El francés es un pueblo que siempre estará contra el separatismo. Así justifica Emmanuel Macron uno de sus últimos planes políticos: “separatismo” no tiene aquí las mismas connotaciones que en Reino Unido o España, sino que se refiere a la lucha contra ese “islamismo radical” que estaría buscando la expansión de un funcionamiento paralelo del estado galo, al estilo de la sharía, y que estaría emponzoñando a nivel cultural al conjunto de la sociedad.
Un plan en pos de la laicidad: lo anunciado por el Presidente esta semana son una nueva batería de medidas legales confeccionadas casi explícitamente contra el islam (más sobre esto más adelante) y que se presentarán en un proyecto de ley a finales de año.
El país lleva años dándole vueltas a la ley de 1905 que establece la laicidad como principio de la República y a la que, desde que el culto musulmán entró a ser uno de los mayoritarios y más influyentes del país, se ha buscado la manera de retorcerla para provocar una represión de su avance, lo que lleva a continuas reyertas dialécticas con los religiosos. Por ejemplo, esta ley establece la neutralidad del Estado ante las distintas religiones, de ahí que la famosa “ley burka” no se refiera al pañuelo como tal sino a una "ley contra el disimulo del rostro en el espacio público".
Entre esas nuevas medidas nos encontramos algunas como:
- Limitar la escolarización a domicilio.
- Mayor poder para disolver asociaciones, que podrá hacerse gracias a denuncias más leves como “atentado contra la dignidad de la persona” o “presión psicológica o física”. Además toda asociación requerirá la firma de una “carta de laicidad” si quieren recibir subvenciones.
- Obligación de neutralidad religiosa para los empleados de empresas subcontratas para un servicio público.
- Un mayor control financiero de las mezquitas e intervención de un consejo religioso estatal para la certificación de imanes, lo que les obligará a aceptar una serie de valores nacionales para obtener el título.
- Y fin de la asignatura “Educación en Lengua y Cultura de Origen” por la que hasta ahora los profesores eran contratados por los países de origen y que ahora dependerán de las instituciones francesas.
Una de cal y otra de arena: todas estas medidas se ven de tres formas. La primera, como la búsqueda de soluciones contra la progresiva pérdida de valores republicanos en ciertas comunidades, especialmente a las afueras de las grandes ciudades. La segunda, como un cálculo político de Macron, una apelación del candidato de centro al votante de la derecha.
La tercera, como un posible abuso contra los musulmanes (las voces en contra no han tardado en oírse), y de ahí que el representante público haya introducido al mismo tiempo algunas ayudas, como son los 10 millones de euros para la Fundación del Islam en Francia, y una idea de fondo de estudiar y perseguir las injustas discriminaciones que sufren los musulmanes en el país por parte de los cristianos y los laicos y que también son fuente de radicalizaciones.
No es sólo contra el islam, pero lo parece: en apenas un párrafo de los 17 folios compartidos a prensa sobre las nuevas normas de laicidad se ha encontrado una referencia al combate contra “ciertas religiones evangélicas que tienen voluntad de sustraerse del funcionamiento de la República”, mientras que todo lo demás hace referencia al islamismo. El argumento de parte de la izquierda y del entorno musulmán dice que, si de verdad se tratase de una lucha contra la radicalización religiosa y no contra los musulmanes se prestaría más atención al auge de los movimientos extremistas cristianos.
El conflicto en cifras: Francia tiene desde 2018 localizados al menos 15 barrios con problemas graves de radicalización, a los que se tilda de “ecosistemas paralelos” donde la población autóctona puede pedir la segregación de género en las piscinas o elegir a unos sobre otros para las plazas de guarderías o empleos. En este tiempo la policía ha aumentado su presencia en estos distritos, ha cerrado centenares de locales que radicalizaban a los jóvenes e incluso centros de acogida de menores fuera de los ojos del Estado. Existen zonas “no-go” donde los residentes no-musulmanes se está adaptando de forma involuntaria a los usos islámicos, aunque también circulan muchos mitos sobre la realidad de estos barrios.
En enero la policía francesa habría detectado a entre 40.000 y 60.000 musulmanes salafistas de los que de 12.000 a 15.000 serían “particularmente virulentos”. El porcentaje de musulmanes dentro de Francia son casi 9 millones y es ya el primer país “musulmán” de Europa.
