El final de la escapada. Carles Puigdemont y sus apoyos parlamentarios se enfrentan hoy a la decisión que quizá no o quizá sí habían previsto tomar cuando ganaron las elecciones en 2015 sobre un programa basado en la independencia. Una semana y media después del referéndum del 1-O, deben decidir si declaran o no la independencia unilateral.
Es un momento crítico para la historia reciente de España, quizá la crisis más importante que ha vivido la democracia del país desde que fuera reinstaurada en 1977 (exceptuando el intento de golpe de estado de 1981). La hora, las 18:00; el lugar, el Parlament de Cataluña, que se reunirá hoy sin que la independencia figure explícitamente en el orden del día (como si figuraba en el pleno convocado para ayer suspendido).
¿Hay alternativas? Sí, las hay. El hecho de que no tengamos un orden del día definido posibilita que Puigdemont salga al estrado y plantee diversas alternativas. Desde una DUI dura, con consecuencias, consciente, hasta una convocatoria electoral, pasando por el enésimo gesto procesístico de cara a la galería, una DUI blanda o un claro paso atrás.
DUI dura (probabilidad medio-alta)
El botón rojo definitivo. Es lo que las asociaciones cívicas independentistas llevan reclamando a Puigdemont desde que se publicaran los resultados del referéndum, y lo que reclaman tanto la CUP como los sectores más radicalizados de Junts pel Sí. Implicaría llegar al punto de no retorno, uno en el que el parlament se declara soberano, niega la legalidad española, afirma un control real del territorio e inicia el proceso final de construcción de un estado independiente.
¿Posibilidades de que suceda finalmente? Medio-alto. Parte del independentismo está convencido que sólo "desmarcarse" de la legalidad española, del marco constitucional, les permite negociar obviando las consecuencias legales del estado. Sin embargo, la manifestación del domingo, la presión mediática y la huida despavorida de empresas (se ha llegado a hablar de corralito) han mostrado a Puigdemont que sería una decisión de imprevisibles consecuencias.
Amén, claro, de la más que real suspensión de la autonomía (que derivaría a corto plazo en nuevas elecciones sin la participación de las fuerzas independentistas).
DUI blanda (probabilidad muy alta)
El botón rojo de juguete. En función del lenguaje que Puigdemont utilice, la declaración de independencia puede ser una declaración-de-verdad o un gesto simbólico en el que el Parlament cerciora al resto del mundo que su carácter no es vinculante, y que por tanto el Govern no desafía en abierto al estado por el control real de Cataluña. Sería un clásico del procés: disfrazar un gesto de otra cosa para dejar al Gobierno central la patata caliente.
Es lo más probable, dado que hay reticencias en el seno de Junts pel Sí ante la vía dura. A efectos prácticos no significaría nada (aunque sí a efectos políticos), y dejaría más margen de acción al Estado que la DUI dura (el PP podría ahorrarse el 155, quizá, y buscar alternativas menos explosivas). También ahorraría al Govern la necesidad de buscar apoyos internacionales que a buen seguro no obtendría.
Estaríamos pues frente a un happening, una escenificación, un "ensayo" de independencia. Algo, ya decimos, muy, muy procés. Y por tanto muy probable.
Convocatoria de elecciones (probabilidad alta)
Quizá la segunda opción más probable: Puigdemont sale al estrado y convoca nuevas elecciones ante la imposibilidad de llevar adelante la declaración unilateral de independencia. Probable en términos de realpolitik: permitiría al Govern replegar posiciones, forzar una nueva alianza con ERC (el único modo que tiene la extinta CiU de mantenerse como fuerza dominante del procés) y quizá aprovechar el rebufo del repliegue nacionalista (aún más) tras el 1-O.
También dejaría a las fuerzas constitucionalistas en una situación, quizá, precaria, enfrentadas entre ellas y de nuevo a merced de un sistema electoral que les perjudica, amén del descosido que plantea a Catalunya Sí que es Pot. En términos de imagen es menos conveniente: muestra un claro paso atrás y el agotamiento del farol planteado tras el 1-O, lo que le restaría credibilidad en futuros órdagos (si es que quedan) al estado.
A cambio, representa una vuelta a la legalidad y deja mucho más margen de maniobra al gobierno.
No DUI, no elecciones (probabilidad baja)
La última de las posibilidades es también la más improbable: Puigdeomnt se planta frente al Parlament, no declara la DUI por responsabilidad institucional y llama a una mesa de negociación real con el gobierno de España.
Es una opción menos real por diversos motivos: escenifica de forma más explícita aún que la DUI era un farol, volaría la coalición independentista y colocaría a gran parte de su electorado en su contra. A cambio, es la que más opciones deja al gobierno central, cuyo entorno político y mediático lleva reclamando días una vuelta a la legalidad y al orden institucional para negociar otra cosa que no sea la independencia. Es un reconocimiento implícito de que el 1-O no contó para nada.
A Puigdemont le quedaría poca legitimidad interna para intentarlo, y descafeinaría con mucho las expectativas del pleno, además de llevar a una vía muerta la insurrección política inciada en 2012. Ergo, poco probable.
Varias de las opciones anteriores a la vez
El combo definitivo y quizá el más probable sea una combinación de las anteriores citadas. El más probable, la DUI blanda (quizá aprobada por decreto y no con votación parlamentaria, al gusto de la CUP y ahorrando dramas ante la posibilidad de que algunos diputados del PDeCAT voten en contra o se abstengan, reventando la exigua mayoría parlamentaria del independentismo) y acto seguido convocación de elecciones. Es decir, una DUI a refrendar por el electorado.
Otra opción es el paso atrás y la convocatoria de elecciones. Como hemos visto, es la que más podría dinamitar las posibilidades de Junts pel Sí frente a su electorado, por lo que es mucho menos previsible. La última opción es la DUI dura y, de nuevo, la convocatoria de elecciones, lo cual generaría una situación conflictiva ante el posible choque de legitimidades con el gobierno central.
