciones y sin plan B.
Un futuro lleno de incertidumbre
Trung Nguyen
Según parece, el valor neto contable del conjunto de centrales térmicas de carbón peninsular asciende a unos 1.300 millones de euros, incluyendo el importe de la provisión para el desmantelamiento de estas centrales. Con el cierre de A Pontes y Litoral, solo quedarían tres plantas sin plan de clausura: la gaditana de Los Barrios de Viesgo y las asturianas Aboño y Soto de Ribera de EDP España.
La duda que hay encima de la mesa es cuál es el plan, ahora que sabemos que lo que teníamos no sirve. El ministerio ha anunciado que vigilará "con mucha atención" el movimiento e intentará conocer la situación "de primera mano" para analizar qué impacto tendrá en el futuro energético del país.
Pero más allá de estas palabras, los analistas coinciden en que los proyectos del Ministerio (sobre todo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) contemplan que siga habiendo megavatios de carbón hasta 2030. Sin embargo, no parece fácil. El PNIEC obligaría a las térmicas a estar operativas durante una década con la rentabilidad alejándose cada vez más.
Y la parálisis continua. Hace años que esperamos un Ley de Cambio Climático y un plan sólido y realista que permita abordar la reestructuración del sistema eléctrico español sin incertidumbres. Todo parece indicar, que las próximas semanas serán claves para definir el futuro de la energía en España.
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