El no-referéndum de autodeterminación convocado por el Govern de Catalunya y la represión policial ordenada por el Gobierno de España han dejado un escenario de alta confrontación y muchísima incertidumbre. La escalada de la tensión y el enroque de las posiciones políticas de ambos bandos, tras una consulta ilegal y una dura reacción, plantea una sola pregunta: ¿y ahora qué?
Si atentemos a las palabras de la mayor parte de políticos europeos que se han pronunciado, "diálogo político". Pero dado que no son ellos los protagonistas de juego, lo más útil es acudir a lo que han dicho (tanto tras el referéndum de ayer como con anterioridad) los diversos partidos que componen el parlament de Cataluña y que dirimirán el futuro de la región, dentro o fuera de la ley (o de España).
De la DUI al 155, siete visiones.
Partit Demòcrata Europeu Català: ¿DUI o no DUI?
Hasta ayer, la gran incógnita era el principal partido del país, la antigua CiU: ¿se lanzaría el presidente Puigdemont al vacío de la declaración unilateral de independencia o no se lanzaría? En su entrevista con Jordi Évole en Salvados, Puigdemont no dejó claro qué haría. Se remitiría al Parlament, pero fue esquivo y poco asertivo en sus explicaciones. Habría que negociar los siguientes pasos, contó, dando a entender que no se atrevería a pulsar el botón.
(5) Avui, en aquesta jornada d'esperança i patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat un Estat independent en forma de República pic.twitter.com/5NhVdZ6lvP
— Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de octubre de 2017
Las declaraciones del presidente catalán antes de la medianoche cambiaron el escenario. Puigdemont, siguiendo lo anunciado en la Ley de Referéndum, explicó que remitiría los datos del referéndum al Parlament (asumiendo de antemano, como no podía ser de otro modo, la victoria del "Sí") y que este actuaría en consecuencia. Formulado de ese modo, la Ley es clara: declaración unilateral de independencia en 48 horas. Una amenaza clara.
El botón rojo definitivo.
En este lado del tablero, es el actor clave. El único que ha planteado cortapisas a la DUI con anterioridad. Para Puigdemont y cía es un camino de no retorno: no sólo por las consecuencias legales o por la reacción del gobierno español, sino también porque es un camino de no retorno. Más allá de la independencia no hay nada. El Govern perdería toda palanca negociadora.
Esquerra Republicana: DUI + acción de la UE
El Partido Demócrata de Cataluña era el socio más reticente a la DUI de la extraña coalición electoral que gobierna la comunidad, Junts pel Sí. La otra pata tiene menos dudas: Junqueras y compañía apoyarán, como ya han anunciado en múltiples ocasiones, una declaración de independencia en base a los resultados del referéndum que consideran válido. La duda era ex-CiU, nunca ERC.
Lo único reseñable de ayer por la noche fue el giro de guión de Joan Tardà, siempre con un punto cómico. El portavoz de la formación en el parlamento español instó a la Unión Europea a la expulsión de España en base al empleo "fuerza militar contra sus ciudadanos". Según Tardà y sus asesores legales, la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea permitiría un movimiento semejante. Huelga recordar que el Tratado de Lisboa no permite expulsar a estados miembros.
CUP: huelga y declaración de independencia
El último remal del ecosistema independentista lo tenía claro mucho antes del referéndum: el Govern debe declarar la independencia de forma unilateral en caso de que el resultado (como se preveía y como finalmente ha sucedido) apoye el "sí" (sin mínimo de participación). Es el agente más radical a este lado del tablero y presionará en la medida de sus posibilidades al Govern para seguir paso a paso la Ley del Referéndum: debate parlamentario, votación y DUI en 48 horas.tr
De forma paralela, la CUP se ha sumado a la convocatoria de huelga general para el martes.
Vaga general i cap a la República! #VagaGeneral #1Oct pic.twitter.com/bPwSEAmkEi
— CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 1 de octubre de 2017
Catalunya Sí que es Pot: referéndum negociado sin DUI
Los comunes son el agente más difícil de definir dentro del parlamento catalán. Participaron con ciertas reticencias en el referéndum, entre acusaciones veladas de la CUP, y siempre han apostado por una vía federal y negociada con el estado. Sin embargo, el debate de la Ley del Referéndum dejó claro las gigantescas brechas internas de la formación.
Es difícil decir qué harán los comunes a partir de ahora. Si debemos fiarnos de sus declaraciones históricas, es improbable que apoyen una declaración unilateral de independencia. Lo han repetido durante años. En 2015 se negaron tajantemente a dicha opción. E incluso en 2016 criticaron tanto al posibilidad de DUI como de RUI (referéndum unilateral). La formación, posiblemente, seguirá exigiendo un referéndum de autodeterminación negociado con el estado.
PSC: ¿hacia un referéndum negociado?
Al igual que los comunes, el PSC había mantenido hasta ahora posturas menos monolíticas que sus compañeros de viaje en la senda constitucional. Iceta planteaba posturas federalistas, una posible reforma de la constitución y un nuevo encaje de Cataluña dentro del estado, pero hasta anoche no había sugerido la posibilidad de que también apoyaría un referéndum pactado. Los hechos del domingo lo cambiaron todo y ahora, quizá, el PSC se sume a esa vía.
