El pasado 1 de octubre el Govern de Catalunya organizó un referéndum a gran escala cuando, a priori, sus cuentas estaban intervenidas y su celebración, prohibida. ¿Cómo lo hizo y, lo que es más importante, con qué dinero? A tal respuesta quiere llegar el juez del Tribunal Supremo al frente de la causa del procés, Pablo Llarena, pero se ha topado con un obstáculo inesperado: desde el Ministerio de Hacienda no logran encontrar pruebas que apunten a la financiación ilegal.
¿Qué ha dicho Montoro? La cuestión saltó a la arena pública cuando el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, afirmó lo siguiente: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Posteriormente matizaría sus palabras e indicaría que podría o no podría haber existido financiación ilegal, pero que él lo desconocía. La frase era un dardo envenenado a la investigación de Llarena.
El motivo, simple: la premisa para imputar malversación a la cúpula del independentismo era que había empleado fondos públicos para pagar un referéndum ilegal.
¿Qué ha encontrado Hacienda? Ese es el problema: de momento, nada. Según La Vanguardia, Hacienda ha enviado hasta cinco informes al juez explicando que no hay pruebas concluyentes de malversación desde la Generalitat. Lo afirmado por el ministerio chocaba frontalmente con la versión de Llarena, quien amparado en los informes de la Guardia Civil sí entrevió financiación ilegal en las cuentas del Govern. Para la defensa independentista, el impás entre ambos es un balón de oxígeno.
Las cuentas, controladas. Para Montoro las asunciones de Llarena representaban un problema. Las cuentas de la Generalitat han estado controladas por el gobierno central desde septiembre de 2017. Si había existido algún tipo de mal uso del dinero público, la responsabilidad no recaía solamente sobre Puigdemont: también sobre el Ministerio de Hacienda, controlado por Montoro, cuya teórica función consistía en observar, vigilar y controlar los presupuestos catalanes.
Las posibles irregularidades. Sucede que, deseando sacudirse de encima el problema, Montoro ha derruido parcialmente el relato de Llarena. De ahí que el juez enviara un requerimiento al ministro para que se retractara, y de ahí los duros ataques de Albert Rivera. Finalmente, Montoro ha explicado que, como en cualquier trámite administrativo, se pudieron cometer "imperfecciones" sin que Hacienda fuera consciente, y que hay una investigación judicial en curso para resolver el asunto.
De ser así, la Generalitat habría falseado documentación.
¿Y el dinero? Es el quid de la cuestión: ¿si Hacienda controlaba las cuentas del Govern e impidió que las urnas del 1 de octubre fueran pagadas con dinero del contribuyente, de qué modo se financió el referéndum? De resolver la pregunta depende una de las tres grandes patas de la acusación contra la cúpula política independentista (la malversación), y si Hacienda o el juez la hallan irresoluble, el proceso judicial peligraría. Algo que Llarena no se puede permitir.
