La gran parte de las medidas tomadas para proteger los océanos, su vida y la de aquellos que dependen de estas grandes extensiones de agua tiene lugar en zonas económicas exclusivas, áreas jurisdiccionales de los países que abarcan franjas de agua de 200 millas náuticas desde la costa.
El resto de aguas, nada menos que dos tercios de la superfície oceánica global, están prácticamente desprotegidas. Tanto de la sobrepesca, el calentamiento de los océanos o la contaminación del plástico, como del resto de amenazas. Una situación que podría revertirse en dos años.
Este martes se inician en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, las primeras negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo tratado internacional sobre biodiversidad marina. Este compromiso debería proteger la vida marina en aguas internacionales y acabar con la preocupante desprotección reinante en el 64 % de los océanos.
Del papel mojado al tratado vinculante
Pese a que en 1982 la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entrando en vigor en 1994, solamente se reguló en cierta medida la explotación minera y el tendido de cables en los fondos marinos. Un acuerdo que son papel mojado en ciertos lugares y resultan insuficientes para los retos que están por delante.
Es por eso que la humanidad tiene a partir de esta semana una oportunidad de oro para dar forma a un tratado internacional jurídicamente vinculante para proteger las aguas internacionales de las numerosas amenazas que se ciernen sobre los océanos y el planeta.
En cualquier nuevo tratado habría tres elementos probables, como bien explica esta información del corresponsal medioambiental de la BBC. En primer lugar deberían crearse zonas marinas protegidas en aguas internacionales, al estilo de las que numerosos países tienen en sus áreas jurisdicciones. En segundo lugar, un nuevo pacto debería permitir llevar a cabo análisis de impacto ambiental para tener en cuenta los daños causados por ciertas actividades en alta mar. Y finalmente, un tratado de estas características incluiría fórmulas para que los países más desfavorecidos pudieran beneficiarse del patentado de recursos genéticos marinos.
Pese a los beneficios que un acuerdo semejante podría entrañar al planeta y nosotros, sus habitantes, hay países a los que la idea no les seduce. Estados Unidos, país que rechazó la convención de 1982, es uno de ellos. También se especula con la posibilidad de que territorios con intereses balleneros, como Japón, Islandia o Noruega, se muestren prudentes frente a un pacto que podría limitar sus operaciones pesqueras.
La ronda de negociación que se inicia este martes y se alargará a lo largo de dos semanas, es la primera de las cuatro que tendrán lugar desde ahora y hasta 2020, cuando probablemente sabremos si habrá o no tratado.
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