Diálogo, negociación y pacto es la única vía para resolver el problema. Respeto a todas las ideas y sentido común. #DialoguenPorFavor pic.twitter.com/TvDGVL9n4Y
— Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 30 de septiembre de 2017
Es difícil saber cómo se articulará la postura del PSC a partir de ahora. Su marco de acción siempre ha sido un catalanismo incluyente, dentro del marco territorial español, pero también más flexible que los postulados de PP y Ciudadanos. Que Iceta "no descarte" ahora un referéndum (pactado, obviamente, una vía que, al modo canadiense, había propuesto con anterioridad) es indicativo del apoyo generalizado entre los votantes catalanes a la consulta.
Lo que no quiere decir que se lleve a cabo. En cualquiera de los casos, el PSC, que ya se opuso con claridad al 1-O, se opondrá a la DUI.
Ciudadanos: firmeza ante el "golpe"
Albert Rivera fue duro ayer tras el plebiscito: "Estos días nos jugamos la democracia española. La mayoría de catalanes estamos contra el golpe separatista". Resumía así la que ha sido la postura de Ciudadanos desde el inicio del procés y, en especial, desde el recrudecimiento de las acciones del Govern: el gobierno español debe hacer cumplir la ley y evitar que Cataluña se salte la legalidad vigente.
Estos días nos jugamos la democracia española. La mayoría de catalanes estamos contra el golpe separatista. Visca Catalunya i Visca Espanya! pic.twitter.com/JSs7OcLRKj
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 de octubre de 2017
Anoche, además, Rivera manifestó su negativa a dialogar con el gobierno de Puigdemont, y reclamó elecciones anticipadas en Cataluña. Para Ciudadanos no hay demasiadas alternativas en el horizonte: no respaldarán un referéndum pactado, se opondrán a la DUI y probablemente se pondrán junto al gobierno a la hora de aplicar medidas más coercitivas, quizá el artículo 155. Arrimadas también pidió elecciones para un voto "de verdad", con garantías.
Ciudadanos ha mantenido una postura reactiva desde el inicio del procés, y es previsible que sigan ahí tras las acciones de ayer.
Partido Popular: la ley y nada más que la ley
Por último, el Partido Popular es el otro actor clave en el procés catalán. Su papel al frente del gobierno le convierte en un agente político esencial para dirimir hacia dónde se dirigirá Cataluña a partir de ahora. Si hacemos caso a lo expresado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no habrá variaciones a partir de ahora: respaldo a la legalidad vigente y mantenimiento del status quo.
Mariano Rajoy niega la existencia del referendum y convocará a todos los partidos para afrontar las consecuencias de la consulta pic.twitter.com/jsjEs4hduA
— Canal Extremadura (@cextremadura) 2 de octubre de 2017
Las medidas extremas del Govern favorecen la posición de enroque del gobierno, porque le legitiman de cara a su electorado para no negociar una salida pactada. La cuestión es qué hará el Gobierno si, como parece, Puigdemont lanza la DUI. Tras la intervención de las cuentas de la Generalitat, el Gobierno aún tiene margen de maniobra, pero ante un hecho extraordinario quizá aplique medidas extraordinarias. El artículo 155 sobrevuela de nuevo el horizonte.
¿Qué implicaría? La suspensión de la autonomía de Cataluña y la toma de control del gobierno central de sus instituciones para devolver al Govern al marco constitucional. Es una posibilidad hoy en absoluto remota, si bien no se ha aplicado jamás en España. Si el Govern no desescala, es harto improbable que el Gobierno lo haga.
Bonus: ¿y qué dice la ley?
Si nos atenemos al texto legal, hay algunas certezas, pero todo dependerá de cómo reaccionen las fuerzas políticas.
Por el lado de la DUI, hay pocas dudas: su aplicación es inconstitucional (en tanto que la Ley de Transitoriedad y el referéndum han sido suspendidas) y más allá de ella existe el vacío, la incertidumbre total. La legislación catalana, sin embargo, se yergue como propia y da un plazo de 48 horas después del referéndum para declarar la independencia. Es un margen que el Govern puede interpretar de forma flexible, pero parece encaminado a no hacerlo.
Por el lado constitucional, el gobierno, ya decimos, tiene muchas herramientas aún por delante. Puede procesar a convocantes, a alcaldes, a responsables políticos y policiales de la Generalitat y, por qué no, puede ir a por el propio Puigdemont.
Felipe González señala que habría usado el artículo 155 para frenar el referéndum independentista.#APorEllos 🤔
— Yo Soy Naranjito (@yosoynaranjito_) 26 de septiembre de 2017
pic.twitter.com/bX2hTVWuwQ
De romperse el orden constitucional de forma tan evidente con una declaración unilateral de independencia, y de aumentar los disturbios, Rajoy también puede aplicar el estado de excepción. Puede involucrar a más fuerzas del estado para asegurar el control de la Generalitat y de Cataluña. Puede valerse de la Ley de Seguridad Nacional. Y en última instancia, puede obtener el permiso parlamentario para aplicar el artículo 155.
La ley le permite ser mucho más duro.
La cuestión es si Rajoy quiere serlo. Ahora mismo, tanto él como Puigdemont son dos trenes enfrentados el uno con el otro a 300 kilómetros por hora. Y si ninguno de los dos frena, sólo hay un resultado esperable: colisión.
